Vox se querella ante el Supremo contra Pedro Sánchez y pide paralizar en el Senado la ley de amnistía
El partido de Abascal pide como medida cautelar la suspensión inmediata de la sesión de investidura del candidato socialista prevista para este miércoles
Vox ha presentado este martes la querella anunciada contra Pedro Sánchez, y que también incluye a Carles Puigdemont y a «todos y cada uno de quienes hayan intervenido directa o indirectamente» en los hechos que recogen, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por presuntos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. En la querella, el partido de Santiago Abascal pide cautelarmente la «inmediata suspensión» de la sesión de investidura del candidato socialista prevista para este miércoles y jueves.
A su llegada al Supremo, Abascal, acompañado de varios dirigentes y diputados del partido, ha trasladado que confían en el poder judicial y ha recordado el pronunciamiento que desde las asociaciones de jueces y la sala de gobierno del propio Tribunal han hecho sobre la ley de amnistía, la separación de poderes y la independencia judicial. Y es que la voz de los jueces ha sido unánime a la hora de denunciar lo que implica esta ley pactada por el PSOE con ERC y Junts para lograr los votos para investir a Sánchez.
«Si todas esas asociaciones, si el poder judicial, si la sala de gobierno de ese tribunal hablan de un ataque a la división de poderes, confiamos en que utilicen todas las herramientas legales que tienen en su mano para detener ese asalto al poder judicial, para detener el intento de acabar con la igualdad de los españoles ante la ley y la abolición del Estado de derecho», ha expresado ante los medios.
Asimismo, Vox ha pedido al Partido Popular que paralice la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una vez llegue del Congreso la proposición de ley que registraron los socialistas la tarde de ayer. «Hay una mayoría para hacerlo y por tanto es una responsabilidad que es del PP», ha señalado. Abascal ha subrayado también que, como ya adelantó la semana pasada, presentarán querellas, por prevaricación, contra los miembros de la Mesa del Congreso si admiten a trámite la ley de amnistía y, si fuera el caso, harían lo mismo en el Senado.
En el texto, la formación denuncia que un presidente del Gobierno en funciones que a cambio del voto para su investidura acepta realizar «una serie de actos que atentan directa y definitivamente con la máxima gravedad la cláusula del Estado de derecho y los valores de nuestro ordenamiento jurídico» comete un delito de cohecho «de forma flagrante y pública».
Vox alude a la primera querella que presentó en diciembre contra el propio Sánchez, el líder de ERC, Oriol Junqueras, el magistrado Juan Carlos Campo (que firmó los indultos a los condenados del procés), y los miembros de la llamada mesa de diálogo por «actos preparatorios para delinquir». Una querella que fue inadmitida al considerar el Alto Tribunal que lo que en ella señalaban se basaba en «especulaciones o juicios de intención» y no se ofrecía «principio de prueba» que lo avalara.
Ahora, el partido de Abascal cree que «no podrá obviarse la constancia pública y el reconocimiento expreso de los propios intervinientes en los actos delictivos», y subraya que los actos denunciados entonces perseguían llegar al punto actual. Denuncia, en este sentido, que como parte de los pactos de investidura, el PSOE ha registrado la ley de amnistía, que, según critica Vox en el texto, «constituye el ataque más grave al Poder Judicial» en la historia democrática española, y que supone todo ello un «autogolpe al Estado y a las instituciones» y un «cambio de régimen desde las instituciones».
Apuntando tres de las medidas acordadas entre el PSOE y Junts –una ley de amnistía que abarca desde el 2012 hasta hoy, abrir la puerta a la celebración de un referéndum de autodeterminación y crear la figura del relator internacional–, Vox remarca que constituyen «una violación flagrante de los deberes de un presidente del Gobierno», y que las dos primeras «van dirigidas a socavar el poder judicial» al declarar como ilegítimas las actuaciones que desde los poderes del Estado se llevaron a cabo para frenar a quienes cometieron delitos.