Preocupación entre algunos comisarios europeos por la amnistía que prepara Sánchez para Puigdemont

Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, mostró su malestar respecto a la ley de amnistía al ‘procés’ que reclama Junts para investir a Pedro Sánchez.

Desde Madrid, subrayó que, aunque esta ley es una «competencia nacional», existen «algunos límites», especialmente en lo que respecta a los delitos de malversación que afecten a fondos europeos.

Reynders, figura clave en las discusiones sobre la justicia y la legalidad en el ámbito europeo, se pronunció sobre este tema durante el seminario ‘Servicio público de Justicia en tiempos de cambio’, en IFEMA. Su postura refleja una fuerte cautela respecto a cómo las decisiones nacionales pueden reflejarse en el marco europeo.

Por eso, la Comisión Europea supervisará con ojo atento el proceso de una posible amnistía: aunque, según recalcó el comisario, la aprobación de una ley de amnistía es competencia nacional, Bruselas, está «muy comprometida» en la lucha contra la corrupción y la malversación y mantendrá una vigilancia activa sobre el desarrollo de esta situación.

Reynders afirmó que aún no ha recibido ningún texto de ley sobre el que pueda pronunciarse oficialmente. Sin embargo, mencionó que «puede ser posible que en las próximas horas o días haya un texto de referencia en las negociaciones para la formación de Gobierno».

El comisario no está solo: al menos tres comisarios más habrían compartido su malestar ante la posibilidad de un conflicto entre el Gobierno de España y el Tribunal Supremo, especialmente mientras España preside la UE, y la urgencia de renovar el Poder Judicial, dada la creciente problemática en el nombramiento de jueces.

La reforma del CGPJ

En su visita a España, Reynders también abordó la «urgente» renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto que, a su juicio, debería ser prioritario para el Parlamento y para el nuevo Gobierno, si se forma.

El comisario recordó que el informe sobre el Estado de derecho en 2022 ya señalaba esta renovación como «una cuestión prioritaria» y ahora es «muy urgente», dado que cada vez hay más problemas en el nombramiento de jueces y el Gobierno aún no ha hecho nada al respecto.

Su reputación entre los españoles es uno de los factores más problemáticos. Según Reynders, «hay una evolución negativa en la percepción en la población», especialmente cuando surgen conflictos en el poder judicial, lo que puede generar una percepción de posibles problemas de independencia en el sistema de justicia.