ERC exprime a Sánchez y logra que el Estado condone 15.000 millones de deuda a Cataluña

«Seguimos avanzando rumbo a la investidura de Pedro Sánchez», se felicitó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, después de rubricar junto a Oriol Junqueras el acuerdo entre el PSOE y ERC. Un partido al que agradeció su «compromiso con la gobernabilidad y la estabilidad de España».

Esquerra no ha podido sacar mayor rentabilidad a sus siete votos, decisivos para la investidura del candidato socialista y para el resto de la legislatura. Además de la ley de amnistía, que incluirá a Tsunami Democràtic y a los CDR, los de Junqueras consiguen que el Estado asuma 15.000 de los 71.852 millones de euros que Cataluña debe al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el 20 %. Es, de hecho, la comunidad que más debe.

En una rueda de prensa, Junqueras señaló que es de justicia: «La sociedad catalana paga mucho más en impuestos de lo que luego recibe», afirmó. Según el líder de ERC, cada catalán paga anualmente 3.000 euros en impuestos al Estado que «no le son retornados». A mayores, esta condonación le supondrá a Cataluña un ahorro en torno a 1.300 millones de euros en intereses.

Las comunidades del PP habían advertido de que llevarán los pactos de Sánchez al Tribunal Constitucional si hay agravio fiscal. Consciente de ello, el ministro de la Presidencia aclaró que el mecanismo de quita de deuda del FLA será «extensible» al resto de las comunidades del régimen general, lo que excluye al País Vasco y Navarra. La Comunidad de Madrid tampoco pertenece al FLA.

En cuanto a deuda, por detrás de Cataluña se sitúan la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758 millones de euros), según Efe.

A mayores, el Gobierno se compromete a invertir más en Cataluña: «La Administración General del Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos del PIB nominal. Este sistema deberá tener en cuenta y cubrir los costes de gestión que comporta para la Generalitat», según el documento pactado.

El traspaso de Rodalies también queda sellado en este acuerdo. Y, en el ámbito político, el impulso a la mesa de diálogo que el PSOE y ERC acordaron al comienzo de la anterior legislatura. Su fin último es una futura consulta, como deslizan las partes en el documento. Que pone de manifiesto «la necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía, lo que permitirá cerrar una cuestión pendiente, contribuir a cumplir una demanda amplia, sólida y transversal mantenida a lo largo del tiempo y favorecer un consenso sobre el futuro de Cataluña».

En el texto, las partes insisten más adelante: «También debe abordarse el debate sobre la forma en que los acuerdos a los que se puede llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán». En otras palabras: que los catalanes voten.

«Estamos muy satisfechos (…). Abrimos definitivamente una nueva etapa política en Cataluña. Hace cinco años se tomó la decisión de que lo peor del pasado no podía condicionar el futuro y en eso estamos trabajando», se felicitó Bolaños.

Sin embargo, éste no quiso hablar de las últimas negociaciones con Junts en torno a la figura del mediador que demanda Carles Puigdemont. Según él, es «una negociación en curso» y hasta que no se cierre no toca hablar. La cúpula de Junts se reunió este jueves, pero el pacto con el PSOE no está cerrado: «Se deberá esperar, como mínimo, a mañana».