El Constitucional suma 6.000 causas pendientes al colapso de los tribunales por la parálisis política

El colapso de la Justicia suma un nuevo miembro, el Tribunal Constitucional (TC) cerró 2022 con un 11% más de asuntos admitidos pendientes de sentencia, un total de 6.500 más que en 2021, según consta en la Memoria Anual de la Corte de Garantías que este miércoles presentaba su presidente, Cándido Conde-Pumpido, al rey Felipe VI en Zarzuela. Pese al plan de choque confeccionado por el jurista allego tras su llegada al cargo, y al balance de sus primeros seis meses de mandato, en el que presumía de los resultados del órgano en sus causas más política, el TC se suma al resto de altos tribunales de nuestro país como fruto de la parálisis política.

Un escenario que se ha convertido en crítico para el Supremo, pero que también complica el día a día de la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales y los tribunales superiores de Justicia, se deben al bloqueo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogado desde 2018.

Pese a que dicha prohibición fue específicamente reformada, en sentido contrario, para permitir al Consejo la renovación del Constitucional, a la medida del PSOE y sus socios separatistas, las cifras no acompañan a Conde-Pumpido, que asumió la Presidencia del TC el pasado enero, frente al mandato de su predecesor, el conservador Pedro González-Trevijano.

Eso sí, el que fuera exfiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero ha resuelto, en todo este tiempo, algunas de las cuestiones más polémicas a favor del socialismo: la ley del aborto, la eutanasia, la validez de los decretos ley de Sánchez como herramienta legislativa pese a su carácter extraordinario, la ley Celáa para la reforma educativa,...

Sin embargo, lejos de la propaganda y el foco mediático, la Corte de mayoría de izquierdas que asoma como la última instancia a pronunciarse ante una futura y eventual ley de amnistía, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, se encontraba a finales de 2022 con un 11% más de causas en cola, pendientes de una resolución definitiva, por lo común en forma de sentencia. Un total de 283 asuntos frente a los 254 de 2021 y para el mismo período.

De los 283 pendientes en 2022, 63 eran recursos de inconstitucionalidad, 12 eran cuestiones de inconstitucionalidad y 207 en recursos de amparo. Y, otros 6.328 estaban pendientes de admisión (6.312 demandas de amparo, 5 recursos de inconstitucionalidad y 11 cuestiones de inconstitucionalidad) frente a los 4.960 de 2021, lo que se traduce en un incremento del 27%.

Así las cosas, en el resumen de más de 250 folios emitido por la Corte de Garantías, su actual presidente explica cómo, en 2022, el TC «ha ido retomando con normalidad el curso de sus actividades jurisdiccionales». «Se ha seguido la tendencia creciente del pasado ejercicio, y durante 2022 la demanda ciudadana de justicia constitucional ha continuado avanzando a los números previos a la pandemia», apunta, obviando que las cifras no son nada tranquilizadoras.

En este sentido, precisa que si en 2021 se registraron 8.370 nuevos asuntos jurisdiccionales, en 2022 esta cifra ascendió a 8.591. Si embargo eso supone, apenas un 2% más que no justificaría esa mayoría de asuntos rezagados de los que «unos 8.370, fueron demandas de amparo».

Menos recursos de inconstitucionalidad

Por su parte, el informe del TC asegura que, frente a la tendencia general de la Corte, los recursos de inconstitucionalidad presentaron una «ligera reducción» con respecto al año anterior (36 en 2022, 39 en 2021), al igual que sucedió con las cuestiones de inconstitucionalidad (27 en 2022 frente a las 35 de 2021).

Respecto al volumen de resoluciones dictadas, Conde-Pumpido indica que en 2022 el tribunal dictó 7.606, de las cuales 151 fueron sentencias, 178 autos y 7.277 providencias definitivas. En el caso de las sentencias, 70 de ellas fueron dictadas por el Pleno y 81 por las Salas; 34 de las mismas sentencias se pronunciaron en procesos de inconstitucionalidad (13 en recursos y 21 en cuestiones previas) y 117 en procesos de amparo.

En la Memoria consta que en los recursos de amparo se abordaron, con carácter general, asuntos relativos a presuntas vulneraciones de delitos de igualdad, integridad física y moral, libertad ideológica, intimidad y secreto de las comunicaciones, libertad de expresión e información, ejercicios de funciones representativas y participación en asuntos públicos, así como tutela judicial efectiva, garantías procesales y libertad sindical.