El CGPJ resiste el intento del Gobierno por controlar todas las instituciones antes de las generales

La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, significó un cambio de paradigma institucional en el que los principales entes, organismos o empresas vinculadas al sector público pasaron a estar controlados por el Gobierno, de un modo u otro, a través de personas afines al PSOE. Desde entonces, y hasta la fecha, tal y como publicaba El Debate hace unos días, un total de veinticinco entidades de la Administración –entre ellas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General, Correos, Indra, el INE o el CIS– han quedado colonizadas por los socialistas.

Tan sólo el máximo exponente del Poder Judicial, su Consejo General (CGPJ), ha conseguido sortear todas las maniobras del Ejecutivo, seguir prorrogado con una amplia mayoría de vocales conservadores, pese a tener los nombramientos bloqueados; y, salir airoso del último intento frustrado de dimisión en bloque del sector zurdo, promovido por Álvaro Cuesta, el miembro más próximo al Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños.

La parálisis de los nombramientos

En marzo de 2021, entró en vigor la Ley Orgánica 4/2021 impulsada, vía exprés, por PSOE y Podemos en el Parlamento, que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales de jueces, mientras se encuentre en funciones prorrogadas. Así las cosas, la agonía a la que de manera indirecta se ha sometido, entre otros tribunales, a un Supremo que roza ya la veintena de vacantes, era la principal baza del Gobierno para forzar la renovación del órgano de los jueces sin modificar antes el sistema de elección para despolitizarlo.

Los planes del Ejecutivo quedaron todavía más claros cuando, a lo largo de 2022, se modificó la «limitación de competencias del CGPJ» en sentido contrario para colocar a tres nuevos magistrados, de los cuatro que estaban pendientes, en el cónclave del Constitucional. Una maniobra que, a juicio de varios vocales del Consejo debilitaba «de manera considerable la independencia del Poder Judicial en España desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de Derecho», motivo por el que lo denunciaron, sin mucho éxito por el momento, ante la Comisión Europea de Justicia.

Mientras tanto, la ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para alcanzar un pacto, con el que poner fin a la crisis institucional, se precipitaba tras conocerse la reforma del Código Penal que preparaba Pedro Sánchez –rebajando la malversación y eliminando el delito de sedición– para contentar a sus socios de Esquerra (ERC) a cambio de su voto favorable en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La dimisión del presidente Lesmes

La apertura del Año Judicial, el 7 de septiembre de 2022, se convirtió, más allá de una cita institucional al más alto nivel de la Magistratura de nuestro país, en el ultimátum del entonces presidente del órgano, Carlos Lesmes, para mantenerse en el cargo, si los dos principales partidos del Congreso no se ponían de acuerdo, en un plazo razonable, para la renovación del CGPJ que nunca llegó.

Lesmes cumplía algunas semanas después su amenaza y abandonaba el liderazgo de un órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace más de cuatro años. El anuncio provocaba la rápida reacción de Pedro Sánchez, que citaba al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión entre ambos. Ni los años de prórroga, ni la salida efectiva de Lesmes, ni las advertencias de Europa al Ejecutivo propiciaron, tampoco, el entendimiento entre socialistas y populares.

Desde Europa instaron al Gobierno a resolver el bloqueo de manera urgente y, en cualquier caso, antes de asumir la Presidencia de la UE en junio de este mismo año. El comisario Didier Reynders, enviado a nuestro país para hasta en dos ocasiones para mediar, apuesta por una renovación inmediata para, a continuación, abrir el debate de la reforma legal necesaria para que los vocales procedentes de la carrera judicial sean escogidos por sus pares –esto es, los propios jueces– y no en el Parlamento.

Las posiciones se mantuvieron inamovibles. Mientras los conservadores plantean un pacto por la «independencia de la Justicia» antes de retomar las conversaciones, la izquierda habla de que el PP «incumple la Constitución» para mantener el bloqueo del CGPJ hasta las próximas elecciones generales de diciembre, ante un futuro y eventual cambio en la titularidad de la Moncloa.

Presión al PP con la vacante del TC

El fracaso de la Operación Lesmes, con la que el Gobierno planeó descabezar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrando a su entonces presidente, Carlos Lesmes, magistrado del Constitucional, marcó un antes y un después en las posiciones de PSOE y PP en una crisis institucional sin precedentes en nuestro país.

Sin embargo, lejos de rendirse en su empeño por reemplazar a los vocales del Consejo, el Ejecutivo socialista pareció haber encontrado una segunda vía con la que presionar a los de Alberto Núñez Feijoo, para que renunciasen a la reforma del sistema de elección, en la que insisten desde la llegada del gallego a Génova, y sentarse a negociar el habitual intercambio de 'cromos' para refrescar el CGPJ.

La plaza vacante en la Corte de Garantías que dejó el juez Alfredo Montoya por enfermedad, el pasado mes de junio, se convertía en la excusa perfecta para instar a los populares a levantar sus líneas rojas previas bajo riesgo de perder, de manera definitiva, a uno de sus miembros en el Constitucional que, actualmente, ostenta una mayoría progresista adversa a los conservadores por 7 miembros a 4. Ante este escenario, y mientras el Senado se toma con calma el procedimiento necesario para cubrir el hueco, el Gobierno se mantiene en la presión: en ausencia de pacto entre populares y socialistas, para desencallar la prórroga del CGPJ, el PP perderá esta plaza.

Génova, por su parte, no está dispuesto a renunciar a una designación alternativa a la salida de Montoya dado que el exjuez fue propuesto por ellos para ser nombrado magistrado del Constitucional. Pero, lo cierto es que para sacar adelante cualquier alternativa de sucesor hace falta una mayoría de tres quintos en el Senado que el PP no tiene, salvo que les apoyen.

El fracaso para frustrar los Plenos

La negativa de tres de los vocales de la izquierda del Consejo –Roser Bach, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Mar Cabrejas– a sumarse a una dimisión en bloque, instada por el exdiputado socialista y miembro del órgano Álvaro Cuesta, precipitó el fracaso de un intento por hacer inviable, por falta de quorum, la convocatoria del cónclave previsto para el pasado jueves día 30 de marzo.

La falta de unanimidad a la estrategia de Cuesta, que se precipitaba tras la salida de su compañera Concha Sáez, fue determinante para frustrar una operación «orquestada desde la Moncloa» que pretendía forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante el de por sí mermado funcionamiento del Consejo, no todos los miembros del órgano coincidieron en que el movimiento de Cuesta fuese la mejor opción para tratar de resolver la crisis institucional que atraviesa el órgano, desde hace algún tiempo atrás, con el veto del Gobierno de Pedro Sánchez a su función constitucional de nombramientos discrecionales de jueces para los más altos tribunales de nuestro país.

El fallo en los cálculos del vocal Álvaro Cuesta, para una dimisión en bloque, coordinada y pactada, ha supuesto una «victoria» para «el sector conservador» que, por el momento, resiste los intentos de injerencia del Gobierno y sigue ostentando la mayoría aritmética en el Pleno del CGPJ actual.