La ministra Ribera hace campaña en Europa para salirse del Tratado que nos condenó a pagar 2.000 millones por las renovables

Una veintena de resoluciones condenatorias en contra de España en materia energética –por el fracaso de las renovables orquestado con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero– que han derivado en sanciones por valor de 2.000 millones de euros; y, la noticia de que varios fondos de inversión extranjeros trabajan contrarreloj para identificar bienes españoles embargables, parecen haber sido motivo suficiente para que, en lugar de asumir sus pagos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya preferido iniciar el proceso de retirada de nuestro país del Tratado de la Carta de la Energía. La encargada de materializar dicha decisión ha sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha comenzado una campaña en la Unión Europea para que el resto de países miembros del Pacto, sigan su estela.

Por el momento, Ribera sólo ha encontrado un cierto espejo en Polonia pero la ministra confía en que un futuro y eventual informe del abogado del Estado español –al que el Ejecutivo del PSOE ya ha puesto a trabajar tiempo completo en esta cuestión– justificará una salida netamente política de la Carta que «podría tener graves consecuencias para nuestro país» en materia de credibilidad y, especialmente, en un momento de «incertidumbre energética» como el actual.

El Tratado es un acuerdo internacional, formalizado para España en 1994, que fue diseñado para proteger las inversiones extranjeras en infraestructura energética en los países postsoviéticos y que, por lo tanto, ofrece importantes protecciones para los inversores contra el intervencionismo de los diferentes gobiernos, así como un marco de seguridad jurídica que –según dos decenas de laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial– España abandonó bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

No en vano, la violación de dichas protecciones se ha utilizado, a lo largo de los últimos años, para plantear demandas millonarias contra aquellos países que, en contra de sus propias previsiones iniciales, variaron sobre la marcha las reglas del juego en materia energética. En nuestro caso, el incumplimiento en el pago de las primas comprometidas por Rodríguez Zapatero quien de retribuir a los inversores del sector con primas que garantizaban un retorno del 7 % decidió, en 2010, cambiar de criterio –ante el déficit que estaba generando la medida– y crear, entre otros mecanismos, un impuesto a la generación de electricidad, pensado para recortar las ganancias netas de los productores y aplicarlo con carácter retroactivo.

Así las cosas, y pese a los avances de la Unión Europea para modificar el Tratado de manera que, progresivamente, adapte la «irrenunciable estabilidad jurídica y la transparencia energética» a la eliminación gradual de ciertas tutelas vigentes sobre combustibles fósiles, Ribera –en nombre del Gobierno español– parece haber encontrado en este último aspecto un argumento para justificar nuestro abandono del Pacto firmado; y, evitar, de este modo, nuevas condenas como las que España se niega a pagar como miembro activo del mismo.

Sin embargo, la titular de Transición Energética no ha contado la letra pequeña del texto legal ni el coste que nuestra renuncia a seguir formando parte del Tratado de la Carta de la Energía, tendrá para nuestro Estado. Y es que el acuerdo contiene una cláusula de caducidad que establece que cualquier país que salga de su perímetro, seguirá estando sujeto a posibles pleitos por su incumplimiento, durante los 20 años siguientes.

Una «pesadilla judicial» para España

Con el paso dado por España, nuestro país se sumaría al único que, hasta la fecha, no era miembro del Tratado de la Carta de la Energía (TCE): Italia, tras abandonarlo en 2016. En cuanto al resto de nuestros colegas europeos –Alemania, Francia, Bélgica o Países Bajos–, a finales de este mismo mes votarán en el Consejo de la UE sobre la reforma y modernización del Pacto –que requiere de una mayoría cualificada en la Eurocámara para dar luz verde al nuevo texto– antes de abordar a su aprobación firme, en la próxima Conferencia de Mongolia del 22 de noviembre.

De las más de 143 reclamaciones apoyadas en el incumplimiento sistemático del TCE España es, con mucha diferencia sobre el resto, el país más demandado. Nuestro país acumula, hasta la fecha, decenas de recursos condenatorios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, por la alteración, a la baja, del régimen jurídico de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables que ha provocado consecuencias negativas para las cuentas de resultados de las empresas que invirtieron en aquellas instalaciones.

Hasta el punto que el Transnational Institute ha declarado cómo el Tratado Energético «se ha convertido en una pesadilla jurídica para España» donde «las demandas de arbitraje ya han costado más de 1.000 millones de euros de dinero público para dar compensaciones y pagar a abogados y árbitros que no hacen más que desviar importantes recursos públicos».

Por el momento, España se enfrenta a una abrumadora mayoría de resoluciones desfavorables, por un valor ejecutable de 1.300 millones de euros. Aunque quedan algunas decenas más de reclamaciones por resolverse, lo que elevaría la cifra hasta los 2.000 millones de euros.

Todo apunta a que, con independencia del perjuicio en términos de imagen y confiabilidad que provocará nuestra salida del TCE, las decisiones judiciales irán en la misma dirección favorable a los fondos de inversión extranjeros, en compensación por el incumplimiento de los pagos comprometidos por el Gobierno socialista de Zapatero que España ha vulnerado. Y ello, durante las dos próximas décadas sin solución de continuidad.