La letra pequeña de la amnistía de Sánchez: barra libre para los separatistas y derogación a la carta del Código Penal

Al modo en el que se hacían las cosas en la Edad Media y el Antiguo Régimen, en el que los monarcas absolutos negociaban los fueros y sus privilegios con los señores feudales que se iban a beneficiar de ellos, el PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez que incluye una ley de amnistía llena de sombras y a la medida de los implicados en el procés. Además y como avanzó El Debate en primicia, se ha incluido un cajón desastre de causas judiciales en el marco del denominado 'lawfare', una expresión que hace referencia al uso abusivo de la Justicia con fines de persecución política, como si España no fuese un pleno Estado de Derecho. Una puerta abierta a qué casos de corrupción como los de los Pujol, Laura Borras o el blanqueo de capitales en una trama de narcotráfico del abogado Gonzalo Boye queden impunes.

«Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos», señala el pacto. Un marco temporal que sitúa el origen del ‘conflicto’ entre Cataluña y el Estado español en la sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2010, anuló varios artículos del Estatuto de Autonomía que, ahora, han quedado ampliamente rebasados por las cesiones de Sánchez al separatismo a cambio de los siete votos afirmativos de Junts a su reelección como presidente.

Así las cosas, los socialistas han abierto la puerta a que en la próxima legislatura se constituyan comisiones de investigación que se tendrán en cuenta para la aplicación de la ley de amnistía «en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Lo que significa que el Ejecutivo y el Legislativo tendrán la potestad de corregir al Poder Judicial y rectificar sentencias firmes, del Supremo, que son de obligado cumplimiento a nivel europeo.

La exigencia más extrema de Junts, finalmente aceptada por el PSOE, abrirá la puerta a que la amnistía se extienda a personas que han cometidos delitos que no están directamente vinculados con las acciones independentistas del 1-O, como la presidenta de Junts, Laura Borrrás o el colaborador del expresidente catalán , Carles Puigdemont, José Luis Alay.