Constitución de las Cortes  Qué es la Mesa del Congreso y por qué es tan importante controlarla

Este jueves echa a andar la XV Legislatura y lo hace con el correspondiente y solemne acto de constitución de las Cortes. En esta primera sesión, los 350 diputados electos en las pasadas elecciones del 23 de julio juran o prometen acatar la Constitución, formalizando de esa manera su condición de representante de la soberanía nacional. Sin embargo, ese protocolario proceso no es el único que se lleva a cabo en el pleno, ya que paralelamente se elige a los miembros de la Mesa del Congreso, un aspecto de enorme importancia en el devenir de la legislatura.

Desde que se supieron los resultados de los comicios, los partidos han entablado hasta última hora numerosas e intensas negociaciones de cara a tener una mayoría afín en este órgano y anotarse el primer tanto del nuevo mandato democrático. Pero, ¿qué es la Mesa y por qué hay tanto empeño en controlarla?

Según especifica el artículo 30 del Reglamento del Parlamento, la Mesa es «el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada de esta en los actos a que asista». Asimismo, también señala que estará compuesta «por el presidente del Congreso», que «dirige y coordina la acción de la Mesa», así como por «cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios». En cuanto al sistema de elección, el primer puesto que se somete a la confianza del hemiciclo es el del presidente. Ostentará esa responsabilidad el candidato que obtenga mayoría absoluta aunque, en caso de no ser así, la votación se repetirá, pero ahora únicamente entre los dos que lograron más respaldo, siendo elegido el que triunfe.

Fijar el calendario de los plenos

Respecto a los vicepresidentes, se eligen de manera simultánea. En esta ocasión, cada diputado escribe en una papeleta un solo nombre. De este modo, los cuatro parlamentarios más votados serán los que resulten elegidos. Ante un eventual empate, se realizarían tantas votaciones como sean necesarias entre los igualados hasta que un candidato supere al otro o a los otros. La misma fórmula se emplea para dirimir a los cuatro secretarios.

Igualmente, el Reglamento fija las funciones que tiene el órgano de gobierno del Congreso. Entre ellas están la de «adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara», «calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos» o «decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas».

A la Mesa también se le atribuye la tarea de «programar las líneas generales de actuación de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones para cada período de sesiones y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, todo ello previa audiencia de la Junta de Portavoces». Es a raíz de este último punto donde radica la principal importancia de dominar la Mesa, ya que actúa a modo de semáforo, decidiendo qué asuntos se debatirán en cada pleno y cuáles, por el contrario, no estarán en el orden del día de la sesión.

Un ejemplo de ese poder es la Ley de ELA. El texto presentado por Ciudadanos fue aprobado por unanimidad en el Congreso el 9 de marzo de 2022, aunque, no se sabe todavía por qué motivo, la mayoría en la Mesa que conformaban el PSOE y Unidas Podemos la bloquearon hasta el final de la pasada legislatura. El proceso para ello fue ir ampliando repetidamente los plazos para la presentación de enmiendas por parte de los grupos, una maniobra que se repitió hasta en 47 veces. Como consecuencia de esta llamativa e inédita inacción, al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio, la ley ha caído, por lo que ahora tocaría iniciar la tramitación parlamentaria desde el inicio, con todos los procesos y tiempos que ello supone.

Otra de las potestades atribuidas a la Mesa es la de poner en marcha las comisiones de investigación que se vayan a llevar a cabo en el Congreso. A pesar de que previamente estas se hayan aprobado en el pleno, es a los nueve miembros a los que corresponde decidir cuándo comienza, con lo que pueden hacerlo jugando con los tiempos políticos.

Un asunto de vital importancia para la visibilidad y la salud financiera de los partidos con representación en San Jerónimo es el que se refiere a la configuración de los grupos parlamentarios, donde la Mesa tiene la última palabra. Según establece el Reglamento del Congreso, el primer requisito para poder conformar uno es el de haber obtenido, al menos, quince diputados en las elecciones previas.

De no haber alcanzado esa cifra, la Cámara también plantea tener grupo si se tienen como mínimo cinco escaños, pero siempre y cuando se haya conseguido el 15 % o más de los sufragios en todas las circunscripciones por las que el partido interesado se presentó, así como un 5 % de las papeletas a nivel nacional.

Ventajas de tener grupo parlamentario

De cumplirse estrictamente la norma, en esta legislatura tan solo tendrían grupo parlamentario el Partido Popular, el PSOE, Vox y Sumar. No obstante, la Mesa suele aplicar una interpretación flexible del Reglamento y, entre otros aspectos, es habitual que se permita crear grupo a las formaciones que ese 15 % requerido lo han cosechado no en el ámbito provincial, sino regional. En esta línea, incluso ha avalado en alguna ocasión que una formación mayoritaria pueda 'prestar' algunos diputados a otras minoritarias para que así esta llegue al mínimo de actas requeridas.

En esa tesitura se encuentran, entre otros, EH Bildu, Junts per Catalunya y el PNV. Es por eso que, aunque tanto el PP como los socialistas han insistido en que las negociaciones para la configuración de la Mesa se han llevado a cabo «con discreción», se da por sentado que se ha planteado la garantía de que los independentistas y nacionalistas tendrán grupo a cambio de sus votos para controlar el órgano de la Cámara.

La diferencia entre constituirlo o no es más que considerable. De hacerlo, automáticamente se tiene presencia con voz propia en la Junta de Portavoces y en los debates se cuenta con más tiempo de intervención, mientras que los integrantes del Grupo Mixto se han de repartir ese mismo tiempo entre todos sus miembros. Por otra parte, acarrea mayor visibilidad, puesto que permite intervenir en todas las sesiones de control al Gobierno, que se realizan mediante preguntas e interpelaciones al Ejecutivo.

Acerca de la labor legislativa, los grupos tienen ventajas para incluir en el orden del día de los plenos sus proposiciones no de ley. En el terreno económico, la pasada legislatura cada grupo recibió una subvención fija de 364.160,64 euros más una variable en función del número de diputados con los que cuenta cada uno de ellos. En concreto, fueron 1.746,16 euros mensuales por cada acta.

Otro punto a favor de contar con grupo es que los partidos que lo conforman pueden acceder al cobro de las subvenciones por el envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña electoral de las generales.

Particularmente, esa influencia en los tiempos y en las formas que afecta a la dinámica del Parlamento es aún mayor en la figura de la Presidencia del Congreso. Quien termine ejerciendo esa figura –el PSOE ha propuesto para ello a la balear Francina Armengol y el PP a Cuca Gamarra– se convertirá en la tercera autoridad del Estado, solo por detrás del Rey y del presidente del Gobierno.

Además, tal como recoge el artículo 73 del Reglamento, tendrá «facultades para ordenar el debate y las votaciones, oída la Junta de Portavoces, y, valorando su importancia, ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los grupos parlamentarios o de los diputados».

Es decir, puede decidir cuánto y quién habla en la tribuna de oradores. Finalmente, decide la fecha para la celebración de los plenos tanto de investidura como de una moción de censura y tiene «facultades de policía» en todo el edificio, por lo que puede poner a disposición judicial a todo aquel –sea diputado o no– que perturbe el orden constitucional, siguiendo lo marcado en el artículo 72.3 de la Carta Magna.