Sánchez y sus socios conducen a España a una legislatura de deconstrucción territorial

El PNV presume de tener la mejor membrana pituitaria de la política española. Su olfato para detectar dónde hay una debilidad del prójimo y dónde una oportunidad no suele fallar. De ahí el gran trasfondo del artículo que, este jueves, el lendakari publicó en El País.

El PNV eligió como emisario no a su presidente, Andoni Ortuzar, sino a su cargo de mayor rango institucional, Íñigo Urkullu. Y, como mensaje, la propuesta de una «convención constitucional» para «pactar una interpretación constitucional específica que, sin la necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo nacional del autogobierno» del País Vasco, Navarra y el resto de «comunidades históricas».

ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el BNG y ahora también, el PNV. Aunque estos últimos con un mensaje menos rupturista que el resto. Todos los socios necesarios de Pedro Sánchez han puesto boca arriba las cartas de la «plurinacionalidad» y el inexistente «derecho a decidir» en las negociaciones preliminares de la investidura. Y cuando, oficialmente, Sánchez ni siquiera es aún candidato, sino que deberá esperar a que pase Alberto Núñez Feijóo.

El movimiento del PNV evidencia que, si Sánchez consigue el plácet de Carles Puigdemont para seguir en la Moncloa, España se adentra en una legislatura de la que la cuestión territorial será la clave de bóveda.

Independentistas y nacionalistas se impacientan. La legislatura pasada, las urgencias motivadas por las crisis del coronavirus y de la guerra de Ucrania dejaron las reivindicaciones territoriales fuera de la agenda política del Gobierno. Y permitieron al PSOE ir saltando casillas mediante evasivas y concesiones intermedias (que no menores), como los indultos, la derogación del delito de sedición y la inclusión de todas las formaciones separatistas, incluso Bildu, en la comúnmente conocida como la Comisión de secretos oficiales del Congreso.

Pero ahora los socialistas son conscientes de que deberán meter la cabeza entre esas fauces. Aunque ellos prefieren llaman a ese proyecto «una España de derechos y libertades, diversa, plural y que respeta las diferentes identidades», en palabras de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. El líder del PSC, Salvador Illa, habla siempre de «garantizar la convivencia».

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dio la bienvenida a la iniciativa de Urkullu: «Todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio y acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional», afirmó. Y Yolanda Díaz abrazó con entusiasmo la idea. Porque, a su juicio, España tiene que avanzar en «dos carreteras» en esta legislatura: «La agenda social y la agenda territorial».

Uno tras otro

«Nos comprometemos con que en el Estado español no haya gobierno de la derecha. Ahora, la izquierda en el Estado español tiene que entender que eso tiene una lógica contrapartida política. Las agendas de las izquierdas plurinacionales tienen que verse satisfechas en este bloque de legislatura», señaló esta semana el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en la radio vasca. Quid pro quo.

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha puesto como precio un «nuevo estatus» para Galicia que permita su reconocimiento como nación. Para ERC, el «marco» sigue estando en la amnistía y la autodeterminación, como reiteró este jueves la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà. Y lo mismo para Junts, que ayer reunió a su cúpula en Altafulla (Tarragona) y acordó que, el próximo martes, será Puigdemont quien explique las condiciones de su partido. Aunque a nadie pillarán por sorpresa, y menos aún en la Moncloa y Ferraz.

Un guion ya escrito

En realidad, el guion de algún tipo de consulta en Cataluña lleva tres años y medio escrito, desde enero de 2020. Lo está en el acuerdo que Sánchez alcanzó con ERC en su anterior investidura, por el que sus 13 diputados se abstuvieron. En ese pacto, el líder socialista se comprometió a constituir una «mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos» a la mayor brevedad y a una consulta futura: «Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político», según el documento, fechado el 2 de enero de 2020.

En el caso vasco, la pugna entre el PNV y Bildu por recoger el testigo del independentismo catalán viene condicionada y espoleada por la cercanía de las elecciones autonómicas, en 2024. Los de Ortuzar ya dejaron el primer recado a Sánchez en la pasada campaña electoral, cuando la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno le acusó de tener una «pulsión recentralizadora» y al Estado de «okupa» por «ocupar el espacio de la legislación autonómica».

La «federalización asimétrica» por la que abogó Urkullu en su artículo provocó la rápida reacción de otras comunidades. «Andalucía conquistó su autonomía por la misma vía que el resto de las comunidades históricas y eso hay que respetarlo. Está bien dialogar para avanzar en autogobierno, como plantea Urkullu, pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución», advirtió el presidente andaluz, Juanma Moreno. «Si los cambios son para beneficiar a tres comunidades, generaría desigualdades», alertó el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

Y todo, precisamente ahora que Feijóo trata de colocar en el centro de la agenda la igualdad de los ciudadanos y de las comunidades. Lo contrario a la amnistía, el referéndum de independencia y los privilegios presupuestarios, como enumeró este jueves en un mitin junto a Isabel Díaz Ayuso. «Eso tiene un nombre: desigualdad», zanjó.