Alan Riley: «Si el Gobierno se niega a cumplir las primas de las renovables, la factura la pagarán los contribuyentes»

Alan Riley, (Manchester, 1964) es investigador del Atlantic Council, uno de los think tanks más importantes del mundo. Docente en The City Law School de Nueva York, Riley está considerado como uno de los mayores expertos en el campo de la energía, lo que le ha llevado a asesorar a distintos gobiernos, a la Comisión Europea y al Consejo de Europa y a numerosas empresas multinacionales centradas en el sector energético.

Es conocido, además, por su influencia en las grandes conversaciones sobre las implicaciones geoestratégicas de la energía. Firme defensor del atlantismo, expone sus ideas con frecuencia en medios como el Wall Street Journal, el New York Times o el Financial Times. Asimismo, el profesor Riley interviene como experto de alto nivel en todo tipo de foros y conferencias sobre energía y relaciones internacionales.

–¿Por qué ha sido tan crítico con el impago del Gobierno español a los inversores en energías renovables?

–Si España se toma en serio la transición energética, no puede seguir dejando pendientes de pago sus obligaciones con los inversores en energías renovables. Esto supone ignorar decenas de sentencias judiciales que ordenan tales pagos desde los más altos tribunales de arbitraje internacional, a los que España está sujeta por tratados y convenios.

En ausencia de inversión extranjera, los contribuyentes españoles acabarían teniendo que financiar directamente todas las nuevas infraestructuras necesarias para llevar a cabo la transición energética. Esto supondrá decenas de miles de millones de euros en nuevos impuestos. Se requiere una gran cantidad de capital para construir parques eólicos, plantas solares, redes eléctricas mejoradas, nuevos sistemas de almacenamiento de energía…

Por eso, si España se niega repetidamente a cumplir con estas sentencias y su deuda con las empresas afectadas sigue sin saldarse, cada vez habrá menos inversores dispuestos a invertir en el país. Además, incluso si algunos lo hacen, el coste de capital será muy alto al considerarse a España como un lugar de inversión arriesgado. Por eso, en última instancia, las consecuencias para España serán un parón en la descarbonización y un coste mucho mayor de la energía, con el agravante de que el despliegue de nuevas infraestructuras lo pagarán los contribuyentes conforme los inversores consoliden su retirada por el riesgo asociado a invertir en el país.

–En su opinión, ¿esta postura del Ejecutivo español compromete el futuro de la energía renovable en nuestro país?

–Sí, sin duda. Además, existe el peligro de un efecto derrame, es decir, de que esto tenga implicaciones para todos los sectores de actividad. Si se percibe a España como un lugar arriesgado para invertir en algo que supuestamente está promoviendo, como son las energías renovables, ¿acaso es descabellado pensar que el mercado acabe viendo a España como un mercado internacional más riesgoso, lo que aumentará el coste de capital para éste y para otros sectores, reduciendo la entrada de inversión en el país?

El Gobierno español está pasando por alto que se reducirá su acceso al capital para el desarrollo de la política energética y los mayores tipos de interés que va a pagar por su deuda

–¿Qué consecuencias específicas podría tener esta crisis de derecho internacional en el medio y largo plazo?

–Creo que lo que el Gobierno español está pasando por alto aquí no es sólo el menor acceso al capital requerido para el desarrollo de su política energética o los mayores tipos de interés que va a pagar por su deuda, sino también el efecto dominó que tiene todo esto en el crecimiento económico. Las inversiones en la transición energética tienen el potencial de impulsar la actividad económica europea. Es por eso que la Comisión Europea está animando tanto a los Estados miembros a invertir en renovables, en almacenamiento, en la electrificación completa de la economía, en nuevos equipamientos de energía nuclear, etc.

El peligro aquí es que España no solo se queda fuera de esa inversión, sino que además se quedará sin los frutos de ese capital, que serían un nuevo ciclo crecimiento económico y el acceso a las nuevas industrias que surgen de la transición energética.

–¿Existe la percepción en el sector energético de que España no es legalmente estable? ¿Hemos perdido credibilidad?

–Este es uno de los verdaderos peligros asociados a los impagos del Gobierno. España es, a priori, un país serio, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Se supone que cuenta con un fuerte Estado de Derecho y es parte del «Equipo A». Sin embargo, al desafiar el cumplimiento de sentencias judiciales como éstas y dejar estas deudas pendientes estamos viendo cómo España se comporta de forma desobediente con la legalidad internacional, socavando su reputación y contribuyendo a generar una sensación de inestabilidad.

–¿Crees que la Unión Europea debería ser más contundente en este asunto?

–La UE, a través de la Comisión Europea, tiene algo que decir en todo este asunto. Sin embargo, lidia con un conflicto evidente. Por un lado, quiere fomentar una inversión mucho mayor en la transición energética. Por otro lado, al abrirse al abandono del Tratado de la Carta de la Energía, Bruselas está socavando la confianza de los inversores.

–¿Qué opina de esa posible salida del TCE?

–Algunos de los ataques de los Estados miembros y de la propia Comisión Europea al Tratado de la Carta de la Energía son, cuando menos, desconcertantes. Sí, el TCE fue creado originalmente para proteger las inversiones energéticas en los países de la antigua URSS. En virtud del mismo se emitió, por ejemplo, la histórica sentencia que condena a Rusia a pagar 60.000 millones de dólares por la expropiación de la compañía petrolera Yukos.

El Tratado de la Carta de la Energía es el único tratado de inversión energética multilateral a nivel mundial

Si bien el TCE ayuda a proteger las inversiones en combustibles fósiles, lo cierto es que el Tratado es neutral desde el punto de vista de la energía. Me refiero a que protege todas las inversiones energéticas, incluidas las renovables o las nucleares, además de los combustibles fósiles. Uno habría creído que la Comisión Europea, dadas las necesidades de inversión de capital privado que acarrea la transición energética, estaría dispuesta a defender la vigencia del TCE, que es el único tratado de inversión energética multilateral del mundo.

Además, los laudos que España está dejando pendientes de pago y que se presentaron bajo el paraguas TCE eran todos casos de energías renovables. Entonces, ¿por qué este ataque al TCE como si fuese un tratado limitado a salvaguardar inversiones en el ámbito de los combustibles fósiles, cuando no es así? El TCE trae seguridad jurídica y debería ser sin duda un pilar de la transición energética.