El argumento de Bolaños obligaría a repetir el recuento en Lérida y Albacete, donde ganó el PSOE por muy poco

Tal y como ha confirmado el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, el PSOE ha decidido llevar hasta el Tribunal Supremo el recuento de los más de 30.000 votos nulos que hubo en la Comunidad de Madrid durante la jornada electoral del pasado 23 de julio. Para justificar esta medida que ya rechazó la Junta Electoral Central (JEC), el dirigente socialista ha argüido que el último escaño en la región pasó de su formación al Partido Popular por un margen de «muy pocos votos», una diferencia «muy menor».

En concreto, fueron 1.749 sufragios, una cifra lo suficientemente baja como para que el ministro considere que los magistrados «vuelvan a revisar» el escrutinio para confirmar que el proceso electoral en su totalidad es «lo más garantista, lo más razonable», que «todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos» y que la sociedad pueda «saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado». En lo que en la práctica significa poner en duda la transparencia y la validez de los resultados de los comicios, Bolaños, sin embargo, no aplica el mismo rasero cuando es el PSOE el que puede salir perjudicado si se aplicara su propio criterio.

Así, tomando como referencia el margen de 1.749 papeletas que separan a populares y socialistas para revisar otras provincias donde los resultados fueron ajustados en el reparto del último representante –lo que en argot político se llama 'los restos'–, la candidatura de Pedro Sánchez estaría a día de hoy ante la posibilidad de perder dos escaños en el Congreso de los Diputados en favor del bloque de centro-derecha. De haber sido así y de haberse arriesgado con tal de aportar la luz y los taquígrafos que Bolaños pide para Madrid, el PSOE podría haber bajado hasta los 119 asientos y la suma del PP y Vox ascender a los 172, a los que habría que sumar los dos apoyos de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Es decir, a dos votos de la mayoría absoluta.

Albacete, 1.287 votos de diferencia

Uno de los territorios donde la diferencia fue muy escasa fue la provincia de Lérida. Allí, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) fue la formación más votada, con 53.860 apoyos y el 29,45 % del censo. Esos resultados le valieron para conseguir dos de los cuatro diputados que reparte la circunscripción –los dos restantes fueron para Junts per Catalunya y Esquerra Republicana–, por lo que los de Alberto Núñez Feijóo no consiguieron asiento.

No obstante, no fue así por tan solo los 3.503 votos, que hubo entre el PP y el PSOE. En este caso, ni Bolaños ni ningún alto cargo de Ferraz han realizado manifestación o alegato alguno con vistas a comprobar si hubo algún error a la hora de contar los sufragios. Si se hubiese recurrido y hubiera triunfado la reclamación, se habría producido un cuádruple empate.

Tampoco lo hicieron en Albacete, donde el margen fue aún más estrecho. Únicamente 1.287 votos impidieron que Vox le arrebatara el cuarto y último escaño que da la provincia. En esta ocasión, el vencedor fue el Partido Popular, con un total de 88.144 respaldos y rozando el 40 % de los albaceteños con derecho a voto (39,99 %). Ni la formación de Santiago Abascal ni Yolanda Díaz obtuvieron representación, que quedó repartida a partes iguales entre las organizaciones tradicionales.

Por tanto, Bolaños aplica su lógica únicamente en la Comunidad de Madrid, donde sus siglas pueden aspirar a mejorar un escaño, devolviéndole al PP el recuento del voto CERA. Sin embargo, los criterios de transparencia, garantía y racionalidad que él mismo ha sacado a la palestra no se dan en las zonas donde una hipotética investidura ya de por sí complicada se puede volver casi imposible.