La ofensiva judicial del PSOE denota el nerviosismo de Sánchez sobre su investidura

«Somos muchos más los que queremos que España siga avanzando a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox». Estas fueron las palabras que el candidato socialista, Pedro Sánchez, pronunció la noche electoral. Desde entonces han pasado tres semanas y ya no quedan ni las luces, ni los aplausos, ni las banderas que esa velada adornaron Ferraz. Ahora, el tiempo corre y el presidente en funciones aún no ha sido capaz de sumar apoyos.

Este miércoles, Sánchez sacó otro as de la manga, quizá el último que le queda. La Fiscalía del TC anunció que recurrirá en septiembre la inadmisión del Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont contra las órdenes de detención dictadas por el Tribunal Supremo. Cabe puntualizar que la decisión de rechazar el recurso del separatista salió de la Sala de Vacaciones del Constitucional (conformada durante el periodo estival) que tiene mayoría conservadora. Asunto distinto será en el mes de septiembre cuando la mayoría la ejercerá la izquierda. Con la maniobra de la Fiscalía, Sánchez gana tiempo y, sobre todo, se apunta un tanto a favor de los independentistas con el que intentará lograr su apoyo de cara a la investidura.

La estrategia de Junts hasta el momento ha sido negar el apoyo al líder socialista. El propio secretario general del partido, Jordi Turull, apuntó en su cuenta de Twitter que las negociaciones no estaban avanzando de manera positiva. Los siete escaños del partido independentista son esenciales para que Sánchez pueda alcanzar la mayoría necesaria para permanecer en la Moncloa.

Por el momento, Junts se mantiene: quiere referéndum y amnistía

La formación dirigida por el fugado Puigdemont mantiene sus peticiones: amnistía para los encausados por el procés y referéndum vinculante de independencia. Será la próxima semana, en la constitución de las Cortes, donde se descubrirá si la negociación ha sido fructífera a través de las votaciones para componer la Mesa del Congreso.

La peligrosidad de los favores que Sánchez tendría que hacer para sumar los escaños necesarios ha sido, incluso, analizada por la revista británica The Economist, que ha calificado como «extremadamente inestable» el Gobierno que los socialistas podrían conformar. «Cada medida legislativa requeriría de más regateo de este tipo. En la última legislatura, los opositores definieron a Sánchez como un maníaco dispuesto a hacer cualquier cosa para aferrarse al poder, una acusación que fue exagerada. Pero si cede aún más para formar una alianza con tantos partidos que no creen en la nación que quiere liderar, este retrato será mucho más fácil de hacer», apunta en sus páginas el medio inglés.

Pero los avisos y las críticas no llegan únicamente del exterior. El propio barón socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, calificó como «diabólico» y «triste» que la gobernación «dependa de un prófugo de la justicia», en clara referencia a Puigdemont.

Sembrar duda en el recuento

Por si fuera poco, el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado el recurso que presenta el PSOE ante el Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central de inadmitir su petición de revisar los votos nulos en la circunscripción de Madrid. Un recurso que el dirigente socialista ha justificado argumentando que el último escaño que en esta región perdió el PSOE en favor del PP «se ha distribuido por muy pocos votos».

Bolaños fue capaz de dudar de la fiabilidad del recuento pese a que el organismo electoral considera que el partido no «aduce ninguna irregularidad en el escrutinio general como para justificar la repetición que solicita». No obstante, las declaraciones del ministro se dirigieron a sembrar sospechas y se excusaron en que, con una revisión, «todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio» pueden ver «garantizados sus derechos» y «saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado».

El Rey, en una posición incómoda

Tal y como establece el artículo 99.1 de la Constitución española, el Rey «después de cada renovación del Congreso de los Diputados» debe proponer a un candidato a la presidencia del Gobierno. Tras el resultado electoral, existen dos candidatos posibles a dirigir el país: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ninguno cuenta, a priori, con la mayoría necesaria para obtener una salida victoriosa. Tras la ronda de consultas con los partidos políticos, Felipe VI conocerá con qué apoyos cuenta cada uno. Pero esa idea general estará mermada por la negativa de Bildu, ERC y Junts a acudir a la reunión con el monarca.

Aún así, el Rey tendrá que decidir entre un candidato con menos apoyos, el del Partido Popular, y uno sostenido, no solo por los partidos que quieren dividir España, sino también por uno liderado por un prófugo de la Justicia.

La salida que menos incomodaría a la figura del Jefe del Estado sería tras una conversación entre los dos partidos candidatos a la Presidencia y un acuerdo entre ambos para la celebración de la investidura.