Sánchez acepta la amnistía de Borràs y moviliza a la Fiscalía para rebajar el blanqueo al abogado de Puigdemont

Pedro Sánchez da por hecha su investidura tras el acuerdo confirmado esta mañana entre PSOE y Junts que estos días se centró en pulir los últimos flecos de un pacto que garantiza el 'sí' de los siete diputados de la formación de Carles Puigdemont. Los socialistas han aceptado, sin demasiada dificultad, las últimas condiciones impuestas por el expresidente de la Generalitat para incluir en la amnistía a dos de sus colaboradores más directos, Laura Borràs y Gonzalo Boye, aunque ninguno de sus delitos mantengan vinculación con el referéndum inconstitucional del 1-O.

Según ha podido saber El Debate, Sánchez habría dado luz verde al borrado penal tanto de la prevaricación como de la falsedad documental que apartaron a Borràs de la Presidencia del Parlamento de Cataluña, tras ser condenada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos y beneficiar a un amigo personal.

Así las cosas, y cerrado ya el acuerdo definitivo, una de las exigencias de los independentistas pivota entorno al abogado de Puigdemont. Boye es la línea roja de la amnistía pero nada impide, «ni resultaría difícil de alcanzar en la práctica», que la Fiscalía General del Estado trabaje en una fórmula para rebajar las consecuencias del procesamiento del abogado de Puigdemont en la causa por blanqueo de capitales derivados del narcotráfico que sigue contra él la Audiencia Nacional.

En 2022, el Ministerio Público atribuyó al abogado los delitos de blanqueo y falsificación de documentos y solicitó para él un total de diez años, por intentar recuperar del madrileño aeropuerto de Barajas una maleta con dinero en efectivo que, presuntamente, pertenecían a una trama criminal dirigida por el narcotraficante Sito Miñanco.

La clave, por lo tanto, en este caso concreto pasaría por «arreglar» las cosas de cara al juicio abierto por la AN y que la Fiscalía Antidroga rebaje esa petición inicial, por ejemplo, incluyendo una o varias atenuantes para suavizarla o apuntando a que se trató de «un delito imprudente» lo que conllevaría una mejora sustancial del horizonte penal de Gonzalo Boye, según apuntan a este periódico fuentes conocedoras.

El precedente de Tsunami Democràtic

Este mismo martes, El Debate, publicaba el contenido de los dos informes del Ministerio Público en los que, como ya había adelantado una semana antes, quedó acreditado cómo el pasado mes de julio calificaba como terrorismo las protestas de Tsunami Democràtic en 2019 para, tres días, después rectificarlo y dejar todo en desórdenes públicos agravados tras la reforma por la que el Gobierno eliminó la sedición.

En contra del criterio preliminar del juez instructor de la causa y de las conclusiones recogidas en el informe final de la Guardia Civil en el que los investigadores apuntalaban la existencia de un delito de terrorismo en la causa contra la plataforma, por los altercados provocados como reacción contra la sentencia condenatoria del Supremo a los cabecillas políticos del procés,

Se trataría de retirar las competencias sobre el caso al actual magistrado instructor, Manuel García-Castellón, para derivarlas a un juzgado ordinario de lo penal de Barcelona. En especial, tras conocerse que el juez decidía imputar al propio Carles Puigdemont y a Marta Rovira (ERC) como dos de los promotores de las graves protestas que provocaron, entre otras, el colapso en el aeropuerto del Prat.

Tal es así que apenas unas horas después de conocerse la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, la propia Fiscalía, en una posición poco usual, decidía avanzar su recurso en apelación a sendas imputaciones y salir al rescate del Gobierno, en funciones, de Pedro Sánchez como 'gesto' hacia los separatistas catalanes durante la recta final de la negociación de la amnistía con Junts.

La amnistía: más de 15 delitos distintos

El encaje constitucional de la futura y eventual ley de amnistía que, si nada lo impide, Pedro Sánchez tiene casi cerrada para su investidura ha provocado, durante semanas, un debate jurídico sin precedentes en nuestro país.

Pero es que, además, y a juicio de algunos expertos el proyecto legislativo plantea problemas técnicos «imposibles» cuando se trata de «incluir más de quince delitos de diferente naturaleza en un mismo perdón» que, además, «tiene una finalidad selectiva», según ha ido trascendiendo hasta la fecha.

El hecho de que Sánchez haya accedido a casi todas las pretensiones del núcleo duro del separatismo catalán –como condición irrenunciable para obtener los apoyos que necesita y seguir cuatro años en la Moncloa– atiende al 'borrado' de los delitos vinculados a los cabecillas políticos del 1-O que fueron condenados, pero también de los que no lo han sido todavía.

Puigdemont ha encarecido los votos afirmativos de sus diputados exigiendo, incluso, que se aplique el «alivio penal» a aquellos que estrictamente no tienen una vinculación en términos netamente políticos con la causa principal del procés.

Salvado el terrorismo del que se acusa a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en la 'Operación Judas' o los miembros de Tsunami Democràtic, el plan de Sánchez para contentar a sus socios de investidura pasará necesariamente por dejar atrás los desórdenes públicos, la malversación, la prevaricación, la falsedad documental, la desobediencia, la revelación de secretos o la usurpación de funciones. Pero, también, otros ilícitos como lesiones, la tenencia y fabricación de explosivos, las amenazas, el atentado contra la autoridad o la corrupción de Laura Borràs.