El Supremo obliga a Marlaska a anular los nombramientos que impidieron a Pérez de los Cobos ascender a general

El Supremo (TS) ha decidido, por segunda vez, este martes, sobre los recursos presentados por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en esta ocasión, contra la decisión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no proponer al Consejo de Ministros su ascenso a general de Brigada, como correspondería de acuerdo con sus méritos profesionales y, toda vez que, el todavía coronel quedó en el puesto número uno del escalafón de candidatos que solicitaron su promoción.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal no ha dado por buenos los argumentos de Marlaska que sostenía que el ascenso de coronel a general no se corresponde, necesariamente, «por el orden de evaluación» que realiza el Consejo Superior de la Guardia Civil, un órgano colegiado asesor y consultivo que forma parte de la Dirección General del Instituto Armado, ya que la decisión final «depende de las necesidades y requisitos para los puestos que hay».

Muy al contrario ha estimado, íntegramente, los tres recursos planteados por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos contra los tres Reales Decretos de nombramiento de generales de dicho Cuerpo, de octubre de 2021, al considerarse relegado en los ascensos recogidos en los mismos a los él que alegaba tener derecho.

El Tribunal, «en los términos pedidos en las demandas», ha «acordado la anulación de los nombramientos anteriores» y «ordenado la retroacción de los procedimientos para que se emita el informe del director general de la Guardia Civil previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que regula las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de General de Brigada y de Coronel».

Ésta ha sido la segunda derrota de Marlaska en un frente judicial contra Pérez de los Cobos al que ya se vio obligado a restituir en su puesto de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, tras cesarle en mayo de 2020, al asegurar que se había producido una «pérdida de confianza» en el militar.

Segundo varapalo al ministro de Interior

Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020, un domingo por la noche, pocos días antes de que se decretase el primer estado de alarma por la COVID-19 y de que agentes de la Comandancia de Madrid iniciaran una investigación –que posteriormente terminó archivada– a instancias de una juez, sobre la posible relación de causalidad de la manifestación feminista del 8-M de dicho año y la explosión de contagios en la capital.

Desde Interior, y según el propio coronel alegó en uno de sus recursos ante el Alto Tribunal, le obligaron a «informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva», a lo que él se negó. De ahí que su cese fuese una «directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal», como hubiera ocurrido en el caso contrario, ha sostenido siempre De los Cobos.

En un primer momento, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Celestino Salgado, declaró «ilegal» su cese al entender que la motivación aportada desde el Ministerio no era «real» o, como poco, no se ajustaba «a la realidad» de los hechos. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano judicial central dio la razón a la Abogacía del Estado, al considerar que no hubo «desviación de poder» en el Departamento liderado por Grande-Marlaska, ya que el puesto en cuestión debía entenderse en el marco de la discrecionalidad de la destitución de los cargos de libre designación de los oficiales.

Pero, finalmente, el pasado 28 de marzo, el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la primera sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional.

Tras conocerse el fallo del Alto Tribunal, Grande-Marlaska aseguró que acatarían la sentencia y le darían cumplimiento aunque sin renunciar, en ningún momento, a su relato sobre cómo la decisión de cesarlo estaba justificada por la pérdida de confianza sobrevenida en relación a la presunta filtración del informe de la Guardia Civil sobre el 8-M; y, al hecho de que el coronel no comunicase a sus superiores la práctica de dicha diligencia judicial, como sí había hecho anteriormente con otras novedades. Siempre según la versión del Ministro, en ningún momento desde la cúpula de Interior el interés fue conocer «el contenido» de dicho de dictamen.