El Gobierno trata de maquillar como ayudas de estado las multas de 2.000 millones de las renovables

La última bala que quieren jugar el Gobierno en el incumplimiento español de las primas a las renovables, comprometidas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, es que la Comisión Europea interprete que pagar el dinero comprometido a los inversores que se acogieron al sistema de incentivos sería una forma de 'ayuda de Estado', en lugar de asumirlas como lo que son en realidad, sanciones impuestas por la Corte de Arbitraje del Banco Mundial que ascienden a los 2.000 millones de euros. Esto es, que con cargo a fondos públicos de todos los españoles se pague un error político de gran magnitud.

Para ello, los socialistas tratan de convencer a la comisaria de Competencia de la UE, Margarita Vestager, quien precisamente impulsó las polémicas multas contra Apple y otras tecnológicas –las más alta de la historia comunitaria– por los impuestos no pagados en Irlanda entre 2003 y 2014. Una factura que comprometió al Gobierno irlandés tras presentar en forma de ayuda ilegal un dinero que estaba obligado a recaudar, aunque no quisiera.

El caso es que, si bien Bruselas ha dado su visto bueno a ciertos «rescates» bancarios y de infraestructuras, en el pasado, de manera que no se opone del todo a las «ayudas de Estado», lo cierto es que en el caso de España, la retroactividad de las primas del 7 % a las energías renovables, no se trata de una inyección económica para aliviar a un sector estratégico, sino de cumplir con lo prometido a los que arriesgaron su dinero, en base a unas condiciones y a un marco regulatorio que el Gobierno de Rodríguez Zapatero cambió, sin previo aviso, de manera perjudicial para quien invirtió.

Por ello, crece el malestar en Europa con el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez que se niega a pagar las sanciones impuestas tras abandonando, además, la vía negociadora iniciada con os afectados por su predecesor, Mariano Rajoy. Así las cosas, nuestros socios europeos creen que España está poniendo a Bruselas en un brete y tratando de que asuma alguna de sus excusas –en las que trabaja la Abogacía del Estado– para avalar los impagos a los fondos de inversión extranjeros que se vieron perjudicados por el reiterado incumplimiento español.

No en vano, la concesión de las denominadas ayudas de Estado de los países miembros de la Unión Europea debe cumplir el principio de no discriminación fiscal, uno de los pilares fundamentales del mercado común, para evitar que se puedan conceder ayudas a determinadas empresas que les permitan situarse en una situación ventajosa respecto del resto de sus competidores. Exactamente lo ocurrido con las primas a las energías renovables del Gobierno español de Rodríguez Zapatero que incentivó, por encima de la media europea, el volumen de inversión extranjera en nuestro país en materia energética.

Campaña europea para salir del Tratado

Lejos de asumir sus obligaciones jurídicas y dinerarias ante la veintena de resoluciones condenatorias impuestas a España en materia energética –por el fracaso de las renovables orquestado con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero– que han derivado en sanciones por valor de 2.000 millones de euros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha preferido iniciar el proceso de retirada de nuestro país del Tratado de la Carta de la Energía.

La encargada de materializar dicha decisión ha sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien en paralelo con el 'plan B' de las ayudas de estado, ha comenzado una campaña en la Unión Europea para que el resto de países miembros del Pacto, sigan su estela. Aunque, de momento, Ribera sólo ha encontrado un cierto espejo en Polonia.

La ministra socialista confía, sin embargo, en que un futuro y eventual informe de la Abogacía del Estado –al que el Ejecutivo del PSOE ya ha puesto a trabajar a tiempo completo en esta cuestión– justificará una salida netamente política de la Carta que «podría tener graves consecuencias para nuestro país» en materia de credibilidad y, especialmente, en un momento de «incertidumbre energética» como el actual.

Embargos preventivos de bienes

Ante la reiterada negativa del Gobierno socialista de España a pagar los 2.000 millones de euros que se le reclaman por el fracaso del plan de incentivos de las energías renovables –pese a la veintena de resoluciones condenatorias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, que recaen sobre nuestro país por esta razón– y la actitud «poco constructiva» de los socialistas, los fondos de inversores extranjeros afectados han activado ya los procesos de rastreo e identificación de activos españoles que podrían ser bloqueados y confiscados en caso de que persistan los impagos.

«Desde un Sorolla cedido temporalmente a alguna entidad fuera de nuestras fronteras hasta una fragata que se encuentre navegando en aguas internacionales», son susceptibles de quedar comprometidos por este motivo, apuntan algunos expertos consultados por El Debate.

Según ha podido saber este medio, en exclusiva, la línea de trabajo se activó el pasado septiembre y este mismo mes de octubre podría estar concluido el listado. Un procedimiento que, si bien se usa de forma habitual para salvaguardar los intereses de empresas o inversores afectados por impagos, es poco común en el caso de un país en su conjunto porque, «como es lógico, llegar a este extremo resulta devastador en términos de imagen y seguridad jurídica» para España, aseguran los mismos expertos.