La presidencia europea permite a Sánchez aplazar las reformas pendientes sobre independencia judicial

Pedro Sánchez estrenaba la Presidencia de turno de España en la Unión Europea en deuda con las recomendaciones de la Comisión de Justicia para adaptar de manera «urgente» la separación de poderes y la independencia judicial a los estándares del resto de los países miembros de la UE. El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que se conocía antes del verano advertía, una vez más, sobre la persistencia de un escenario insuficiente en nuestro país en lo relativo a la prevención de las conductas vinculadas a la corrupción política y las constantes injerencias del Poder Ejecutivo sobre la Fiscalía General y el Poder Judicial que se han incrementado, de manera preocupante, a lo largo de la última legislatura.

Sin embargo, la convocatoria anticipada de elecciones generales y el liderato de España en la UE han permitido al Gobierno socialista en funciones aplazar, sin consecuencias, las reformas pendientes para armonizarla nuestra Justicia con la de los países de nuestro entorno, en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa. De manera prioritaria, las que obligarán a un futuro y eventual Ejecutivo –reeditado por Sánchez con el apoyo de los independentistas vascos y catalanes– a cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para despolitizarlo.

El secretario general del PSOE, que ya se ha postulado como candidato para una segunda investidura, ha aprovechado el escenario electoral y su presencia en Europa para desoír las indicaciones de Europa y ganar tiempo consciente de que algunas de las exigencias europeas, en materia legal y judicial, afectan a cuestiones esenciales para la negociación de los apoyos separatistas de Junts, Esquerra (ERC) o Bildu, imprescindibles para continuar en la Moncloa durante la próxima legislatura.

Durante los últimos cuatro años, Pedro Sánchez ha perpetrado todo tipo de maniobras orientadas a controlar el Poder Judicial y ha permitido que sus socios de coalición de Podemos atacasen a jueces y fiscales cada vez que se hacía pública una sentencia que no se ajustaba a sus expectativas.

El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, sin solución de continuidad desde el Ministerio de Justicia, inauguraba una de las etapas institucionalmente más oscuras en la historia reciente de nuestro país; tan sólo superada por el bloqueo impuesto al CGPJ en materia de nombramientos discrecionales de jueces y magistrados; el intento de reducir, por la puerta de atrás, la mayoría parlamentaria de tres quintos necesaria para renovarlo; y, la reforma del Código Penal a la carta que eliminó el delito de sedición, y rebajó la malversación, para favorecer a los socios de Sánchez.

Tras las elecciones generales del pasado domingo 23 de julio, se abría una oportunidad real para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prorrogado desde 2018. En previsión de que el órgano de representación de los jueces y magistrados recuperase, incluso antes de ser cambiado, sus plenas funciones, hurtadas por el Ejecutivo saliente, ahora, el endemoniado empate entre bloques complica la posibilidad de lograrlo.

Una situación que, más allá de presentarse como posible moneda de cambio para Sánchez, en su estrategia de pactos, mientras Europa mira hacia otro lado para no interferir en los asuntos de índole estrictamente doméstica, como la conformación de un nuevo Parlamento; el escenario arroja, además, un horizonte demoledor para las audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Supremo, que agoniza al 70% de sus efectivos, y que verán cómo su situación continuará siendo crítica en el corto plazo.

Todo ello mientras se gesta la reforma legal que modifique el sistema de elección de los vocales para que, de acuerdo a los estándares de Europa, sean los jueces los que eligen a sus propios representantes. Parece poco probable si alguno de los sillones del Consejo sirve como pago a los potenciales socios de investidura de Sánchez a cambio del visto bueno, y su voto afirmativo, para una nueva legislatura frankenstein.