Yolanda Díaz, en rebeldía, recibe el segundo aviso por no desvelar sus gastos de viajes

Yolanda Díaz sigue incumpliendo la ley. Pese a tener el mandato legal, negro sobre blanco, de informar de las dietas que ha percibido y de los gastos derivados de los numerosos viajes que ha realizado a lo largo de los últimos dos años, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha cursado un segundo requerimiento formal al Ministerio de Trabajo para que cumpla con sus obligaciones, una vez que ha desoído todas sus peticiones anteriores.

Tal y como, ya informó este periódico Yolanda Díaz estaba obligada a desvelar los gastos de todos los viajes que ha realizado entre 2020 y 2022, pero una vez vencido el plazo establecido para ello, no lo hizo, por lo que el CTBG envió un requerimiento al Ministerio de Trabajo para que lo haga.

Ahora, pese a que sigue corriendo el tiempo, la vicepresidenta sigue ignorando al organismo independiente que se encarga de velar por la transparencia de las administraciones públicas, por lo que se ha enviado otro nuevo requerimiento en el que «reitera por segunda vez a la Unidad de Información del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado en la parte dispositiva de la Resolución R CTBG 712/2023 de 06 de septiembre de 2023 de esta Autoridad Administrativa Independiente».

Así, mientras Díaz firmaba acuerdos con Sánchez para un futuro Gobierno en los que plantea reducir la jornada laboral y la reducción de los vuelos domésticos en las rutas donde existan alternativas ferroviarias e incluso «profundizar en la evaluación de las políticas públicas, en la rendición de cuentas y en los mecanismos de transparencia», sigue sin informar de las dietas que percibe y de los gastos de combustible, aviones, taxis y trenes, estancias en hoteles y comidas en restaurantes, que ha ido cargando a las cuentas de Estado.

De hecho, ya se negó a desvelarlos en el mes de febrero apelando a un supuesto carácter «abusivo» de la solicitud, que no fue considerado como tal por el CTBG ya que «debe justificar (…) el carácter abusivo de la reclamación por incurrir en un abuso de derecho conforme al artículo 7 del Código Civil», es decir, que la solicitud constituya un acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero.

Así, el CTBG consideró que en este caso «ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal», por lo que desestimó este argumento.

Además, el Ministerio también consideró que la solicitud de estas cuantías «no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley». Esta afirmación, según el CTBG «ayuna de toda motivación, resulta abiertamente incompatible con el criterio de nuestras Cortes Generales consagrado en el preámbulo de la LTAIBG».

Por ello, el organismo sentenció que «conocer el importe de las dietas y gastos abonados a los altos cargos y miembros del Gobierno contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, por lo que entronca directamente con la finalidad de transparencia de la acción de los responsables públicos».

De esta manera, resolvió que el Ministerio de Trabajo debía informar de las «dietas abonadas a la ministra desde el año 2020 hasta el año 2022», además de los gastos derivados de sus viajes, tales como hotel, viajes y restaurantes, proporcionando los detalles de fecha y motivo. Algo que pese a que ha pasado más de un mes y tiene en la mesa dos requerimientos oficiales sigue sin cumplir.