El Supremo tendrá la última palabra en la aplicación de una futura amnistía a Puigdemont

La solemne apertura del Año Judicial en el Supremo, este jueves, reunía en la sede del alto Tribunal a la cúpula del Poder Judicial y a numerosos representantes del escenario político, por primera vez desde que se celebraran las elecciones generales del pasado 23-J y con la posibilidad de que el Gobierno en funciones reedite su mandato, durante la próxima legislatura, con el apoyo expreso de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, a una futura y eventual investidura de Pedro Sánchez. El precio a pagar, la amnistía. Una herramienta excepcional que no está recogida de manera expresa en nuestra Constitución y que cuenta con la oposición de la mayor parte de los operadores jurídicos.

Sin embargo aunque el mecanismo llegue a aprobarse en sede parlamentaria, e incluso una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma no será de aplicación inmediata. El TS tendrá que determinar, con la misma en la mano, si procede beneficiar –de acuerdo al principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable al reo– a los cabecillas políticos del procés. Y, en su caso, si procede hacerlo para todo los enjuiciados y condenados en firme, como Oriol Junqueras y los ex consejeros de Esquerra Republicana (ERC); o, si además, correspondería un perdón anticipado para los reclamados por malversación y huidos de la Justicia, como el propio Puigdemont.

No en vano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya declaró que el Supremo español era el órgano competente para juzgar la causa especial del referéndum ilegal del 1-O y, por lo tanto, decidir si en el caso de que el Parlamento, previa exigencia de los separatistas catalanes a Pedro Sánchez, apruebe una ley de amnistía 'a la carta', ésta afectaría a los independentistas catalanes de Junts y ERC.

Para ello, cuenta con una doble vía: en primer lugar, acudir al Constitucional (TC), para que determine si el nuevo texto legal se ajusta al marco de nuestro ordenamiento jurídico; y, en segundo término, dirigirse de nuevo ante sus colegas europeos del TJUE para que determinen si dicha futura y eventual ley le obligaría a archivar el requerimiento vigente contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de los responsables políticos independentistas que, hasta ahora, se han sustraído a la acción de la Justicia.

En el caso del Constitucional, el magistrado instructor Pablo Llarena podría plantear una cuestión prejudicial, similar a la que ya elevó a Bruselas sobre la vigencia de las euroórdenes dictadas, y actualmente latentes, contra Puigdemont y su exconsejero Toni Comín.

Mientras tanto, tal y como avanzó El Debate en primicia, el Alto Tribunal esperará a resolver sobre la petición de la Fiscalía del Supremo que instó al magistrado a reactivar la orden europea de detención y entrega para ambos expolíticos hasta que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) (que retiró la inmunidad parlamentaria de la Eurocámara) no sea firme. Y es que éste mes de septiembre finaliza el plazo legal para que los abogados de los separatistas recurran esta decisión que, de confirmarse, sería firme y desplegaría efectos inmediatos.

El magistrado instructor del 1-O no moverá ficha hasta tener sobre la mesa la decisión definitiva de la Justicia europea sobre la protección parlamentaria del expresidente de la Generalitat. Un escenario que, sin embargo, no estará resuelto, como muy pronto, hasta finales de año, resuelta la investidura o convocadas nuevas elecciones. De ahí las prisas del Gobierno en funciones por aprobar, vía exprés, la ley de amnistía que consiga neutralizar, por adelantado, un nuevo revés del TJUE.