Yolanda Díaz pierde: una resolución la obliga a explicar su viaje navideño a Brasil, acompañada y al margen del Rey

Yolanda Díaz se pasó en Brasil la Nochevieja de 2022 y el Año Nuevo de 2023, con la excusa de acudir a la investidura de Lula da Silva, al margen de la expedición oficial encabezada por el Rey. Y se trasladó al paradisíaco destino con un número inconcreto de colaboradores que también disfrutaron de un viaje a buen seguro envidiable del que, sin embargo, no quiere que se sepa nada.

Porque casi dos años después, la vicepresidenta que esta semana defendió limitar los viajes en aviones para el resto de los ciudadanos, sigue escondiendo todos los detalles de aquella excursión navideña, pese a una nueva resolución legal que le obliga a rendir cuentas de cómo y con quién se gastó dinero público en su excursión brasileña.

Así figura en la documentación obtenida por El Debate, la misma que tiene en su despacho la propia líder de Sumar, remitida por el Consejo de Transparencia a finales de octubre, antes de que ella y Pedro Sánchez incluyeran en su programa de Gobierno restricciones en el uso de aviones para desplazamientos que tuvieran la alternativa ferroviaria para viajes de una duración inferior a las dos horas y media.

En el escrito remitido a la también ministra de Trabajo, similar al que ya ha incumplido referente a dar cuentas de todos sus desplazamientos entre 2020 y 2022, se la obliga a acabar con su oscurantismo y ofrecer explicaciones de cuánto, cómo y con quién invirtió dinero público en un viaje que hizo al margen del Rey y de la delegación española presente en el estreno del nuevo presidente de Brasil.

Díaz se pasó en Brasil la Nochevieja, al margen de la delegación encabezada por el Rey y con colaboradores de su partido que esconde

En concreto, el máximo organismo encargado de velar por la transparencia de las administraciones públicas, en su resolución 890/2023 de 25 de octubre, ha ordenado a la vicepresidenta remitir a El Debate la relación de acompañantes con los que viajó, junto con el detalle de los gastos de alojamiento derivados de la estancia de toda la comitiva en el país carioca.

Además, debe incluir los gastos de desplazamientos, con indicación de medios de transporte empleados, junto con el importe total del viaje y una copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, de la que disponga el Gobierno de España justificativa de la necesidad de que la vicepresidenta asistiera al viaje, objetivos que se pretendían alcanzar con la visita y criterios para la selección de los acompañantes de la vicepresidenta del Gobierno.

La importancia de este punto radica en conocer quién decidió y por qué razones la conveniencia de realización del viaje, teniendo en cuenta que la representación oficial del Gobierno correspondía al ministro de Asuntos Exteriores, que hizo las veces de ‘ministro de jornada’ acompañando al Rey Felipe VI.

Y es que Díaz viajó por su cuenta y por anticipado, con unos costes añadidos a los de la delegación oficial que, además, se negó a cuantificar alegando que, pese a que habían pasado tres meses desde el viaje, «el expediente de gasto asociado al viaje oficial a Brasil de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España se encuentra en fase de elaboración».

Sin embargo, el CTBG ha desestimado este argumento, demostrando la poca disposición de Díaz a hacer desvelar cómo gestiona el dinero público del que dispone. De hecho, ha asegurado que es una excusa inadmisible puesto que «la información ya existe y únicamente ha de ser recopilada –y, en su caso, ordenada para conceder el acceso—, habiendo transcurrido, además, un plazo razonable desde la finalización del viaje para poder elaborar el expediente de gasto».

Transparencia considera «excusas inadmisibles» las ofrecidas por Díaz para seguir escondiendo el posible despilfarro en viajes para «ensanchar la democracia»

Además, el director de gabinete de la ministra, Josep Vendrell, que firmó los documentos ahora analizados por el CTBG, ignoró otras de las solicitudes realizadas por El Debate, ya que no informó acerca de la relación de acompañantes de Yolanda Díaz, ni tampoco ninguna documentación que justificase su presencia con desplazamiento y «comitiva» propios, una vez que la Casa Real ya había confirmado la asistencia de Felipe VI.

Esta omisión, según el CTBG, «conduce inexorablemente a estimar la reclamación en este punto, instando al Ministerio a facilitar la información demandada en caso de existir o comunicar expresamente su inexistencia».

De hecho, recuerda que, en lo relativo a sus acompañantes, «existe una consolidada doctrina de este Consejo en la que se señala que conocer la identidad de las personas que acompañan a altos cargos en viajes oficiales sufragados con fondos públicos guarda una estrecha relación con la finalidad de la Ley de Transparencia por cuanto permite conocer “bajo qué criterios actúan nuestras instituciones» y «cómo se manejan los fondos públicos».

Esta nueva resolución del CTBG, que da de plazo diez días hábiles a Yolanda Díaz para llevar a cabo su cumplimiento, demuestra el carácter reincidente de la vicepresidenta en sus omisiones e infracciones de la Ley de Transparencia.

Los viajes ocultados desde 2020

Hace tan solo unos días, tal y como publicó El Debate, el mismo organismo envió un segundo requerimiento al Ministerio de Trabajo para que hiciera lo propio con otra resolución relativa todos los desplazamientos que había realizado entre 2020 y 2022.

En ese caso se negó a desvelarlos en el mes de febrero apelando a un supuesto carácter «abusivo» de la solicitud, que no fue considerado como tal por el CTBG, que consideró que «ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal».

Junto a ello, el Ministerio también argumentó que la solicitud de estas cuantías «no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley», una afirmación que, según el CTBG «ayuna de toda motivación, resulta abiertamente incompatible con el criterio de nuestras Cortes Generales consagrado en el preámbulo de la LTAIBG».

De esta forma, Díaz sigue acumulando avisos por sus reiterados incumplimientos de la Ley de Transparencia, algo que choca con lo que Sumar plasma negro sobre blanco en su acuerdo de gobierno con el PSOE. En el documento, que serviría de guía para un futuro Ejecutivo, ambos partidos se comprometen a «profundizar en la evaluación de las políticas públicas, en la rendición de cuentas y en los mecanismos de transparencia», sin embargo, ella no se lo aplica.

Tampoco, a lo que se ve, las restricciones en el uso de aviones que trata de imponer al resto y que, en su caso, son lógicos por sus tareas típicas de un «Jefe de Estado», según la sorprendente justificación de su portavoz, Gerardo Pisarello.