El CGPJ se prepara para amparar al juez García Castellón frente a los ataques del Gobierno tras imputar a Puigdemont

La Comisión Permanente del Consejo General de la Audiencia Nacional se reúne hoy para decidir su intervención en la solicitud de amparo solicitada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tras las declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en las que el socialista apuntó a una posible prevaricación del juez, instructor del caso Tsunami Democràtic, en su decisión de imputar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira por terrorismo.

La resolución dictada por el magistrado contra ambos líderes separatistas, tras analizar el contenido del informe final de la Guardia Civil en la causa, caía como un jarro de agua fría en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y obligaba a los interlocutores de ambos partidos a incluir una mención específica al terrorismo, no condenado, para beneficiar a Puigdemont en la ley de amnistía que ya ha sido registrada en el Congreso de los Diputados.

Así las cosas, y según ha podido saber El Debate, la mayoría de miembros de la Comisión Permanente del órgano de los jueces estaría considerando la necesidad de incoar un expediente de amparo como tras la petición del juez. Un trámite que, en esencia, permitirá las alegaciones a los aludidos en la queja –por sus injerencias en la independencia judicial– que, una vez, escuchados podrán justificar la concesión de la protección al magistrado en el caso de que los hechos se consideren susceptibles de inquietarle en el ejercicio de sus funciones.

En tal caso, se hará la declaración de otorgamiento de amparo, del que podrían llegar a desprenderse otras medidas como la remisión del caso a la Fiscalía para que determine si ha podido producirse un delito de calumnias contra jueces y magistrados. Un escenario que cobra fuerza tras los ataques públicos que han recibido algunos miembros de la Carrera judicial por parte de miembros del Gobierno, y otros simpatizantes de la izquierda política, tras la vía del lawfare abierta en el pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para la investidura del socialista.

De acuerdo con las circunstancias concretas del escenario planteado por el juez García Castellón al que el propio Ministerio Público trata de apartar de la causa de Tsunami y trasladarla a un juzgado ordinario de Barcelona, al entender que no puede derivarse la existencia de terrorismo de las pesquisas practicadas, la Comisión Permanente se encuentra ante un «supuesto de libro» para intervenir.

Cabe recordar que quienes han firmado un acuerdo para el revisionismo de las decisiones jurisdiccionales en sede parlamentaria, lawfare, son los mismos miembros del Ejecutivo y del Legislativo que han vertido sus consideraciones contra el juez de la Audiencia Nacional.

La reacción del CGPJ

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobaba, la semana pasada, un duro comunicado que califica el pacto entre socialistas y separatistas como una «inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes».

Por su trascendencia, y reunida en sesión extraordinaria, emitía un comunicado mayoritario para denunciar públicamente que «ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al 'lawfare' –judicialización de la política– contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan «responsabilidades» derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales».

«Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos», adelantaba, ya entonces, la propia Comisión.