Conde-Pumpido presume de gestión al frente del TC: ​el PP no ha ganado ningún recurso contra las leyes de la izquierda

Ya ha pasado más de medio año desde que, el 11 de enero, Cándido Conde-Pumpido resultase elegido presidente de un Tribunal Constitucional renovado a la medida de Pedro Sánchez. Un par de visitas a la Moncloa y el aval de la mayoría zurda de la Corte de Garantías fueron suficientes para aupar al veterano jurista gallego a su cargo, en contra de la candidatura de su compañera María Luisa Balaguer. Desde entonces, y hasta la fecha, bajo su batuta se han aprobado un total de 85 sentencias: ninguna ha dado la razón al Partido Popular en las cuestiones de mayor «relevancia jurídico-política, social y económica». Los populares han perdido, en seis meses, los siete recursos de inconstitucionalidad –antiguos o recientes– planteados contra las leyes más ideológicas de la izquierda.

Recurso contra la ley 'Aído' del aborto

Más de trece años después de que un grupo de diputados del PP plantease un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ley 'Aído' del aborto. El 9 de mayo de 2023 se convertía en la fecha en la que un TC dividido, por siete votos frente a cuatro, consagraba el aborto en España como un «derecho» que las mujeres pueden ejercer «libre y voluntariamente» durante las primeras 14 semanas de gestación –tal y como recoge el ya validado sistema de plazos de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–.

De poco o nada sirvieron los intentos de los populares por recusar a varios de los magistrados de la Corte que, de una u otra manera, habían participado en la confección del texto o informado sobre el mismo. Tampoco se admitió, en una situación inédita en el seno del órgano de garantías, la abstención de la magistrada Concepción Espejel que se autoexcluyó de la causa dado que no era imparcial en la misma.

El Consejo de Administración de RTVE

También en mayo de este año, el TC de Conde-Pumpido rechazaba el recurso del PP contra la renovación urgente del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) y su presidente, descartando que, como sostenían los populares, no existiera una situación de «extraordinaria urgencia y necesidad» como aseguraba el Gobierno. Así las cosas, tras validar el decreto gubernativo con el que se dio forma al trámite con la llegada de los socialistas al Ejecutivo, el Constitucional concluyó el que, junto con la ley del aborto, era uno de sus casos más antiguos.

El Pleno del TC respaldaba la validez del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concretó, no exento de polémica, el régimen jurídico exprés aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación audiovisual. Cabe recordar que, si embargo, quedaron fuera del enjuiciamiento de la Corte varios artículos de la norma que ya habían sido anulados por un fallo previo de 2021 en el que el TC sí advirtió de razones incompatibles con nuestro ordenamiento.

Barra libre para el juramento de la CE

Tampoco resultó favorable al Partido Popular la posición mayoritaria del Constitucional en el recurso de amparo sobre las fórmulas de promesa o juramento de la Constitución en la primera legislatura de 2019 (STC 65/2023, de 6 de junio).

En una sentencia de la que era ponente la magistrada María Luisa Segoviano, la Corte –con cuatro votos en contra y una abstención– resolvía el recurso de amparo presentado por ocho diputados elegidos en las listas del Partido Popular al Congreso quienes impugnaron el acuerdo de la presidenta de la Mesa de la Cámara, Meritxell Batet, en la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del 21 de mayo de 2019, de tener por debidamente prestado el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y, por tanto, adquirida la condición plena de diputados de otros veintinueve representantes electos que utilizaron fórmulas añadidas a la expresión base «sí juro» o «sí prometo».

«Asimismo y en cumplimiento del plan de trabajo, anunciado por el presidente en el Pleno Gubernativo del 17 de enero de 2023, para acelerar la resolución de asuntos, también se han aprobado sentencias relativas a los asuntos de mayor repercusión social, política y económica», presume Conde-Pumpido en una nota oficial remitida por el TC este miércoles.

Se trata de los recursos de inconstitucionalidad «contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la Eutanasia (STC 19/2023, de 22 de marzo)» y «contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (STC 49/2023, de 10 de mayo)», reza el comunicado de la Corte.

La ley 'Celáa' para la reforma educativa

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) –de mayoría progresista– rechazaba la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez sobre el inicial recurso de Vox contra la conocida como 'ley Celaá' porque respaldaba la norma salvo en dos cuestiones –el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y en centros de educación especial–, encargando al ponente que elaborase un nuevo borrador para dar luz verde a la norma en su totalidad.

Con esta decisión, el TC cerraba la puerta a la impugnación formulada por la derecha contra lo que consideraba «la parte más sectaria de la ley», en lo que afectaba a su relación con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.

El derecho de morir 'a la carta'

El macro Pleno celebrado por la Corte de Garantías, con Cándido Conde-Pumpido al frente, en marzo de este mismo año, daba el visto bueno a una polémica norma sobre la eutanasia que había sido recurrida tanto por el Partido Popular como por Vox. Entre fuertes discrepancias internas de la Corte, como ya sucediera en el caso de la «ley Aído» del aborto, el voto mayoritario de la izquierda era determinante para salvar el texto del Gobierno de Pedro Sánchez «creando nuevo Derecho Constitucional» a morir.

La ponencia, obra del magistrado Ramón Sáez, del bloque zurdo del órgano, defiende «en una construcción creativa» de la cuestión, que es «obligación del Estado» hacer factible la voluntad de cualquier persona «a poder morir» cuando lo desee. Esto es, una especie de muerte 'a la carta' que, según la interpretación del jurista, queda reconocida por la propia Constitución en el «derecho de autodeterminación» de los individuos y en el hecho de que la libertad sea el «valor superior del ordenamiento».

Y una vez reconocido este «derecho de autodeterminación», correlativamente, nace la obligación de «habilitar las vías legales necesarias para permitir la ayuda de terceros que sea precisa» para que todo aquel que se encuentre en una de las circunstancias previstas «pueda ejercer su derecho a decidir sobre su propia muerte en condiciones de libertad y dignidad».

El Pleno también ha dictado sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana –plusvalía- (STC 17/2023, de 9 de marzo) y contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (STC 18/2023, de 21 de marzo).

En ambos casos, tampoco los populares han tenido más éxito que en las causas anteriores. El TC ha dado la razón a la izquierda no sólo en las materias reguladas sino, además, en las fórmulas jurídicas elegidas para ello.

Conde-Pumpido también ha sacado pecho por la aprobación y puesta en marcha el «Plan de choque» para agilizar la tramitación y resolución de los recursos de amparo (Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 15 de marzo), con el fin de poner al día en un plazo de seis meses la tramitación de los mismos, que se encontraba seriamente retrasada. En este sentido, «el Tribunal ha dictado hasta la fecha 5.067 resoluciones (sentencias, autos y providencias)», asegura.