La reforma del reglamento del Congreso que esbozan PSOE y ERC permitiría intervenir en aranés

Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua castellana y el derecho a usarla, como reza el artículo 3 de la Constitución. También los independentistas catalanes, gallegos o vascos, que entre ellos dialogan en su idioma común, el español. Sin embargo, entre las exigencias de algunos de ellos para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno está la de que todas las lenguas cooficiales puedan ser utilizadas durante las intervenciones parlamentarias.

Al catalán, valenciano, mallorquín y las otras variantes baleares, euskera y gallego, ahora se sumará el aranés a la particular Torre de Babel que el PSOE urde junto a sus previsibles socios nacionalistas. En concreto, los socialistas ya han escrito un borrador junto a ERC en el que se especifica que «el orador podrá pronunciar su discurso en cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía».

Este entrecomillado, publicado por El Periódico, abre la puerta, pues, a que el aranés, que es cooficial en Cataluña, al hablarse en el Valle de Arán (Lérida), también forme parte de las lenguas de uso en la Cámara Baja. Esto implicaría, además del arrinconamiento de la lengua común y la idea asociada de que quienes hablan también idiomas diferentes pertenecen a otro país, a implantar una traducción simultánea, con su coste económico derivado.

Maria Vergés, la síndica de Arán, envió a comienzos de esta semana una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para solicitar que el aranés también goce del mismo estatus que catalán, gallego y vascuence en la próxima legislatura. No hay datos actualizados sobre el uso y el conocimiento que hay del aranés, si bien algunas estimaciones de hace un par de décadas cifraban en unas 5.000 a sus hablantes y personas que lo entendían. Datos de la Generalidad de 2019 señalan que en Barcelona capital, por ejemplo, solo la mitad de la población sabe que existe.

En conjunto hay unos 12 millones de personas con algún nivel de competencias en algún dialecto del occitano, nombre que se le da al norte de los Pirineos. Principalmente, en el sur de Francia, aunque también en Italia. Huelga decir que en esos países no se puede emplear en las cámaras de representación, al igual que sucede con el resto de lenguas y dialectos que se hablan además de francés e italiano.

También por escrito

En España, si esta iniciativa sale adelante a través de una reforma del artículo 70.2 del Reglamento del Congreso («Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz. El orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño»), estas lenguas también constarán por escrito. El plan pasa por que las iniciativas parlamentarias sean registradas en la lengua de turno y también en español y ambas versiones aparecerán después en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados.

Esta medida es uno de los peajes que los partidos separatistas catalanes con representación en la Cámara Baja, ERC y Junts, impusieron a Sánchez para que la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, fuera elegida presidenta del Congreso. Ese acuerdo también preveía el impulso de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que demandó el Ejecutivo de Sánchez a través de una misiva remitida a Bruselas con la firma del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que incluyó, asimismo, al vasco y al gallego y que no tiene muchos visos de salir adelante.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia en funciones, el socialista Félix Bolaños, admitía este jueves que esas negociaciones se están celebrando y que la modificación del reglamento «es una reforma que atañe a todos los grupos parlamentarios y por lo tanto se está trabajando con todos, no solo con un grupo concreto», en referencia a ERC, partido que ha trasladado su optimismo e indicado que la negociación va por el buen camino.