La Generalitat excluye a los españoles de un plan para tener casa y trabajo sin haber hecho ningún estudio legal

Quizá sea la oportunidad de tu vida: un sueldo de 20.000 euros anuales, una vivienda de alquiler reducido y un paraje rural. Todo ello está dispuesto a concederlo la Generalidad de Cataluña, con una única condición: que no seas español.

La controvertida medida, destinada en exclusiva a migrantes, tiene un claro impulso político como demuestra la confesión por escrito a El Debate del Gobierno de Pere Aragonès: no consta, porque no tuvieron el más mínimo interés en hacerlo, ningún estudio ni análisis que encaje este magnífico programa de ayuda en la Constitución, que prohíbe tajantemente la discriminación de ningún ciudadano por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El proyecto el Oportunitat 500, impulsado por la Asociación de Micropueblos de Cataluña, pensado para repoblar pequeños municipios catalanes, ha levantado polémica por no permitir la incorporación de aspirantes españoles en sus filas, sino que «está dirigido sólo a personas migradas», tal y como han denunciado muchos afectados en las redes sociales, alegando que también hay autóctonos con circunstancias económicas similares que quedan así excluidos.

El programa ofrece empleo y vivienda, pero desde el Servicio Público de Empleo de Cataluña, también responsable del proyecto, junto con la consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, no se han realizado los informes jurídicos pertinentes que garanticen su legalidad.

En concreto, el programa ofrece un contrato laboral de un año, que está financiado por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), de forma que paga casi 20.000 euros brutos anuales, y una vivienda de alquiler que proporciona el ayuntamiento del municipio adherido al programa.

Según los datos facilitados por la Generalidad de Cataluña a El Debate, «24 municipios han iniciado acciones en relación al Programa de apoyo a la implementación de las PAO (Políticas Activas de Empleo) en municipios de menos de 500 habitantes de Cataluña, (SOC-MICROMUNICIPIOS) en la convocatoria 2022 y, de estos, las personas contratadas han sido 28».

Pero las críticas al programa han llegado porque consideran discriminatorio que no se tenga en cuenta a los ciudadanos españoles que también quieren iniciar una vida en municipios despoblados recibiendo las ayudas correspondientes, algo que podría chocar frontalmente con la Constitución, que garantiza la igualdad independientemente de la nacionalidad de origen.

En el caso de Cataluña, la polémica por su supuesta islamización viene de largo, con datos que a juicios de partidos como Vox corroboran su tesis: según el «Estudio demográfico de la población musulmana» en España, presentado a finales de 2022 por el Observatorio Andalusí, más de un 25 % del total de los practicantes de esa confesión en todo el país vive en algún municipio catalán, hasta alcanzar las 640.000 personas, alrededor del 5 % de la población total de la Comunidad.

En ese contexto, la Generalidad ha reconocido a este periódico que no ha realizado informes o estudios jurídicos acerca de la constitucionalidad de la discriminación «que se realiza de los nacionales en favor de las personas inmigrantes extranjeras».

En un documento que obra en poder de este diario, fechado el pasado 27 de julio, el Gobierno admite que tal información «no ha sido elaborada por el Servicio Público de Empleo de Catalunya ni tampoco la tiene en su poder».

Del mismo modo, tampoco «consta ninguna reclamación, queja o denuncia formulada en relación al programa de referencia», pese a las quejas recibidas en las redes sociales y en distintos soportes públicos.

De hecho, tal y como explicó este periódico, la Asociación de Micropueblos explica que se trata de un programa piloto «destinado a personas migradas y refugiadas con características muy concretas», a lo que añaden que los beneficiarios «trabajan y se hacen cargo de los gastos del alojamiento que se les proporciona».

Moncloa se desentiende

Por su parte, desde el Gobierno de España se lavan las manos. De hecho, este periódico ha preguntado a Moncloa acerca de si, desde Presidencia del Gobierno, se ha llevado a cabo alguna gestión «instando a las autoridades con competencias en la materia, a la realización de actuaciones para evitar la discriminación de los ciudadanos españoles».

Sin embargo, la respuesta obtenida es de lo más peregrina, ya que desde el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno aseguran que «no resulta posible, con los medios técnicos de los que dispone este organismo, dar respuesta a esta solicitud», según consta en un documento que obra en exclusiva en poder de El Debate, del pasado 28 de julio.

Además, alegan que «conocer la existencia de cualquier documento» relacionado con este asunto, «requeriría de la revisión, y posterior análisis pormenorizado, de la información en poder de la Presidencia del Gobierno, con el fin de determinar si su contenido, en todo o en parte, pudiera contener información que cumpla los criterios señalados y que, por tanto, pudiera concluirse, de forma cierta, que se trata de la información requerida, por lo que estaríamos ante un supuesto de reelaboración de la información».

En otras ocasiones, ante medidas autonómicas controvertidas en otros ámbitos, el Gobierno sí reaccionó con celeridad. Fue el caso del llamado «pin parental» cuando se aplicó en Murcia allá por 2020.

Consistía en reconocer el derecho de los padres a autorizar por escrito toda materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI. Por esa decisión, Moncloa sí anunció que recurriría su aplicación allá donde el PP, impulsado por Vox, se lo planteara.