El asalto final de Sánchez a la Justicia: más de 100 vacantes sin cubrir, el TS al 70 % y un CGPJ prorrogado

Todos y cada uno de los intentos del Partido Popular por pactar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el último año y medio se vieron truncados con la reforma legal con la que Pedro Sánchez premió a sus socios separatistas de legislatura, eliminando el delito de sedición y rebajando la malversación para beneficiar a los líderes políticos del procés. Así las cosas, el Consejo, máximo órgano de representación de los jueces en nuestro país, sigue prorrogado, paralizado en la función constitucional de nombramientos discrecionales y compuesto por un total de 16 vocales de los 21 miembros orgánicos que, en la práctica, deberían conformarlo.

Sanar la degradación institucional a la que el Ejecutivo socialista ha sometido a las instituciones judiciales, durante la pasada legislatura, pasa, como mínimo, por conformar un nuevo Parlamento que permita abordar las designaciones necesarias y poner fin a un bloqueo político bajo el que agoniza la Justicia española.

No en vano, el veto a las designaciones de los magistrados del Supremo está provocando, desde hace meses, gravísimas carencias de funcionamiento bajo la estoica labor de tan sólo el 70 % de sus efectivos. A la propia «anomalía insostenible» que supone que el más Alto Tribunal de nuestro país «funcione en precario», se suma «un problema adicional»: el «peligro que supone que en órganos integrados por doce magistrados en total, entren en bloque y de golpe cinco nuevos miembros».

«La ley establece que las incorporaciones sean progresivas según se vayan sucediendo las vacantes, para evitar que los equilibrios de los Plenos de las Secciones se vean alterados numéricamente», de forma radical, «lo que podría conllevar un cambio de jurisprudencia automático» en los asuntos de mayor trascendencia política y social, ante una futura y eventual nueva legislatura apoyada en los separatismos y minorías radicales del arco parlamentario, alertan fuentes jurídicas consultadas por El Debate.

El escenario límite en el que se encuentra la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, reducida en 10 magistrados frente a los legalmente previstos para el cumplimiento de sus competencias; la sobrecarga a la que ha llegado la Sala Cuarta de lo Social, que acumula más de 17.000 causas con la mitad de efectivos; la parálisis de la Sala de lo Militar, que ha perdido ya a dos presidentes por jubilación, durante el camino; y, las importantes mermas de magistrados sufridas por la Sala Primera de lo Civil y la Segunda de lo Penal han afectado al funcionamiento ordinario del más Alto Tribunal de nuestro país.

Una situación crítica que no ha sido atendida por el Ministerio de Justicia de Pilar Llop, en todas las ocasiones en las que a través de la Comisión Permanente del CGPJ se han pedido refuerzos, y que condiciona el derecho constitucional de los españoles en su acceso a una tutela judicial efectiva.

Poco han parecido importar a Sánchez las advertencias de la Unión Europea sobre la necesaria mejora de la separación de poderes y la independencia de los jueces en España, así como las recomendaciones del responsable comunitario en la materia, Didier Reynders. El comisario, en una de sus últimas visitas a España, invitaba, delante del Rey Felipe VI, a una urgente aproximación de nuestro ordenamiento a los parámetros del resto de países miembros y reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo para que los de procedencia judicial fuesen elegidos por sus pares.

Sin embargo, el secretario general de los socialistas se ha negado, en todo momento, no sólo a invertir el orden de los factores en el objetivo de renovar un Consejo que, a todas luces, es insostenible: primero modificación del mecanismo y después nueva elección de miembros; sino que, además, y para tratar de doblegarlo, colaba como enmienda a una norma laboral la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD), previo acuerdo con los separatistas catalanes de Esquerra (ERC), para reducir las mayorías parlamentarias de tres quintos necesarias para reemplazar al CGPJ actual.

Fueron la providencial intervención del Tribunal Constitucional que, en las 72 horas más tensas para el Estado de Derecho de nuestra democracia reciente, neutralizó, cautelarmente, el intento; y, la denuncia pública de la mayor parte de los partidos políticos del Congreso de los Diputados, quienes hicieron perder a Sánchez su enésimo pulso con la única institución que, bajo su mandato, ha resistido a las constantes injerencias sobre sus funciones y los intentos por controlarla. Hasta tal punto ha resistido el Poder Judicial los envites del Gobierno que ni la maniobra del vocal Álvaro Cuesta –exsenador socialista y afín al Ejecutivo– para forzar una dimisión en bloque del CGPJ, se saldó con éxito.

Aún así, el PSOE sabe que –con el sistema de elección vigente de los vocales del CGPJ– saldrá beneficiado tanto en el seno del órgano como, por extensión, en las próximas designaciones de magistrados que éste haga para cubrir los huecos, más de 100 vacantes, que afectan tanto al Supremo y la Audiencia Nacional, como a los Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales. Por ello, los socialistas no dudarán en hacer concesiones al separatismo en materia judicial –sistema de oposiciones, Consejos de Justicia autonómicos, etc.–, como parte de las negociaciones para la investidura de Sánchez. Y ello, tras los resultados que, para la izquierda, ha supuesto inclinar hacia sus intereses la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido al frente, durante los próximos ocho años.

Una Corte de Garantías que tiene en su mano la clave para validar la 'consulta pactada' que exigen los independentistas de Cataluña y País Vasco a Pedro Sánchez para apoyar su investidura tras las generales del 23-J. El asalto definitivo al Poder Judicial está en marcha y es el precio a pagar por la reedición de un nuevo Gobierno apoyado en una imposible amalgama de siglas.