Delgado y García Ortiz: la herencia envenenada que dejan al próximo fiscal general del Estado

la llegada de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, directamente como ministra de Justicia desde el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, fue objeto de agrias críticas, como lo fue el hecho de que su sucesor en el cargo, el que fuera brazo ejecutor de sus decisiones más polémicas, el secretario técnico Álvaro García Ortiz, incurriese en los mismos comportamientos durante sus primeros días de mandato.

Las maniobras de ambos fiscales para situar en los puestos más relevantes del escalafón judicial a sus afines, procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que fueron miembros, la falta de motivación en los nombramientos y la mecánica de una Fiscalía, gestionada como un «sultanato», han dejado sumida a la institución en la «peor» etapa de nuestra democracia y se han convertido en una herencia envenenada para el futuro titular del Ministerio Público que deberá ser elegido una vez quede conformado el nuevo Gobierno, sea del signo que sea, tras las elecciones generales del pasado 23-J.

En los últimos años, la Fiscalía se ha tambaleado en no pocas ocasiones por la «falta de imparcialidad» de quienes, al frente de la misma, han colaborado en agravar los históricos problemas estructurales de una entidad que, a pesar de las recomendaciones de Europa, sigue dependiendo del Gobierno de turno. Delgado y García Ortiz han sido cómplices de las «impúdicas» actuaciones orquestadas para controlar un organigrama jerarquizado en el que premiar a los amigos –no siempre los mejores perfiles para las vacantes que se han ido generando– y silenciar a los discrepantes.

En el imaginario colectivo quedarán ya, para siempre, la persecución al fiscal del caso Villarejo, José Ignacio Stampa; el doble expediente abierto al responsable del Ministerio Público en la investigación de la «autoría mediata» o intelectual del secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA, en la Audiencia Nacional; el doble nombramiento del fiscal del Menores que, en las mismas ocasiones, ha sido anulado a Delgado por el Supremo (TS); el señalamiento público a la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, faltando a la verdad; o el ascenso de la propia ex fiscal general, gracias a la intervención de su sucesor en el cargo, a la máxima categoría de la Carrera, como fiscal togada de la Sala de lo Militar del TS, que podría ser revocado por la Sala Tercera del propio Alto Tribunal.

Pero, sobre todo, la inenarrable designación de Delgado, una vez más, con la oposición de la mayoría amplia del Consejo Fiscal, como titular del puesto de Memoria Democrática bajo sospechas de incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones por un presunto «conflicto de intereses» entre las funciones propias de la plaza y el trabajo como abogado de su pareja actual, el exjuez Baltasar Garzón.

Pase lo que pase en el ámbito de los tribunales, lo cierto es que tanto el futuro Ejecutivo como el fiscal general designado por el mismo están obligados a trabajar sin descanso por la máxima independencia de la institución. A nadie, ni siquiera a nuestros vecinos de la Unión Europea (UE), se les escapa ya que el Ministerio Público en España está sumido en la «mayor crisis reputacional de su historia».

No en vano, los «abusos de poder, las irregularidades o la anteposición de intereses personales en el ejercicio de responsabilidades públicas» han generado una amplia «inquietud y desazón» en la opinión pública bajo la batuta de Delgado y García Ortiz. El malestar no es menor entre los fiscales de base en el seno de una institución jerarquizada en la que no están bien articulados los mecanismos de exigencia de responsabilidad.

Y aunque las decisiones administrativas del FGE podrían constituir delito de prevaricación, la realidad es que el mismo no está expresamente tipificado como tal, a diferencia de la prevaricación judicial, ni se contempla la responsabilidad disciplinaria del FGE, a quien el Estatuto Orgánico de la Carrera (EOMF) consideraba en principio sujeto a la responsabilidad política materializada por las posibilidades del Gobierno de cesarlo sin necesidad de motivación. Al haber desaparecido esta opción con la reforma aprobada, en 2007, por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el FGE deviene «virtualmente irresponsable en el ejercicio de su poder», han denunciado a El Debate veteranos fiscales.

El último servicio a favor de Sánchez

El último ejemplo de la intervención del Ministerio Público a favor de los intereses de Pedro Sánchez, inmerso de lleno en las negociaciones para obtener los apoyos necesarios para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno en la próxima legislatura, llegaba en la pasada tarde del miércoles 9 de agosto, cuando se movilizaba para salir al rescate del prófugo separatista Carles Puigdemont, una vez que la Sala de Vacaciones del Constitucional decidía inadmitir el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña contra la orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo, que permanece vigente y que le impide regresar a nuestro país sin ser encarcelado.

Así las cosas, la Fiscalía forzará el debate de la cuestión en el primer Pleno del TC en septiembre que, precisamente, cuenta con mayoría de magistrados de la izquierda tras su última renovación el pasado mes de enero. No en vano, el rechazo del recurso de amparo planteado por la defensa de Puigdemont salía de la Sala, de mayoría conservadora, conformada en la Corte de Garantías durante el período en que el que se interrumpe su actividad ordinaria por vacaciones.

Cabe destacar que la agilidad en la reacción de la Fiscalía, todavía bajo el mando del sucesor de Dolores Delgado en el cargo, Álvaro García Ortiz, no se compadece, en este caso, de una mínima comparativa con otras resoluciones judiciales que afectaron a otros presidentes autonómicos y en las que en ningún momento la institución movió ficha de oficio.