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Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la Consejería de Economía de la Generalita.

Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-OEFE

La Ley de Amnistía abarcará los delitos diez años y liberará hasta a los encausados de los CDR

Fuentes cercanas a la negociación han confirmado que el registro de esta proposición de ley es inminente y se formalizará previsiblemente este mismo jueves o viernes

La ley de amnistía podría registrarse de forma inminente en el Congreso. Los socialistas ultiman con sus socios separatistas los detalles de esta medida de gracia que pretenden conceder a los participantes del procés en vistas de que tener todo cerrado antes de la investidura de Pedro Sánchez, que pretenden que sea los días 7 y 8 de noviembre.

Según han explicado fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación, la futura ley abarcará los delitos diez años, desde la preparación en 2013 de la la consulta soberanista de 2014 hasta la actualidad, e incluirá a los encausados por los desórdenes del Tsunami Democràtic y los CDR entre los beneficiados de la medida.

Estas fuentes han confirmado además que el registro de la proposición de ley en la Cámara Baja será inminente, pues se formalizará este mismo jueves o mañana viernes a más tardar. Ya está acordado el grueso del texto, y ahora se trataría de pulir los últimos aspectos técnicos de la norma. «Está al 98 o el 99 % lista», han indicado, y detallan que lo que se aborda ahora es cómo definir en el texto otros colectivos del entorno del independentismo que gozarían de esa amnistía, dado que jurídicamente tiene que estar bien especificado.

La futura norma librará de juicio oral a los 12 miembros de los CDR procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlamento de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

Fue este martes por la noche, el mismo día en que la Princesa Leonor juró la Constitución, cuando el PSOE y ERC anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para la amnistía. El texto no daba muchos detalles. Lo que señalaron desde Ferraz en el comunicado fue que ambos partidos "consideran colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos sobre esta norma». Dos días antes, el sábado, Sánchez defendió por primera vez abiertamente la amnistía, ante el Comité Federal del PSOE, y pidió a su partido que respaldara la norma.

El secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, se reunió el pasado lunes en Bruselas con el expresidente catalán prófugo de la Justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, en un encuentro con el que se constató que las negociaciones avanzan «en la buena dirección» con Junts, como así lo han reafirmado este martes fuentes de la dirección del PSOE, que subrayan que sus planes pasan por que la investidura pueda celebrarse la próxima semana y que, además, se haga en una primera vuelta, sin necesidad de una segunda votación 48 horas después.

Los jueces reaccionan contra la amnistía

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha lanzado un comunicado en el que denuncia la «constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes». «Escuchamos demasiadas voces de nuestros representantes políticos que cuestionan el sometimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley. Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho», dice la asociación judicial en el texto.

La APM subraya que una ley de amnistía «pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo» y «deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces», lo que implica lanzar un «mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos».

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