La última causa de Camps con la Justicia queda vista para sentencia tras nueve absoluciones previas

El último juicio al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, por su presunta implicación en las irregularidades cometidas en las adjudicaciones a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', ha quedado visto para sentencia este jueves. La Audiencia Nacional se dispone a pronunciarse, diez meses después de su inicio, en la décima causa que pesaba sobre el expolítico del Partido Popular, tras nada menos que 13 años imputado y nueve absoluciones previas a su favor, por cuestiones relativas a su etapa al frente de la Comunidad Valenciana.

Camps, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de un año de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias en concurso con prevaricación, una rebaja sustancial respecto de los 2 años y 6 meses que se pidieron para él en el escrito de acusación provisional, ha defendido siempre su inocencia y, por lo tanto, como en las anteriores ocasiones ha utilizado su turno de última palabra –desde el banquillo de los acusados y sin tener obligación alguna de presentarse en esta última sesión– para agradecer la labor del tribunal, ponerse a disposición de la Justicia y solicitar su «absolución».

A lo largo de las diferentes sesiones que han tenido lugar en la sede judicial de Alcalá de Henares de la Audiencia Nacional, tanto Francisco Camps como el resto de los acusados e implicados en la presunta trama de contrataciones irregularidades han insistido en la legalidad de todas ellas. No en vano, una de las piezas clave de la causa, la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars aseguraba que «nunca» había recibido «ninguna orden de contratar con 'Gürtel' y menos de Camps», en referencia a las presuntas directrices que el expolítico valenciano podría haberle proporcionado para que comprara los pabellones de la Comunidad Valenciana para Fitur y otros grandes eventos promocionales con Orange Market.

Ibars destacó en su comparecencia que no le constaba que nadie hubiese sido destinatario de órdenes del entonces presidente de la Generalitat, ni tampoco que mediase relación de amistad alguna entre éste y Álvaro Pérez 'El Bigotes'. En cuanto a su propia participación en los contratos menores suscritos, indicó que era la jefa de servicio de publicidad la responsable de monitorizar todos los expedientes de contratación, su seguimiento y el cumplimiento de los cauces legales necesarios para hacerlos.

«No negocié nada con Orange Market. No intervine en el pago de las facturas. Las conformaba cuando ellos ya me pasaban la ejecución de los trabajos. No conocía en 2004 y 2005 que Orange Market pertenecía a un entramado de empresas de Correa, lo supe cuando estalló el caso Gürtel en los medios», remarcaba una contundente Ibars, al tiempo que negaba haber hablado con Camps en lo privado o en lo profesional o haber recibido directrices.

Todo se hizo «dentro de la legalidad», afirmaba la exdirectora general desmontando, así, el nexo causal entre el expolítico popular y las conductas susceptibles de prevaricación. Un extremo, además, reafirmado por la secretaria autonómica de la propia Ibars, Nuria Romeral.

En la misma línea, las aclaraciones prestadas al tribunal por las dos consejeras de turismo durante el período en revisión, Angélica Such y Milagrosa Martínez que, al igual que Ibars, negaron ser receptoras de indicación alguna al respecto de Orange Market.

Tampoco el resto de procesados, todos ellos ex altos cargos de diferentes organismos y entidades públicas, renunciaban –durante los más de diez meses que se ha prolongado la fase oral del juicio de la trama valenciana– a defender que las contrataciones formalizadas con Orange Market se alejasen de decisiones propias, asumidas por su cuenta y riesgo y con arreglo a los procedimientos de licitación previstos en cada caso.

Ninguno de ellos, en todo este tiempo, ha dado veracidad a la existencia de ningún tipo de relación entre Camps y los responsables de la trama, ni han dejado el más mínimo resquicio de duda sobre cómo con sus actuaciones nunca tuvieron la intención de favorecer al entonces presidente del PP valenciano o a la formación autonómica en sí.

La «obsesión» de la Fiscalía

Según las tesis del Ministerio Público, sin embargo, Camps fue el «paciente cero» que posibilitó la «parasitación y la colonización» de la trama en la administración pública valenciana después de que ésta diese el salto de Madrid, donde había trabajado con la dirección nacional del Partido Popular.

Durante su exposición, el abogado de Camps, Pablo Delgado, ha contestado al informe final de la fiscal Concepción Nicolás, que se preguntó quién controla a aquellos que controlan a los ciudadanos. «¿Quién controla a quien nos controla? La Fiscalía. ¿Y quién custodia? Los tribunales», ha contestado.

En este contexto, Delgado ha pedido «Justicia ante el juicio continuado que, con una obsesión psicopatológica», habría mantenido Anticorrupción que, desde su punto de vista, pide prisión para Camps «con un interés desbordado». El letrado no ha dudado en criticar la «indefinición de las fechas y los hechos», que «son la feria y la ruleta de la fortuna del Ministerio Fiscal», al que ha afeado que base toda su posición en el proceso en «aseveraciones infundadas».