El Poder Judicial inaugura su curso con el Supremo al límite, el TC controlado por Sánchez y el CGPJ sin renovar

El Poder Judicial inaugura este jueves un nuevo curso marcado por el debate político y social que se ha suscitado después del endiablado resultado de las pasadas elecciones del 23-J y una vez que Junts –el partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo en Bruselas– haya exigido una ley de amnistía para el próces catalán de 2017, como requisito imprescindible ante una futura y eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El solemne acto del Supremo (TS), con el que cada mes de septiembre se da por abierto el Año Judicial español, estará presidido por el Rey Felipe VI. Bajo la atenta mirada del Jefe del Estado, intervendrán el fiscal general, Álvaro García Ortiz, para presentar la memoria de actividades del Ministerio Público en 2022, y el presidente interino del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, para abrir el nuevo año judicial, tras cederle su compañero al frente del CGPJ, Vicente Guilarte, la misión de dirigirse a la sociedad española, ante las autoridades que asistirán a la cita, para reflexionar sobre la anomalía en la que se encuentran sumidas nuestras instituciones fruto del caos político.

Precisamente, mientras la situación de bloqueo en torno la renovación del CGPJ que, debería haberse producido el 4 de diciembre de 2018, continúa prorrogado un año después de la dimisión de Carlos Lesmes, anunciada tal día como hoy hace doce meses, y las consecuencias que ha provocado la inestabilidad política y los pactos y exigencias de los separatistas, centran la preocupación de una Justicia bajo mínimos que asiste, con honda preocupación, a las maniobras que durante los últimos cuatro años se han perpetrado desde la Moncloa para tratar de controlarlo.

No en vano, durante la pasada legislatura, el Gobierno ha permitido que sus socios de coalición de Podemos atacasen a jueces y fiscales cada vez que se hacía pública una sentencia que no se ajustaba a sus expectativas y consintió todo tipo de despropósitos como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, sin solución de continuidad desde el Departamento de Justicia. Un hito que inauguraba una de las etapas institucionalmente más oscuras para el Ministerio Público en la historia reciente de nuestro país.

El espectáculo tan sólo ha sido superado por el bloqueo impuesto al CGPJ en materia de nombramientos discrecionales de jueces y magistrados; el intento de reducir, con una enmienda por la puerta de atrás, la mayoría parlamentaria de tres quintos necesaria para renovarlo; y, la reforma del Código Penal a la carta que eliminó de nuestro ordenamiento el delito de sedición, y rebajó la malversación, para favorecer a los socios de Sánchez de los que dependió, y vuelve a depender, su investidura.

El CGPJ resiste las injerencias

La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, significó un cambio de paradigma institucional en el que los principales entes, organismos o empresas vinculadas al sector público pasaron a estar controlados por el Gobierno, en mayor o menor medida, a través de personas afines al PSOE. En los últimos cuatro años, más de veinticinco entidades de la Administración han quedado colonizadas por los socialistas.

Sin embargo, y pese a los intentos del Ejecutivo, hoy en funciones, por controlarlo, el Consejo es casi un oasis en medio del desierto de la anomalía institucional. Aunque, cabe recordar, que desde marzo de 2021, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021 impulsada, vía exprés, por PSOE y Podemos en el Parlamento, el CGPJ ha quedado bloqueado en su función constitucional para realizar nombramientos discrecionales de jueces, mientras se encuentre en funciones prorrogadas.

Así las cosas, la agonía a la que de manera indirecta y por este motivo se ha sometido, entre otros tribunales, a un Supremo que funciona sólo al 70% de su capacidad, era la principal baza de presión del Gobierno a la oposición del Partido Popular, en los últimos meses, para forzar la renovación del máximo órgano de los jueces y consumar el vuelco del mismo hacia una mayoría de izquierdas. Eso sí, sin modificar antes el sistema de elección de los vocales que lo conforman para despolitizarlo, tal y como nos pide Europa.

Un Supremo al borde del caos

La situación interna del Supremo es agónica sin que, por el momento, sea posible cubrir el cada vez más preocupante número de plazas vacantes que afectan ya al más de un tercio del total de la plantilla que la ley prevé para su correcto funcionamiento. Bajo la mesa, la estrategia de un PSOE que, desde su llegada al poder, busca «pudrir» el Alto Tribunal y, con ello, obligar al PP a negociar una nueva composición del CGPJ y –por extensión– habilitar la incorporación de magistrados de perfil afín a sus expectativas.

Así las cosas, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y la Cuarta de lo Social acumulan carencias de todo punto insostenibles que llevan meses condicionando la operatividad real del Alto Tribunal. El propio CGPJ se veía obligado a asumir las competencias de la Sala de lo Militar, con carácter extraordinario, tras la retirada de su presidente, Carlos Melón Muñoz, que pasó el pasado octubre a situación de reserva.

Y, todo ello, mientras Sala Primera de lo Civil suplicaba al Ministerio el nombramiento de cinco magistrados ante el riesgo de no poder dar una respuesta adecuada a la «avalancha» de recursos «si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo»; y, la Segunda, de lo Penal, se sumaba a las anteriores por idénticas causas.

El TC a favor de los planes de Sánchez

El Constitucional, aunque no Poder Judicial, renovado a la medida de Sánchez, decidía adelantarse a la vuelta del curso político, esta misma semana, pisando el acelerador jurídico a fondo para resolver las causas más polémicas del Gobierno en funciones, antes de que se produzca la sesión parlamentaria en la que, por encargo del Rey Felipe VI, Alberto Núñez Feijóo tratará de conformar un Ejecutivo para la próxima legislatura.

El primer orden del día de las Salas y el Pleno del órgano, tras el verano, recogía algunas de las cuestiones más delicadas para el todavía Ejecutivo. Entre ellas, la posible inconstitucionalidad de la ley de la eutanasia, el polémico recuento de los votos nulos de Madrid –denegado por la Junta Electoral Provincial y el propio Supremo– o la situación procesal del expresidente catalán, y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención y entrega en nuestro país, han puesto precio a la lealtad de su presidente, Cándido Conde-Pumpido con los intereses socialistas.

Por ello, el veterano jurista no ha dudado en instar, con la mayor celeridad, el recurso presentado por la Fiscalía, este mismo lunes, contra la decisión de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso del líder de Junts y de su exconsejero Toni Comín contra las dictadas por el Supremo (TS) en el marco de la causa del 'procés' y que están, actualmente, vigentes. Un asunto de vital trascendencia que ha enfrentado, irremediablemente, a los bloques de la izquierda y conservador de una Corte que, en último término, tendrá que pronunciase sobre la legalidad de una amnistía y acerca del encaje constitucional de un referéndum pactado con los separatistas.