Un juez procesa a 45 agentes de la Policía Nacional por los incidentes del 1-O

El juez encargado de investigar los incidentes del 1-O cuando los independentistas pretendieron realizar un referéndum ilegal ha decidido dar por concluida las diligencias previas y mantiene la acusación contra un total de 45 agentes de Policía Nacional por su actuación en los colegios catalanes a los que acudieron para evitar que se celebrase la convocatoria independentista.

Tal y como explica el auto judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cumplimiento de un auto anterior del Tribunal Constitucional, ordenó a los diferentes cuerpos policiales presentes en Cataluña, impedir la preparación del referéndum, el cierre de los locales o edificios públicos que se utilizaran el día 1 de octubre para el referéndum, requisar todo el material relacionado con el referéndum, impedir la actividad o apertura de los centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de los votos.

Sin embargo, el juez encargado de investigar los incidentes considera que en muchos casos los agentes se excedieron en sus funciones. De esta manera, de todas las denuncias recibidas contra los policías, el juez mantiene la imputación para 45 de ellos y archiva las causas contra una veintena. A los agentes encausados les acusa «no sólo de delitos leves o menos graves de lesiones, sino también delitos de los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal», es decir, de torturas y de trato degradante.

Apertura de juicio oral

De esta forma, mediante un auto, el juez Francisco Miralles ha dado traslado de su decisión a las partes personadas en el caso de manera que cada una de ellas presenten los escritos de acusación con las penas que consideren o bien soliciten el sobreseimiento y para que pidan la apertura de juicio oral.

En el mismo auto, el juez ha archivado la causa contra una veintena de agentes policiales que también habían sido procesados por los mismos sucesos.