España es el segundo país del mundo entre Venezuela y Rusia que acumula más impagos de sanciones energéticas

El segundo lugar en el ranking de los países más morosos en el incumplimiento de las sanciones que se le han impuesto en base al Derecho Internacional, como resultado de procedimientos seguidos en su contra, por decisiones políticas que afectan en negativo a la seguridad jurídica. En pleno anuncio de la retirada de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) para evitar, entre otras, el pago de las indemnizaciones pendientes con la Corte de Arbitraje del Banco Mundial –por la anulación retroactiva de las primas a las renovables durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– nuestro país ostenta el cuestionable honor de ser el número dos de los Estados del mundo, por detrás de Venezuela y por delante de Rusia, que se han negado en más ocasiones a atender las indemnizaciones económicas que pesan sobre ellos.

Según los resultados de la primera edición del Internacional Compliance Index –un informe independiente sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos de inversión comprometidos por nuestro país en el sector energético– España acumula multas por valor, como mínimo, de 712 millones de euros. Un escenario en el que, además, destaca el elevado número de Estados miembros de la Unión Europea que se han enfrentado a controversias sobre el TCE que han terminado en condena.

Así las cosas, República Checa, Polonia, Rumanía, Hungría, Croacia, Eslovaquia, Italia, Bulgaria, Alemania y los Países Bajos, completan la clasificación de las reclamaciones intracomunitarias, por daños y perjuicios, iniciadas por fondos de inversión, empresas y terceros afectados por la inestabilidad y falta de transparencia de dichos ordenamientos jurídicos, en materia energética.

Una realidad que a los españoles nos cuesta, por el momento, más de 9.500 millones de euros como resultado del medio centenar de disputas surgidas en el marco de la transición energética, prestadas bajo los parámetros del Tratado de la Carta de la Energía y perdidas en cortes y tribunales de arbitraje. España destaca, además, como el país que se ha enfrentado con mucho al mayor número de controversias legales por esta razón.

De acuerdo con los datos arrojados por el nuevo estudio, se confirma que la verdadera razón de peso para que los Estados miembros de la UE, España al frente, se retiren del TCE es tratar de esquivar las docenas de reclamaciones surgidas, a raíz del incumplimiento del mismo, en materia de energías renovables.

Sin embargo, el mero abandono del TCE no necesariamente excluye cualquier reclamación futura en base al mismo porque el texto contiene una cláusula de extinción de 20 años que protege las inversiones realizadas antes de la salida de cualquier Estado firmante, por otros 20 años más.

2.000 millones al borde del embargo

Hace unos días, El Debate reveló en exclusiva cómo el Gobierno de España se niega a pagar los 2.000 millones de euros que le reclaman varios fondos de inversión extranjeros por el fracaso del plan de incentivos de las energías renovables, diseñado por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que sobre nuestro país recaen cerca de una veintena de resoluciones condenatorias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, por esta razón.

El problema radica en el incumplimiento en el pago de las primas comprometidas por el primer Gobierno de Zapatero que decidió retribuir a quienes invirtiesen en el sector con primas que garantizaban un retorno del 7 % de la inversión hasta que, en 2010, decidió cambiar las reglas del juego –ante el déficit que estaba generando la medida– y crear, entre otros mecanismos, el impuesto a la generación de electricidad, pensado para recortar las ganancias netas de los productores y aplicable con carácter retroactivo.

Fue, precisamente, su aplicación hacia atrás en el tiempo lo que llevó a los inversores a recurrir ante la Corte de Arbitraje hasta en una veintena de ocasiones –que han sido siempre desfavorables para nuestro país– y lo que les ha movido, ahora, como avanzó El Debate, a confeccionar un listado de bienes españoles confiscables en el extranjero, por el valor de un impago en el que insiste el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que también redujo hasta en un 40 % las primas a las renovables, consciente de la gravedad del problema entabló, sin éxito, algún tipo de negociación con los perjudicados pero la llegada al poder de Sánchez ha roto las conversaciones. Ante la actitud «poco constructiva» de los socialistas, los inversores afectados han activado ya los procesos de rastreo e identificación de activos españoles que podrían ser bloqueados y confiscados en caso de que persistan los impagos. «Desde un Sorolla cedido temporalmente a alguna entidad fuera de nuestras fronteras hasta una fragata que se encuentre navegando en aguas internacionales», son susceptibles de quedar comprometidas por este motivo, apuntan algunos expertos consultados.

Según ha podido saber El Debate, en exclusiva, esta línea de trabajo se activó el pasado septiembre y este mismo mes de octubre podría estar rematado el listado. Un procedimiento que, si bien se usa de forma habitual para salvaguardar los intereses de empresas o inversores afectados por impagos, es poco común verlo en el caso de país en su conjunto porque, «como es lógico, llegar a este extremo resulta devastador en términos de imagen y seguridad jurídica» para España, aseguran los mismos expertos. Con los nuevos datos del índice de cumplimiento internacional sobre la mesa, la situación se complica.