Vox quiere forzar a la Comisión Europea a pronunciarse sobre la posible amnistía de Sánchez a los golpistas

La amnistía requerida por el expresidente golpista fugado Carles Puigdemont como una de las condiciones para empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno podría debatirse en una de las comisiones de la Unión Europea.

Vox está trabajando en una serie de documentos para solicitar a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la legalidad de la amnistía dentro del marco europeo.

Existe un precedente semejante: Rumanía. En 2019, la Comisión presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker llamó la atención a Bucarest por la pretensión de aprobar una ley de amnistía para determinados corruptos.

Ya por entonces se consideró un riesgo para el Estado de derecho de la Unión Europea y todo apunta a que podría seguir la misma línea con la amnistía a los golpistas catalanes.

La presentación de las medidas ya ha sido coordinada con el grupo ERC (European Conservatives and Reformists) y Vox cuenta con el apoyo total. Entre sus socios se encuentran partidos de gobierno de países que entienden la problemática y lo que supone para la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Subvertir el Estado

La aprobación de la amnistía no solo es una violación del principio de igualdad en un Estado de derecho, sino que deslegitima en sí misma el sistema que la permite.

Tal y como señalan en un texto explicativo entregado a todos los eurodiputados, «admitir la amnistía penal en un Estado democrático de Derecho conculca el principio de igualdad ante la Ley, cimiento de una sociedad democrática moderna y constituye, posiblemente, uno de los más groseros actos de arbitrariedad que puede realizar un gobernante; usurpando, además, al Poder Judicial su competencia constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, poniendo fin de este modo al principio de la división de poderes del Estado».

Ursula von der Leyen ha trabajado desde que es presidenta de la Comisión Europea para vender la idea de que ella ha protegido fielmente el cumplimiento del Estado de derecho en toda la Unión. Como consecuencia de esto, se ha enfrentado abiertamente a Polonia o a Hungría pero sobre temas que no tienen nada que ver con lo primero y mucho con una persecución política interna por cuestiones ideológicas o educativas.

Cuáles son los valores de una nación, un pueblo o un gobierno no es cuestión de derecho. En cambio, una amnistía sí lo es. Es en este sentido lo que Vox reclama y espera conseguir.

Si la Comisión se pronuncia al respecto, tendrá que avisar al Gobierno de España. Si el Gobierno hace oídos sordos y se empeña en seguir ese camino, se podría abrir un proceso de infracción con el agravante de que es Pedro Sánchez el actual presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea. Sería un hecho sin precedentes.

Por el momento, el grupo europeo de Vox liderado por Jorge Buxadé ha pedido un debate en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) sobre el Estado de derecho en España. El próximo 19 de septiembre se sabrá si se acepta y el 20 se llevaría a cabo la votación de todos los diputados de la comisión si se diera el caso de que los coordinadores rechazaran el debate.

Vox pedirá que «voten todos los diputados de la comisión con el fin de que sirva para conocer la postura de cada uno». «Que se retraten», señalan desde la formación.