Puigdemont pide apartar al juez Llarena de la causa del procés tras pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una amnistía

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont ha movido ficha tras ser preguntado por el juez instructor de la causa del procés si su último recurso ante la Justicia europea incluía la solicitud de medidas cautelares para recuperar la inmunidad parlamentaria que Europa le retiró el pasado junio. Una cuestión a la que también se ha opuesto el líder independentista en un segundo escrito registrado, este mismo martes.

Cuando todavía no ha concluido el plazo de diez días dado por el magistrado encargado de su procesamiento, Pablo Llarena para decidir si, como pide la Fiscalía, reactiva la orden de detención y entrega comunitaria del político separatista, Puigdemont ha recusado a Llarena ante el Supremo por pronunciarse sobre la teórica «constitucionalidad» de una eventual amnistía, en un acto celebrado el pasado 11 de septiembre.

Así las cosas, la defensa del líder de Junts ha insistido en un argumento que no es la primera vez que utiliza contra el magistrado: «Su absoluta falta de imparcialidad». Y es que, para desacreditar al juez Llarena, el letrado Gonzalo Boye, ha reflejado en su escrito, y siempre de acuerdo con lo publicado en «diversos medios de comunicación», cómo el jurista habría afirmado que «puede existir un cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible ley de amnistía» que «ni tan siquiera existe».

Un posicionamiento que, según Boye y su representado Puigdemont refleja un «apriorismo» de quien, llegado el caso, «debería pronunciarse sobre la misma si es que llega a promulgarse». Al hilo, también ha afeado al magistrado que dijese que habría que «mirar si la posible ley (de amnistía) es legítima o si se justifica».

«Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo pero parece ser que la falta de imparcialidad lleva al Excmo. Magistrado-Presidente a cuestionar, incluso, la legitimidad de las normas que puedan llegar a gestar, o no, los representantes de la soberanía popular», ha apuntado Puigdemont en su escrito.

Para la defensa, «ninguno de los planteamientos exteriorizados» por Llarena son «propios» de «quien está llamado a actuar con imparcialidad». Así las cosas, el expresidente ha insistido en que «es evidente» que en el instructor «concurren las causas de abstención - que no empleó- y de recusación» que ahora plantea ante la Sala Segunda de lo Penal para que le aparte del procedimiento que se sigue en su contra en el Supremo.

Puigdemont insiste, con esta maniobra, en una reclamación que ya esgrimió el pasado enero contra el magistrado que acordó procesarle por desobediencia y malversación, tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal con la que el Gobierno de PSOE y Podemos eliminó la sedición y rebajó las penas asociadas a la malversación.

Puigdemont indicó entonces que Llarena, para procesarle, se había 'saltado' la propia jurisprudencia del Supremo «creando» una situación ad hoc para los eurodiputados independentistas catalanes. Además, recordó casos de otros dirigentes políticos que pese a contar con auto de procesamiento fueron puestos en libertad tras ser elegidos como diputados o senadores. El Alto Tribunal rechazó de plano la petición «abusiva» del procesado.