Los fiscales molestos con la intención de utilizarles para salvar la amnistía: «No podemos hacer algo ilegal»

Los fiscales de base no ocultan su malestar con las últimas maniobras que han trascendido en algunos ámbitos de la institución para favorecer, en todo lo posible, el escenario judicial abierto entorno a las causas judiciales del procés y de sus principales responsables políticos. Molestos con la deriva de la Fiscalía General del Estado –pese a que su titular Álvaro García Ortiz cesó con el Gobierno que lo nombró, antes de las pasadas elecciones generales del 23-J– y más recientemente con las maniobras del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, a cuenta de la causa de Tsunami Democrátic, los miembros de la Carrera se plantan ante cualquier petición de 'afinar' el Derecho para favorecer la amnistía.

«No podemos atender algo que es ilegal», apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate en el seno de la institución al hilo del nuevo escenario que podría abrirse, en las próximas horas, cuando el Gobierno comunique formalmente la existencia de un acuerdo de investidura con Junts y acelere la tramitación de la ley de borrado penal que está en cocina. Y ello, por mucho que «estemos ante la Fiscalía más jerarquizada» que la mayoría de ellos, los más veteranos sin duda, han conocido en los últimos cuarenta años.

Cabe recordar que desde que entrase en escena la amnistía como una posibilidad factible para que Sánchez pueda armar un nuevo Gobierno de coalición, no han sido escasos los 'gestos' de la Fiscalía con el expresidente de la Generalitat, líder de Junts y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.

Tal y como adelantó El Debate en exclusiva, mientras el pasado mes de julio, tres días después de las elecciones generales del 23-J, el fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, rectificaba un informe previo del fiscal Víctor González- Herrero para descartar el delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic que se sigue contra la plataforma separatista que colapsó, entre otras infraestructuras estratégicas para España, el aeropuerto del Prat en Barcelona.

En pleno agosto Pedro Sánchez movilizaba a la Fiscalía del Constitucional para anunciar que recurriría el rechazo de la mayoría de la Sala de Vacaciones del órgano de garantías al amparo instado por Carles Puigdemont contra la orden de detención y entrega nacional, todavía vigente, dictada contra él por el magistrado instructor del procés en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena.

La Fiscalía española es, por encima de todo, la garante de la legalidad en nuestro país. Un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, al que el artículo 124 de la Constitución Española le encarga la misión promover la acción de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los Tribunales. Unas funciones que lleva a cabo a través de órganos propios y conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Sin embargo, en los últimos cuatro años ha sufrido una serie de interferencias de índole política que la han llevado a ser una de las instituciones más duramente desgastadas en el marco de nuestro Estado de Derecho, en manos de perfiles de marcado sesgo político y que, en algunos casos, como el de la ex fiscal general Dolores Delgado, se producían sin solución de continuidad desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.