Policías encausados por el 1-O consideran «insolente» que Yolanda Díaz les incluya en su pretendida amnistía
El sindicato policial Jupol considera que deben ser absueltos «porque no cometieron ningún delito» y exigen que no les equiparen a «los delincuentes que intentaron dar un golpe de Estado»
El sindicato Justicia para la Policía Nacional, Jupol, ha pedido a Yolanda Díaz que no incluya a los agentes encausados por prestar servicio en Cataluña durante el intento de golpe de Estado del 1-O porque, al contrario de los políticos que la líder de Sumar quiere amnistiar «no cometieron ningún delito», por lo que no hay ningún delito que borrar mediante la pretendida amnistía.
Para el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, «es insolente que la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España “meta en el mismo saco a los delincuentes que intentaron dividir a España con un referéndum ilegal, que a los policías que acudieron allí por una orden política y en cumplimiento de un mandato judicial a defender la unidad de España, la Constitución Española y el Ordenamiento Jurídico».
Sumar ya tiene su propuesta
La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, y líder de Sumar, Yolanda Díaz, presentará este martes su plan de amnistía para los implicados en el referéndum ilegal que tuvo lugar en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y en los sucesos que tuvieron lugar a continuación, declaración de independencia unilateral incluida. Pero ya se conocen algunos detalles, y uno de ellos es meter en el mismo saco a los implicados en el llamado procés desde el año 2013 y a los 45 policías nacionales encausados por los incidentes registrados al tratar de impedir la votación, tal y como les ordenaron sus superiores.
El sindicato Jupol insiste en que la Ley de Amnistía que prepara el Gobierno en funciones con los partidos independentistas «supone un ataque directo a la Democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho, de los cuales la Policía Nacional ha sido siempre el garante».
Del mismo modo, Ibon Domínguez indica que «esta Ley supone un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017, que acudieron a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsado de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte del Gobierno».
De igual modo, estos policías nacionales piden a los máximos dirigentes políticos del Ministerio del Interior, el ministro Fernando Grande Marlaska y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, «que dejen de ponerse de perfil antes estos ataques y salgan públicamente en defensa de la Policía como institución y de los agentes que prestaron servicio en Cataluña», consideran desde el sindicato policial.