Yolanda Díaz, obligada a desvelar los gastos de todos sus viajes durante dos años que trató de ocultar

Su último viaje es el más polémico: acudir a Waterloo a reunirse con un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, para intentar convencerle de que permita la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una amnistía y, tal vez, un referéndum pactado. Unos hechos que han provocado una airada reacción de Felipe González o Alfonso Guerra y una denuncia de Sociedad Civil Catalana admitida ya por el Tribunal Supremo.

La controversia viajera persigue a Yolanda Díaz, una de las dirigentes que más advierte sobre las consecuencias del cambio climático y que, sin embargo, más queroseno quema, aunque luego quiera ocultarlo. Hasta ahora.

Porque una resolución formal del Consejo de Transparencia, en propiedad de El Debate, la «castiga» con dureza a acabar con meses de opacidad en todos los viajes realizados a cargo del Ministerio de Trabajo durante dos largos años, entre 2020 y 2022, de cuyos importes y conceptos se ha negado a dar cuenta desde el pasado mes de enero.

Así consta en la resolución 2023-0712 de 6 de septiembre, en la que desmonta el peregrino argumento sostenido hasta ahora por Díaz para esconder las facturas, alegando que era «abusivo» tener que dar cuentas de cuánto gasta en hoteles, taxis, comida o desplazamientos.

Díaz no quiere que se sepa cuánto se gasta en sus incesantes viajes, alguno al margen del Rey pese a ir al mismo destino

El CTBG ha recordado a Trabajo, amparando a este periódico frente a las acusaciones de la Vicepresidencia y Ministra de Trabajo, que para denegar el acceso público a este medio se «debe justificar, por un lado, el carácter abusivo de la reclamación, por incurrir en un abuso de derecho conforme al artículo 7 del Código Civil y, por otro, la ausencia de justificación en la finalidad de transparencia, sin que para ello resulte suficiente la persecución de un interés meramente privado».

El silencio de Yolanda Díaz

Así, el fallo del CTBG es contundente al resolver que ni hay una extralimitación en la reclamación de El Debate formulada con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo y no se puede considerar justificado el carácter abusivo de la solicitud, desautorizando así las decisiones de Yolanda Díaz, a quien reprende por señalar que la información pedida por este periódico era abusiva con voluntad de perjudicar y sin interés legítimo, llegando a señalar que «no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley». La enmienda a la totalidad que le hace el CTBG no ofrece dudas:

«Esta afirmación, ayuna de toda motivación, resulta abiertamente incompatible con el criterio de nuestras Cortes Generales consagrado en el preámbulo de la LTAIBG», refleja literalmente el varapalo a las pretensiones ocultistas de la titular de Trabajo, ya presentes en otras de sus actividades y costumbres viajeras, fundamentalmente por Hispanoamérica, territorio natural de los líderes populistas en cuyo espejo se mira.

Díaz vuelve a incumplir

De esta forma, deja claro que el Ministerio de Trabajo que dirige la Vicepresidenta debe informar acerca de las dietas y gastos de viaje tales como combustible, aviones, taxis y trenes, estancias en hoteles y comidas en restaurantes, todo ello cargado al Estado.

El Consejo de Transparencia, la máxima Autoridad Administrativa Independiente del Estado, obliga así por segunda vez en apenas dos meses a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz a hacer públicos datos relacionados con sus viajes, dándole en esta ocasión un plazo de diez días para explicarse que la ministra ya ha incumplido también.

No es la primera vez que la vicepresidenta resulta obligada a dar explicaciones, tras intentar ahorrárselas por todos los medios. Así ocurrió con el caso concreto de su ‘tour’ por Latinoamérica en el que aprovechó para reunirse con los líderes de la izquierda del llamado Grupo de Puebla en su camino a ser líder de Sumar, con la excusa de que todo ello servía «para ensanchar la democracia», informa Alicia Martín.

En ese caso, de nuevo, el CTBG abroncó a la vicepresidenta tras no explicar cuánto costó su viaje por Argentina y Uruguay el pasado invierno, porque aún no había echado las cuentas pertinentes y tampoco aportó la documentación que justificase su viaje, ni la relación del personal del Ministerio de Trabajo que cruzó con ella el Atlántico.

De hecho, reiteró que «existe una consolidada doctrina de este Consejo en la que se señala que conocer la identidad de las personas que acompañan a altos cargos en viajes oficiales sufragados con fondos públicos guarda una estrecha relación con la finalidad de la Ley de Transparencia por cuanto permite conocer «bajo qué criterios actúan nuestras instituciones» y «cómo se manejan los fondos públicos».

En este caso, ni siquiera es posible saber cuántos viajes y cómo los hizo Díaz como titular de Trabajo, aunque su modus operandi es el mismo que desplegó para irse a Uruguay o Argentina sin dar cuenta del gasto o a pasar la última Nochevieja en Brasil, en una expedición propia ajena a la que encabezaba el Rey para asistir a la toma de posesión de Lula da Silva.