Vox lleva al Congreso una proposición para rescatar la ley ELA que quedó olvidada y ampliarla

El grupo parlamentario Vox ha presentado este miércoles una proposición para sacar del cajón la ley ELA que en la pasada legislatura, pese a aprobarse por unanimidad su tramitación, quedó en el olvido y no vio la luz. Además, la iniciativa presentada en el Congreso por la formación de Santiago Abascal plantea también ampliarla a todas las personas que se encuentran en situación de gran dependencia.

Vox recuerda que fue el 8 de marzo de 2022 cuando el Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la toma en consideración de esta norma, y denuncia que los partidos que conforman el Gobierno, con mayoría en la Mesa de la Cámara, prorrogaron hasta 49 veces el plazo de enmiendas al articulado, por lo que terminó paralizándose sine die. Prórrogas que, además, como recogen en el texto, han supuesto una «injusticia material» para los enfermos. De hecho, cuando se debatió hace unas semanas la reforma del Reglamento para el uso de las lenguas cooficiales, el diputado José María Figaredo recriminó al Gobierno las prisas por aprobar tal reforma y la demora en hacerlo con la ley ELA.

En su escrito, el partido de Abascal subraya que la dependencia conlleva graves consecuencias tanto para el enfermo como para su entorno, y supone una serie de problemas diarios y necesidades. «En una cultura del cuidado como la española, tradicionalmente sustentadas en los lazos familiares, todas estas cuestiones, de indudable coste personal y económico, son habitualmente afrontadas no solo por la persona, sino también por su familia. El Estado debe apoyar que así siga siendo, y que aquellos que son cuidados en su domicilio, en compañía de sus seres queridos, puedan optar por ello».

Vox denuncia en su iniciativa el «deficiente funcionamiento» del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y critica «la elevada burocracia, la falta de dotación presupuestaria y el Estado de las autonomías», que deriva en «ayudas insuficientes, largas lista de espera y desigualdades en las prestaciones dependiendo del lugar de España en el que residan».

Así, la formación pide, entre otras cosas, que conste en la ley la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de independencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación entre todas las regiones españolas; que se valoren las necesidades de las personas atendiendo a criterios de equidad; que, siempre que sea posible, las personas con dependencia permanezcan en su entorno; o que se reconozca una prestación económica para cuidados familiares cuando la persona esté siendo atendida por su entorno.