Sánchez se asegura el silencio del Consejo de Estado sobre la amnistía aunque no pueda callar al CGPJ

El Consejo de Estado no se pronunciará motu proprio sobre la ley de amnistía, a diferencia del Consejo General del Poder Judicial. Así lo confirman fuentes del máximo órgano consultivo del Gobierno a El Debate. En otras palabras: el Consejo de Estado no opinará sobre lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni le ha pedido ni piensa pedirle opinión. «Si nos preguntan ahí estamos. Si no, no. Lo hacemos así con todos los temas. Es como funcionamos», explican las mismas fuentes.

El PSOE ha elegido para la amnistía la fórmula de la proposición de ley de los grupos parlamentarios, en lugar del proyecto de ley del Consejo de Ministros, entre otras cosas para sortear los informes de los órganos consultivos y así no dar pie a posibles críticas. «Siempre que una iniciativa va por la vía parlamentaria y no por el Gobierno no nos preguntan», añaden desde el Consejo de Estado. Aunque a los socialistas se les está resistiendo: querían registrarla en el Congreso este jueves o el viernes a más tardar, pero de momento no tienen el visto bueno de Junts.

También han optado por la proposición de ley para acortar sustancialmente sus plazos de aprobación, aun tratándose de una ley orgánica. Es decir, que afecta a derechos y libertades fundamentales y, por tanto, requiere una mayoría absoluta y no simple para su aprobación en las Cortes.

Ante esta situación, ocho vocales conservadores del CGPJ han forzado la celebración de un pleno extraordinario, el próximo lunes por la tarde, para que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre un asunto de tal trascendencia. Echando así por tierra la estrategia de los socialistas para mantener callado al CGPJ. Quieren promover «una declaración institucional en relación con la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión del procés en Cataluña», según el escrito que dieron a conocer el miércoles.

En el mismo, los vocales del bloque conservador denunciaban, precisamente, que la futura ley de amnistía vaya a tramitarse como proposición de ley. «Con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención».

Casos distintos

Por el contrario, en el Consejo de Estado se ha hecho el silencio. Si no hay consulta del Gobierno, tampoco hay ni habrá dictamen. El caso del máximo órgano consultivo del Gobierno es distinto al del CGPJ. Empezando por que al frente del mismo está una exministra de Pedro Sánchez: Magdalena Valerio, quien fuera titular de Trabajo en el primer Gabinete del líder socialista. Antes que ella lo fue María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera con José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, desde el Consejo de Estado remachan que en él están representadas «varias sensibilidades políticas».

Su función principal es dictaminar sobre las consultas que formulan los ministerios, «velando por la observancia de la Constitución y del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública», según el propio órgano consultivo. Pero tiene que haber consulta para que el Consejo de Estado se ponga a trabajar. Sus dictámenes no son vinculantes: salvo contadísimas excepciones no obligan a nada. Aun así, casi el 99% de sus dictámenes emitidos son secundados por los órganos consultantes, según cifras del órgano que preside Valerio.

El año pasado, el Gobierno elevó al Consejo de Estado 2.000 consultas. La amnistía no le parece motivo de ella

En 2022, los ministerios elevaron al Consejo de Estado en torno a 2.000 consultas de todo tipo y de diversa trascendencia, todo un récord: sobre anteproyectos de ley, reales decretos ley, reales decretos, decretos y órdenes ministeriales, entre otras. No deja de ser una forma de curarse en salud frente a posibles recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas, por ejemplo. Y, sin embargo, la amnistía al procés no le parece a Sánchez motivo de consulta.

En función del ministerio que solicite el dictamen, van a una sección u otra del Consejo de Estado. En el caso de que la amnistía hubiese sido un proyecto de ley del Ministerio de Justicia, el texto habría recaído en la Sección Segunda, que está presidida por el consejero Miguel Rodríguez-Piñero, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional en la última etapa de Felipe González. En el caso de que la iniciativa hubiera partido del Ministerio de la Presidencia la amnistía habría ido a dar a la Sección Primera, presidida por el consejero Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución. Y quien, el martes, no faltó al juramento de la Princesa Leonor, que definió como un día muy importante «para España entera».

Ni siquiera el tiempo es excusa para no consultar al Consejo de Estado sobre una ley que, al margen de la polémica política, plantea muchas dudas entre los juristas. Porque el Gobierno, o el presidente, pueden solicitar un dictamen en un tiempo inferior a 15 días hábiles, que es el plazo de los asuntos declarados de urgencia. Se han dado casos de dictámenes elaborados en dos días. Pero para que haya respuesta del Consejo de Estado tiene que haber pregunta del Ejecutivo. Y no la habrá.