La renovación del CGPJ, el último escollo de Sánchez antes de presidir la UE

No es ningún secreto que la Comisión Europea quiere que España resuelva, de una vez por todas, el escollo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prorrogado desde diciembre de 2018, antes de asumir por turno la presidencia del Consejo de la UE, el próximo día 1 de julio. No lo es, tampoco, que hoy por hoy, rotas las negociaciones entre Gobierno y oposición para renovar el máximo órgano de los jueces en nuestro país, la solución pasa: o por una intervención de Congreso y Senado –que, en realidad, son los competentes para impulsar el trámite, de acuerdo al sistema de elección parlamentaria actual– o, bien, por una parálisis institucional total.

Pedro Sánchez es consciente de ello y tras bloquear como medida de presión alguna de sus funciones constitucionales, entre ellas las de los nombramientos, ha pisado ahora el acelerador hacia la inviabilidad del Pleno del Consejo, previa dimisión coordinada y en bloque de, como mínimo, ocho vocales del sector de la izquierda.

De ahí el paso al frente del vocal más próximo al Ejecutivo socialista y exdiputado del PSOE durante más de 29 años, Álvaro Cuesta, en los últimos días, encabezando un movimiento –que, según la mayoría de las fuentes consultadas, ha sido «orquestado desde la Moncloa»– para frustrar el ya de por sí mermado funcionamiento del CGPJ y, con ello, provocar su inmediata renovación.

Se trataría de buscar una decisión conjunta y simultánea en un número suficiente de miembros del Consejo como para obligar a los partidos políticos a sentarse, de nuevo, en una mesa de negociación. De nada serviría a los fines del propio Sánchez un goteo de dimisiones, dilatadas en el tiempo, como la ya formalizada por la consejera de Izquierda Unida, Concepción Sáez. Se trata de resolver el último escollo del Poder Judicial antes de acceder a la Presidencia de la UE pero, además, como traca final antes de que se acabe la legislatura y se convoquen unas elecciones generales que podrían dar un vuelco al reparto del arco parlamentario actual.

No en vano, ante tal escenario, la continuidad del bloque mayoritario conservador durante los próximos seis meses, al frente de la institución, no sólo complica los planes del Gobierno de cara a la cobertura de las vacantes de jueces en los más altos órganos de nuestro país sino que permite al principal partido de la oposición, mantener sus líneas rojas de control, ante las futuras y eventuales resoluciones del Consejo, hasta final de año. Por el contrario, la renuncia al unísono de los 8 vocales tendría efectos irrevocables para la viabilidad del órgano y, con ello, Sánchez lograría una ventana de oportunidad para dejar el último eslabón del Poder Judicial conformado a la medida de sus necesidades, como ha logrado, recientemente, con el Tribunal Constitucional.

Los jueces de la izquierda, al rescate

Por su parte, desde el entorno asociativo más afín al Gobierno no han dudado en sumar sus voces a los intereses en juego. De este modo, la portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín –entidad fundada entre otros por el actual hombre de la Moncloa al frente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido– ha reclamado «la inmediata dimisión de todos los vocales del CGPJ» que aún no lo han hecho, siguiendo el ejemplo de Concepción Sáez, porque «es la única forma de recuperar la dignidad de la institución, que no puede seguir indefinidamente en funciones, pese al mandato constitucional de que su duración sea de cinco años».

La representante de la asociación judicial ha asegurado que JJpD viene reiterando desde hace cuatro años las peticiones de dimisión de quienes integran el órgano de gobierno del Poder Judicial, y que, en su momento, ya dejó el cargo el presidente, Carlos Lesmes, como ahora ha hecho Concepción Sáez, «evitando ser cómplices de una situación inaceptable que conduce, en la práctica, a duplicar el mandato constitucional».

También ha recordado al Partido Popular , en línea con las acusaciones de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijoo, que su boicot a la renovación del CGPJ es una «irresponsabilidad» frente a la Constitución y a las presidencias del Congreso y Senado «que tienen la obligación legal, recogida en el artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de adoptar las medidas necesarias para que la renovación del CGPJ se produzca en plazo»

«La iniciativa de Álvaro Cuesta debería secundarse por los vocales de cualquier signo, emulando lo que Pascual Sala y otros hicieron en su momento, decisión que entonces propició que se desencadenara la renovación del CGPJ», sentenciaba, este sábado, la presidenta de Juezas y Jueces para la Democracia.