La Justicia europea recibe el recurso de Puigdemont contra la retirada de su inmunidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya tiene en su poder el recurso que han presentado Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en relación a la retirada de su inmunidad. El Tribunal General (TGUE) falló en su contra el pasado mes de abril y el abogado de los tres eurodiputados, Gonzalo Boye, registró su impugnación contra la sentencia, en el último día del plazo legalmente previsto para hacerlo.

Por el momento, y según ha trascendido de fuentes jurídicas, tan sólo se trata de un recurso formal contra el fallo del Tribunal General en el que no se ha incluido la solicitud de medidas cautelares. La defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí se ha reservado la posibilidad de hacerlo más adelante, para los dos primeros procesados por sendos delitos de malversación agravada y desobediencia, ya que, por el momento el juez instructor de la causa española en el Supremo, Pablo Llarena, no tiene intención de reactivar la euroorden que pesaba sobre ellos hasta el pronunciamiento, en firme, de esta máxima instancia europea.

Ahora, el Tribunal de Justicia de la UE tiene todos los papeles para determinar si la retirada de la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí fue correcta. Si confirma lo acordado por el Tribunal General, estaría más cerca la posible entrega a España de los exlíderes políticos del procés y su rendición de cuentas ante la Justicia española, aunque los prófugos ya han comentado en alguna ocasión su intención de llegar con su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, lo que podría demorarse entre tres y cuatro años más.

Una maraña judicial que llega a su fin

El pasado mes de junio, el varapalo del TGUE desmontó todas y cada una de las alegaciones formuladas por los tres eurodiputados, ahora recurrentes, en especial la que hacía referencia a que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de sus miembros. Un nuevo escenario en el que se despejaba, en parte, el camino para que el juez Llarena pudiese reactivar las órdenes de entrega y detención europeas (OEDEs), tal y como ha instado la Fiscalía del Alto Tribunal, que estuvieron vigentes hasta el enero y que el magistrado dejó provisionalmente sin efecto a la espera de que se resolvieran dos cuestiones clave sobre la situación jurídica de los fugados.

La primera era la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial que l propio magistrado español elevó a sus colegas europeos para centrar el alcance de las euroórdenes, toda vez que los jueces belgas se negaran a entregar al ex consejero Lluís Puig pese a que su situación procesal se desmarca de la de Puigdemont, Comín y Puig porque no es eurodiputado.

El TJUE removió este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las OEDEs no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

La segunda incógnita a despejar era el fallo del 5 de julio sobre la inmunidad y los suplicatorios. En consecuencia, la Fiscalía pidió a Llarena poco después que recuperara las OEDEs contra Puigdemont y Comín, pero el instructor respondió que no lo haría hasta conocer, precisamente, si recurrían al TJUE y en qué términos. Esto es, hasta asegurarse de que, en ningún caso, con mecanismos jurisdiccionales posibles, ningún tribunal comunitario podría volver a descartar una entrega de los prófugos para responder ante el Supremo español.

En concreto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que podían pedir al TJUE que les devolviera cautelarmente la inmunidad como eurodiputados. Que es, precisamente, lo que acaba de suceder y, así las cosas, de producirse una respuesta positiva por parte de la Corte europea, Llarena se vería obligado a paralizar las nuevas OEDEs que se hubieran dictado.

Además, cabe recordar que, una vez vigentes las OEDEs, son los jueces belgas quienes tienen que acordar la detención y entrega de Puigdemont y sus antiguos consejeros. Desde el Supremo no se descarta la posibilidad de que vuelvan a aducir «razones banales» para no enviarlos a España, lo que podría obligar a Llarena a plantear una nueva cuestión prejudicial, con las dilaciones consecuentes.