El caso de amnistía en Rumanía con el que la Comisión Europea no titubeó para ponerle freno

Los españoles estamos solos ante el nuevo laberinto creado por los separatistas en connivencia con el Gobierno de Pedro Sánchez y aliados.

Los resultados de las pasadas elecciones han puesto de nuevo al frente de la actualidad política a Junts. Las exigencias impuestas por Carles Puigdemont para sentarse a negociar parece que han sido asumidas como propias por parte de los socialistas. Muestra de esto es el argumentario vertido en diversos medios de comunicación en los últimos días.

La más que posible amnistía a los golpistas catalanes parece seguir su curso mientras la calle se calienta en aras de una movilización instigada por el Partido Popular, Vox y asociaciones como Sociedad Civil Catalana.

Algunos analistas y políticos han realizado el enésimo acto de fe confiando en que la Unión Europea saliera en defensa de la Constitución española y del cumplimiento del Estado de Derecho en uno de los Estados miembros. España es el cuarto país en peso demográfico e industrial.

Nada más lejos de la realidad. En respuesta a El Debate, la Comisión Europea ha respondido este jueves que su posición «es bien conocida en este tema» y que es un «asunto interno español», por lo que tendrá que solventarse «en función de las reglas españolas y de su Estado de Derecho».

Comparaciones odiosas

Existe un precedente exactamente igual y bajo las mismas condiciones. Año 2019. El luxemburgués Jean-Claude Juncker se encontraba a la cabeza de la Comisión cuando llamó la atención de manera severa a Rumanía por el intento de aprobar una amnistía para determinados corruptos: «de otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho», declaró. «Lo que es esencial se vería afectado negativamente si hubiera una amnistía», añadió.

Incluso el excomisario y vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans no titubeó a la hora de frenarlo en seco: «Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos». No había lugar a la duda, no así ahora.

En ese momento, Rumanía también ocupaba la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El gobierno cedió a las presiones de Bruselas. Si no hubiera intervenido, numerosos políticos se hubieran visto beneficiados por la reforma que se estaba tramitando y, en particular, Liviu Dragnea, el líder del Partido Social Demócrata (PSD). Aunque su partido estaba en el Gobierno en ese momento, Dragnea no podía ocupar el cargo de jefe del Ejecutivo debido a una condena previa que le impedía hacerlo.

En mayo de 2019, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo, se llevó a cabo un referéndum cuyo resultado mostró que el 80 % de los votantes estaba en contra de esas reformas. Al día siguiente de la votación, el Tribunal Supremo rechazó un recurso presentado por Dragnea y confirmó su condena de tres años y medio de prisión por corrupción.

En España no se ha permitido a la población mostrar su opinión al respecto. Ni con este ni con otros tantos temas de relevancia nacional que son pactados en despachos controlados por los separatistas, sea del signo que sean. Si la actual Comisión con Ursula von der Leyen al mando sigue poniéndose de perfil, lo más probable es que el plan separatista continúe sin mayor problema.

Por el momento en Europa Vox está haciendo todo lo posible para que se apruebe un debate al respecto en la comisión de derechos y libertades civiles (LIBE) y espera que sirva para que los comisarios y responsables se retraten.

Si la amnistía sigue su cauce habitual sin freno, sería un escándalo europeo e internacional: por primera vez en la historia de Europa, un gobierno que ocupa la presidencia de la Unión Europea aprobaría una ley de amnistía en contra del propio Estado de Derecho de la Unión.