Batalla diplomática en Bruselas: eurodiputados cargan contra la amnistía de Sánchez a los golpistas

Eurodiputados de distinto signo político llevan meses trabajando en varias instituciones europeas para hacer frente al rodillo político al que está sometiendo a España Pedro Sánchez con motivo de la amnistía a los golpistas catalanes.

Esta ley que pretende aprobar el Gobierno en funciones podría tildarse de ‘crónica de una muerte anunciada’ desde el mismo momento en que Carles Puigdemont la exigió como condición «para comenzar las negociaciones» en el Thon Hotel EU de Bruselas, muy cerca de la Comisión y del Consejo Europeo.

Aquel día fue una victoria moral para un separatismo en horas bajas desde 2017. A sabiendas de que eran indispensables para que Sánchez repitiera en la Moncloa, todo lo que pidieran sería visto con buenos ojos con tal de mantener al presidente al frente del Ejecutivo.

Desde entonces mucho se ha especulado. Algunos –los menos– creían que no se llegaría al punto de amnistiar a todos aquellos que habían subvertido el orden Constitucional y puesto entre la espada y la pared a un Estado que no podía –o no sabía– defenderse en manos de Mariano Rajoy.

El resto, de alguna manera, entendió que al abrirse esa caja de Pandora era tan solo cuestión de tiempo que la situación fuera a peor, como así ha sido.

Los partidos europeos españoles de Ciudadanos, Partido Popular o Vox han realizado varias acciones informativas y de denuncia de la situación actual en España. En el Parlamento Europeo, quizás el grupo que más se ha mojado por el momento a título individual es ECR, los Conservadores y Reformistas Europeos al que pertenece el grupo comandado por Jorge Buxadé.

A pesar de lo que se cree desde España, las herramientas directas de las que dispone un eurodiputado son escasas. El procedimiento de sanción está estipulado en el reglamento de la Unión Europea y, aunque para muchos españoles ya se haya cruzado la línea roja, aún queda mucho para que la Comisión actúe de oficio.

¿Debemos depositar nuestras esperanzas en Bruselas? Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, considera positivo que la Comisión haya sido «muy tajante en los últimos años con los ataques al Estado de Derecho en otros Estados miembros» aunque advierte que «si no quiere que se le acuse de medir estándares democráticos con un doble rasero, se tomará muy en serio que el gobierno un país de la importancia de España intercambie una ley impunidad de delitos muy graves a cambio de un puñado de votos para seguir en el poder».

En esta línea también se expresa Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, quien considera a la Comisión como «una maquinaria ideológica que ha usado Ursula von der Leyen para apoyar a Pedro Sánchez durante toda la legislatura». Al actual presidente español le reprende que «en ningún momento haya defendido los intereses de los españoles –ganadería, sector automovilístico–», siendo utilizados «como moneda de cambio para garantizar su puesto en Bruselas».

Es un «asunto nacional»

Hasta el momento, tal y como se dio a conocer la semana pasada, la Comisión Europea no quiere pronunciarse al respecto al considerar la amnistía como un «asunto nacional». Hay dos vías posibles: la primera, que el texto presentado se considere inconstitucional; la segunda, que haya una modificación flagrante del delito de malversación.

Así lo expresa Jordi Cañas desde el equipo de Ciudadanos: «La Comisión se ha mostrado cauta porque no conoce una propuesta escrita de amnistía, pero ha dejado claro que seguirá de cerca una posible ley y sus repercusiones. Necesitamos que la Comisión sea firme».

Sobre las dos vías posibles, Maite Pagazaurtundúa se muestra escéptica al ver cómo el PSOE ha ido ocupando puestos clave del Estado, siendo una de estas «el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, nombrado con el objetivo de enmascarar cualquier operación de dudosa constitucionalidad». También señala a la Fiscalía General, a la Abogacía General del Estado y a la ministra de Justicia Pilar Llop.

La imagen internacional de España está gravemente dañada. Carlo Fidanza, jefe de la delegación de Fratelli d’Italia en el Parlamento Europeo, considera la actual situación de «escándalo» al ser «una traición a los principios constitucionales españoles, un atentado a la unidad e integridad de la nación, una concesión escandalosa a los conspiradores catalanes puesta en marcha con el único objetivo de mantener en el poder a Sánchez y a su gobierno de extrema izquierda».

En Europa se llevan a cabo varias campañas de comunicación. En parte esto es lo que están haciendo los eurodiputados españoles: dar a conocer los atropellos constantes que se comenten desde España a la legalidad nacional y europea pero que, de una u otra manera, se ocultan o se prefiere mirar para otro lado.

La corrupción es un camino que destacar, ya que «mientras la Comisión Europea lucha contra la corrupción y está revisando la actual directiva para endurecerla, Sánchez va en dirección contraria», asegura Cañas.

Vázquez admite que «hay inquietud, y mucha, al más alto nivel por el precedente que esta ley puede suponer para otros países: legitimar la comisión de delitos graves haciendo leyes a medida del delincuente sólo porque conviene políticamente al gobierno de turno es un camino muy peligroso y para el que, una vez emprendido, no hay billete de vuelta».

Por otro lado, el comisario de Justicia Reynders conoce la deriva socialista desde hace tiempo. Como señala Pagazaurtundúa, «[el comisario] aconsejó en 2022 que el mandato del fiscal general no coincidiese con el del Gobierno», algo a lo que no se ha prestado atención. «En el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho publicado en 2022 se recomendaba llevar a cabo las modificaciones jurídicas para asegurar la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía», señala.

¿Y ahora, qué?

Aunque parezca que ninguna vía tiene salida, el camino a seguir está marcado por el reglamento europeo. «La Comisión Europea podría frenar esto simplemente desde el conocimiento», explica Buxadé, aunque reconoce que «para que la Comisión inicie un proceso según el artículo 7 del Tratado de la UE, como el de Hungría y Polonia, sí que debe haber un acuerdo formal del Parlamento Europeo que lo inicie» o bien desde la propia Comisión.

Vázquez considera su aplicación «jurídicamente compleja». El proceso sancionador debe ser unánime, algo imposible de conseguir en el Parlamento Europeo. «Por eso han aplicado el reglamento de asuntos europeos para multar a otros países», amplia Buxadé.

Si esta vía es susceptible de ser usada contra el Gobierno español es algo que por el momento se desconoce.