Europa obliga al Gobierno a cambiar la ley sobre el CGPJ y despolitizar su sistema de nombramientos

La Comisión Europea ha publicado hoy el cuarto informe anual sobre el Estado de Derecho en los países miembros. Un informe que vuelve a pronunciarse con la contundencia de ediciones anteriores sobre los fallos del Gobierno de Pedro Sánchez en diferentes apartados referidos a la salud democrática y el sistema judicial de nuestro país. El dictamen 2023 vuelve a instar a una renovación urgente y «prioritaria» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, tras cuatro años sin cambios, permanece bloqueado; y, supone un nuevo varapalo para España por el sistema vigente de nombramientos de los vocales del órgano que, con su enfoque partidista, «viola la separación de poderes» y compromete su independencia.

No en vano, la Comisión ha dicho que «la falta de renovación está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, suscitando inquietud en relación con el número de casos juzgados por el Tribunal Supremo y su duración». Una afirmación muy grave que habrá de tomar en consideración el próximo Gobierno resultante de las elecciones generales del 23-J.

Rapapolvo especial dirigido a Sánchez por su política partidista de la Justicia que le ha impedido «desvincular el tiempo de mandato del fiscal general de la legislatura del Gobierno»

Los datos que aporta la CE son contundentes en tanto en cuanto sigue calificando de «bajo» el nivel de percepción de la independencia judicial en España, entre la población general y, por primera vez y de forma expresa, también, entre las empresas. Tan sólo el 34% de la población general y el 34% de las empresas perciben el nivel de independencia de los tribunales y jueces como «bastante o muy bueno» en 2023.

Así las cosas, según los datos arrojados por el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE, en 2023, no hay mejora en la evolución del nivel de independencia de la Justicia española de acuerdo con las percepciones que se mantienen desde 2016. La independencia judicial percibida, entre el público en general, ha disminuido un 38% en comparación con las mismas cifras de 2022.

De acuerdo con las conclusiones emitidas por el órgano de control y supervisión de las democracias europeas en España, muy al contrario de lo deseable, se ha ido degradando el sistema judicial, por el reparto partidista, y al traspasarse muchas líneas rojas desde el poder Ejecutivo que, antes de que se hiciese público el texto ya había sido objeto de advertencias previas por parte del comisario de Justicia, Didier Reynders, de visita en nuestro país.

Bruselas no olvida el desastre que ha supuesto la reforma por la que Pedro Sánchez rebajó las penas asociadas al delito de malversación

Pese a las constantes advertencias que se han venido produciendo. al menos de manera más firme por parte de Bruselas, España sigue sin tomar medidas para, por ejemplo, reforzar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y «abordar la separación del mandato del cargo del Fiscal General con el propio Ejecutivo, lo que produce un solapamiento tóxico para el sistema».

También resulta de interés la reflexión del comisario Reynders sobre cómo la necesidad de una protección efectiva de la independencia judicial requiere adicionalmente "de una cultura de integridad e imparcialidad». Varios son los Estados miembros de la UE que ya están aplicando políticas y prácticas para promover la integridad en el seno del Poder Judicial.

Mientras en nuestro vecino Portugal, el Consejo Superior de la Magistratura ha presentado una propuesta para regular las «puertas giratorias» entre la política y la judicatura, en España el régimen de incompatibilidades para los jueces sigue suscitando preocupación ante la evidencia de que se dan casos escandalosos como los nombramientos de Dolores Delgado.

Ley de financiación de partidos

Otro elemento a destacar es que la Comisión exige a España una reforma de la ley que regula la financiación de los partidos políticos, y que ya cuenta con una petición formal del Tribunal de Cuentas en sede doméstica.

Por si fuera poco, España tiene pendiente abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones procesales y los enjuiciamientos, para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, que siguen siendo muy lentos y prolongados con respecto al resto de los Estados miembros. Bruselas también es contundente en este punto: nuestro país debe adoptar una estrategia Anticorrupción, que tendrá que estar finalizada para el verano de 2024.

Un escenario que se suma al hecho de que las normas sobre los eventuales conflictos de intereses de los altos cargos no se aplican de manera adecuada en nuestro país por lo que, tras el tirón de orejas de hace unos meses al Gobierno por la reforma que suavizó las penas asociadas a la malversación, Bruselas exige ahora nuevos compromisos sobre el registro y control de las actividades de los lobbies con el mundo de la política.

No menos lamentable es el hecho de que no haya habido novedades en relación con el marco jurídico de la publicidad institucional y las demandas de mayor transparencia en la distribución de la publicidad institucional que, por dicho motivo, se mantienen. Mientras España no cree un sistema de transparencia sobre la propiedad de los medios nuestra imagen exterior seguirá quedando comprometida.