Garzón, pareja de Delgado, insta a la Fiscalía a «revisar en profundidad» a los fiscales que denunciaron en Europa la amnistía

Al ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón –actual pareja de la exministra de Justicia reconvertida en fiscal general del Estado y hoy titular del Departamento de Memoria Democrática del Ministerio Público, Dolores Delgado– no le ha gustado la carta remitida «por la conservadora Asociación de Fiscales (AF) a la Comisión» europea en la que, la pasada semana, instaban a las instituciones comunitarias a tomar medidas sancionadoras contra España por «la situación a la que se enfrenta el Estado de Derecho» en nuestro país, ante los planes de Pedro Sánchez de cuajar una nueva ley de amnistía para obtener el 'sí' del partido de Carles Puigdemont, Junts, ante su futura y eventual investidura.

«En un claro acto de deslealtad institucional hacia el Estado español», afirma Garzón, la AF «se permite dirigir una carta a la Comisión Europea solicitando nada menos que activar un procedimiento de sanciones a nuestro país. Un procedimiento establecido para casos de graves violaciones de los valores europeos» que ya ha sido utilizado en casos como los de otros países miembros como Polonia y Hungría. Una «estrambótica iniciativa», califica el exjuez, «de quienes se han constituido en paladines del candidato popular caído», en referencia al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras el fracaso de su reciente investidura.

Así las cosas, el hoy reconvertido abogado especialista en Derechos Humanos, en un artículo de opinión reproducido por infoLibre, asegura que «no sólo lo anterior está fuera» de los fines de una entidad de representación que él mismo reconoce que aglutina al 25 % de la Carrera Fiscal, sino que, además, a su juicio, dicha misiva incumple con las previsiones del artículo 54 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.

Parecería como si, más que fiscales independientes que operan en el ámbito de la Justicia, fueran piezas partisanas del tablero político en un apoyo sin cortapisas al Partido Popular

Motivo, este último por el que anima a «la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo» a que «analicen si la referida carta, donde se plasma una clara deslealtad a nuestro país, reclamando sanciones para España, no ameritaría una revisión en profundidad de esta asociación» que cuenta con cinco vocales en el seno del Consejo Fiscal, democráticamente elegidos por el censo de los fiscales de todo el escalafón.

«Al margen de lo anterior, el acto de deslealtad que materializan con esa carta no es precisamente aséptico, es decir, no se trata de un ataque a nuestro país, en forma desleal pero imparcial. No, todo lo contrario, la carta destila posicionamientos claramente partidistas, siendo un manifiesto de apoyo a uno de los candidatos a la investidura, el Sr. Núñez Feijóo. No lo ocultan, abiertamente afirman que el candidato del Partido Popular, según ellos, ha 'expresamente descartado' la 'condición' relativa a una Ley de Amnistía», sostiene Garzón.

«Un conjunto de funcionarios públicos»

Para el exmagistrado, los argumentos jurídicos aportados por la Asociación de Fiscales (AF) están «pervertidos», en tanto en cuanto su «legitimidad popular en origen no es más que un examen memorístico» y que, por ello, «deben ganársela día a día defendiéndonos de forma independiente y con sujeción a la ley». A cambio, para Garzón «se enfrentan nada menos que a la soberanía popular, cuestionando un proceso de investidura, donde se encuentran representados millones de electores, que proviene de una votación democrática. Y los cuestionamientos los realizan sobre la base de futuribles y vaguedades, en relación a una ley que no han visto, a cerca de la cual no ha podido pronunciarse, por obvias razones, el Tribunal Constitucional y esgrimiendo un conjunto enorme de especulaciones y afirmaciones jurídicas, cuando menos cuestionables».

«Sobre la base de todo lo anterior, se atreven nada menos que a solicitar, en el cierre de su carta, que la Unión Europea apruebe el procedimiento sancionador del art. 7» del Tratado de la Unión Europea (TUE) y, «por si eso fuera poco, adicionalmente solicitan que se aplique el Reglamento 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, medidas que como ciudadanos nos perjudicarían a todos», atiza Garzón en el texto publicado, este lunes 2 de octubre, bajo el título Los Paladines, en infoLibre.

El 'azote' de su pareja, Dolores Delgado

Cabe recordar que la mayoritaria Asociación de Fiscales –que cuenta con un total de 620 asociados del total de los 2.700 fiscales que integran la institución– ha sido un 'azote', judicialmente hablando, contra la pareja de Garzón, la fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado, por algunos de los nombramientos que realizó durante su etapa como fiscal general del Estado y por aquellos que recayeron a su favor, una vez dimitida, gracias a las maniobras de su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.

La Asociación de Fiscales conseguía anular en la Sala Tercera del Supremo, hasta en dos ocasiones, la designación del fiscal Esteban Rincón como titular del Departamento de Menores por la «falta de motivación» en la que incurrió Delgado, en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal (CF), para asignarlo al puesto.

Un recurso de la AF fue, también, el que propició la nulidad del ascenso de Delgado a la máxima categoría de fiscal de Sala, como titular Togada de la Sala de lo Militar del Supremo, tras ser elegida para ocuparse de la vacante, por el que fuera su mano derecha en la Fiscalía General del Estado (FGE) y su sucesor al frente de la institución, pese a que a la plaza optaban fiscales con un CV y trayectoria superior a la de la exministra de Justicia socialista.

El pasado mes de julio, la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) daba un nuevo paso al frente en los tribunales para «defender» a la Carrera ante la «vulneración» que, con la designación más reciente de Delgado como fiscal de Memoria Democrática –consumada, entre todo tipo de críticas, por el fiscal general Álvaro García Ortiz, y adelantada un año antes por El Debate, en exclusiva– por afectar al «principio de imparcialidad» exigible a todos los miembros de la Fiscalía.

No sólo por la «presunta incompatibilidad de las funciones del puesto con los intereses profesionales del despacho de abogados del que es titular la actual pareja de Delgado», precisamente, el exjuez Baltasar Garzón; sino, también, por el hecho de que «se trata de una vacante creada a su medida y contemplada por una ley de la que ella misma fue impulsora».