La Comisión Europea no parará la amnistía de Sánchez sin un texto jurídico que se considere anticonstitucional

La Comisión Europea con Ursula von der Leyen a la cabeza evita por enésima vez pronunciarse respecto a la posibilidad de una amnistía a los golpistas catalanes, incluso después de que el presidente Pedro Sánchez se haya mostrado a favor en un acto de su partido el pasado fin de semana.

Desde que Carles Puigdemont lanzara el órdago de sus condiciones para apoyar al líder socialista en una supuesta investidura, la respuesta desde el edificio Berlaymont de Bruselas ha sido la misma: «es un asunto nacional y no comentamos sobre estos temas».

La comparación con otros casos es obligada. La Comisión sí actuó contra Rumanía, Polonia y Hungría contra reformas que hubieran dado impunidad a los políticos, según su parecer.

En el caso de Rumanía se actuó para evitar que se amnistiara a políticos que habían sido condenados por corrupción. El presidente de la Comisión en su momento, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, consideró la opción como «un paso atrás en el Estado de Derecho».

Contra Varsovia y Budapest se actuó por considerar que había leyes contrarias al propio Estado de Derecho europeo, aunque siempre se ha entendido que la supervisión tuvo que ver más con motivos ideológicos que políticos.

Sánchez tiene las espaldas cubiertas

Ahora que Pedro Sánchez ha anunciado su apoyo a una posible amnistía como condición sine qua non para ser investido, la Comisión Europea parece no ver la misma violación del Estado de Derecho que en anteriores ocasiones.

«En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada», afirmó Sánchez en su intervención en abierto en el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre Congresos, del que forman parte entre otros los miembros de la Ejecutiva Federal y los líderes territoriales.

Puigdemont y sus acólitos no fueron condenados por corrupción, sino por saltarse el orden constitucional vigente, llevar a cabo un golpe de Estado suave y romper el principio de igualdad de todos los españoles.

Esto no se considera suficiente para intervenir, no al menos mientras no haya un texto jurídico y una sentencia que lo considere anticonstitucional.

Y es que este es el quid de la cuestión. Según fuentes consultadas por este medio, la Comisión Europea no tomará medidas al respecto mientras no exista un documento en firme.

Aun suponiendo que esa ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, la CE se escuda en que no interviene en asuntos que afecten al ordenamiento constitucional de un país.

La realidad es que el Tribunal lo controla el PSOE a través de Cándido Conde-Pumpido, por lo que Sánchez tendría las espaldas cubiertas de antemano.

Por otro lado, el comisario de Justicia Didier Reynders dejó claro hace unos días que solo actuaría en caso de que en la ley se incluyera una modificación incuestionable del delito de malversación.

Un delito que ya ha sido modificado por otra vía de manera previa. Por lo tanto, la vía Reynders es una vía muerta desde el principio.

Incluso en ese caso, cualquier recurso de la Comisión tardaría demasiado tiempo en resolverse en el Tribunal de Justicia Europeo.

Es decir, que para entonces Pedro Sánchez no sería ya presidente de la UE -algo realmente grave si se le condena durante este cargo-, pero ya habría sido nombrado presidente de España por lo que sería imposible una decisión de dicho Tribunal que sirviera para revocar un nombramiento semejante.

Lo que se extrae de todo esto es que la Comisión Europea por el momento no quiere oír ni hablar de intervenir al Gobierno por el tema de la amnistía (una patata caliente que prefiere evitar); que de hacerlo es bajo unos supuestos que no se van a dar y que Pedro Sánchez conoce esto de sobra y sabe que no hay manera de que su supuesta ley de amnistía le pase factura desde Europa.