El equipo de Yolanda Díaz se niega a decir los nombres del comité de expertos que está estudiando la amnistía

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró –tras su despacho con Felipe VI– que respecto a la amnistía de los políticos independentistas implicados en el 1-O «nosotros hemos hecho lo que hay que hacer, lo que siempre he hecho en el Gobierno de España: concitar a los mejores profesionales para que formulen las salidas jurídicas pertinentes». «Entendemos Cataluña como una solución», añadió Díaz.

Además, Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, anunció en una entrevista en Catalunya Radio que la formación ha conformado un equipo de veinte expertos juristas que están trabajando para encontrar «una fórmula jurídica con carácter institucional» que tenga los efectos de una amnistía para las personas encausadas en las diferentes piezas del procés.

Así pues, El Debate ha preguntado al equipo de Yolanda Díaz los nombres de las personas que configuran el comité de expertos que está estudiando de qué manera puede salir adelante una ley de amnistía. No obstante, desde Sumar han expresado que «no estamos contando los nombres de este comité», por lo que se desconoce quién está detrás de ese equipo de veinte juristas.

Los problemas jurídicos

Hay dos artículos de la Constitución Española que ponen sobre la mesa la imposibilidad de que se lleve a cabo una amnistía. El Diccionario del Español Jurídico de la RAE define a la amnistía como una «forma de ejercicio del derecho de gracia», que «a diferencia del indulto, que se basa en razones de equidad y se concede individualmente, la amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político».

Así pues, según esta explicación, la amnistía choca de manera frontal con el artículo 62 de la Carta Magna, que recoge que al Rey le corresponde «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley», «aunque no podrá autorizar indultos generales».

De igual manera, el artículo 14 de la Constitución dictamina que «los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación», por ninguna «condición o circunstancia personal o social».