La amnistía de ERC y Junts incluye la devolución de las fianzas y multas impuestas a los condenados del 'procés'

En marzo del año 2021, los partidos independentistas registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley que contemplaba la amnistía. Más de dos años después, el documento cobra actualidad al convertirse en el punto de partida de una de las exigencias que los separatistas han planteado a Pedro Sánchez a cambio de un posible apoyo para su investidura. La propuesta plasma la petición de amnistiar todos los delitos, incluidos aquellos relacionados con la corrupción como la prevaricación o la malversación de caudales públicos. Además, contempla la devolución de las fianzas y multas de carácter económico impuestas a los condenados por el procés.

La cita política más relevante de las próximas semanas es la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Si, como ocurre por el momento, el PP no consigue reunir los apoyos, será Pedro Sánchez el que se enfrente al trámite parlamentario. Será entonces cuando el candidato socialista tendrá que decidir si concede la posibilidad de una ley de amnistía –a pesar de ser una figura no contemplada en la Constitución y de difícil aprobación jurídica- o intentar renegociar otros aspectos que no serían, a priori, suficientes para ERC y Junts.

La ley orgánica «de amnistía y resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español» recogía que el «derecho de autodeterminación se entiende como un principio fundamental de los derechos colectivos de los pueblos» y «como un mecanismo de solución pacífica e incluso preventiva a los conflictos internacionales». Por aquel entonces, el documento aseguraba que había «más de 3.200 personas» acusadas de «un delito que deriva de la participación en actos relacionados con el 9-N, el referéndum de 2017 o las movilizaciones y protestas ciudadanas de respuestas a la represión que ha desencadenado el proceso de reivindicación del derecho a la autodeterminación».

El artículo primero de la propuesta indica la necesidad de amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta Ley». Dentro de los mismos recoge los delitos de rebelión y sedición (eliminado este último por el Gobierno de Pedro Sánchez), los actos de expresión y, también, los delitos que supongan «prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos».

Es en su artículo segundo donde se plasma la intención de que el Estado devuelva el dinero a todos aquellos que han tenido algún tipo de sanción económica. Concretamente se recoge que «serán devueltas las fianzas y los abonos, sanciones o multas de carácter económico con el interés legal del dinero, a favor de las personas que las constituyeran, depositaran o liquidaran o a petición de las personas ejecutadas, así como se levantarán todo tipo de embargos, limitaciones o restricciones de disposición patrimonial de las mismas o de sus afines y a petición de los interesados».

Una ley inconstitucional

Cuando, hace algo más de dos años, los partidos independentistas registraron la proposición de ley orgánica, la Mesa del Congreso presidida entonces por Meritxell Batet fue advertida por los letrados del Parlamento de que podría ser inconstitucional. El informe señalaba que se incumpliría el artículo 62 de la Constitución que no contempla indultos generales. De hecho, el texto no llegó a tramitarse al contar con el voto en contra, no solo del PP y de Vox, sino también del PSOE.

Por el momento, Sánchez no se ha cerrado a conceder la creación de una posible ley que contente a los independentistas. Desde Bélgica, Puigdemont advierte: o amnistía o repetición electoral.