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Un juzgado de Madrid admite a trámite una demanda que pide parar la tramitación de la futura ley de amnistía
El próximo 13 de noviembre han sido citados como demandados la Presidencia y la Mesa del Congreso de los Diputados, así como los grupos parlamentarios socialista, Junts, ERC y Sumar
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda de una ciudadana española que pide paralizar cautelarmente la tramitación parlamentaria de una ley de amnistía para los investigados, acusados y condenados por su participación en el «procés» de Cataluña, al considerar que conculca derechos fundamentales.
Según la resolución del juzgado de primera instancia número 104 de Madrid, la vista ha sido señalada para el próximo 13 de noviembre y han sido citados como demandados la Presidencia y la Mesa del Congreso de los Diputados, así como los grupos parlamentarios socialista, Junts, ERC y Sumar, informa Efe.
La demandante solicita al juzgado que remita orden judicial a la Presidencia del Congreso a fin de que se abstenga de celebrar pleno para la aprobación de una ley de amnistía o que represente una posible amnistía de los investigados, acusados y condenados por su participación en el «procés» de Cataluña, hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento que se inste tras la adopción de esta medida.
Desobediencia
Pide, además, remitir la misma orden al resto de demandados y requerirles que en caso de desobedecer esta orden podrían incurrir en un delito contra la administración de justicia.
«La posible vulneración del derecho a la igualdad de trato hacia mi persona se basa en las negociaciones que se están celebrando entre las partes demandadas para aprobar una ley de amnistía, la cual rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia», señala la demanda.
Según el bufete Pérez-Roldan, que ha informado de la resolución judicial, esta es la primera en ser admitida de las más de 3.000 demandas en defensa de los derechos fundamentales que la futura ley de amnistía conculca, presentadas por ciudadanos particulares siguiendo un modelo difundido por un grupo de abogados, dirigidos por el sevillano José Luis Sariego Morillo.