Arranca un nuevo juicio contra los Charlines por blanqueo

El juicio al clan de los Charlines por blanqueo de las ganancias del narcotráfico entre 2003 y 2010 ha empezado este jueves en la Audiencia Nacional después de que las defensas pusieran en duda la validez del procedimiento planteando una serie de cuestiones previas, entre ellas la de cosa juzgada, al haber sido ya condenado el clan por blanqueo en 2003.

La vista oral ha comenzado con la petición de un abogado de eximir del juicio por una demencia sobrevenida a uno de los acusados, José Tato Arca, que podría haber actuado como testaferro en los negocios de blanqueo del clan, a lo que ha accedido el tribunal con el visto bueno del fiscal, por lo que son finalmente nueve las personas que sientan en el banquillo.

Tras escuchar las alegaciones de todas las defensas y al representante de la Fiscalía, que se ha opuesto a las cuestiones de nulidad planteadas, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar estos hechos, ha anunciado que resolverá cuando dicte sentencia y ha dado brevemente comienzo al juicio, que continuará el próximo 9 de octubre.

Una vez anunciada su decisión y antes de dar por terminada la sesión, el tribunal ha llamado a declarar a uno de los acusados, el abogado Roberto Adán Allo, que en la subasta de una depuradora de marisco intervenida a la familia representó a Natalia Somoza Charlín, nieta del patriarca del clan, Manuel Charlín Gama, que quedó fuera de esta causa debido a su fallecimiento en 2021, e hija de la también acusada Teresa Charlín Pomares.

A la subasta acudió su hija Natalia Somoza, que según el fiscal llamó la atención de los agentes de vigilancia aduanera al pujar 800.000 euros por la depuradora, y que finalmente le fue adjudicada, configurando así una de las operaciones de supuesto blanqueo que ahora se juzgan.

Roberto Adán sin embargo ha rechazado haber participado en ninguna actuación dirigida al blanqueo –si bien habría intervenciones telefónicas que así lo acreditarían– y ha explicado que, pese a que el Juzgado de lo Social sacó a subasta la depuradora supuestamente libre de cargas, al ir Natalia Somoza al registro a inscribir la depuradora a su nombre descubrieron que tenía una carga preferente y en eso se centró su intervención.

Además de las cuestiones previas, al inicio de la vista las defensas también han pedido al tribunal que acepte una serie de pruebas.

Si bien el fiscal no se ha opuesto a ello, ha considerado que existe mala fe en que se hayan aportado esas pruebas en este momento, dado que la causa ha estado 15 años en instrucción, por lo que ha solicitado al tribunal que tenga eso en cuenta a la hora de decidir.

En cuanto a la alegación de nulidad de las intervenciones telefónicas entre abogado y cliente, el fiscal ha recordado que no vulneran derechos fundamentales si el letrado figura entre los encausados, como es el caso de Roberto Adán.

Respecto a la alegación de dilaciones indebidas, el fiscal ha dicho que esta cuestión se debatirá en el juicio, a la vez que ha destacado la complejidad de este caso, que ha requerido el envío de comisiones rogatorias cuya cumplimentación se ha demorado en el tiempo.

Las principales peticiones de auxilio judicial se hicieron a China –donde el clan invirtió casi dos millones de dólares en una planta de transformación de productos del mar– y Suiza, donde la familia tenía cuentas sin declarar.