Los fiscales del 'procés' se suman al Consejo Fiscal y piden amparo ante la «pasividad» de García Ortiz por el lawfare de PSOE y Junts

Los cuatro fiscales del procés, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, no están dispuestos a cruzarse de brazos ante los ataques recibidos, al igual que el magistrado Manuel García-Castellón, y otros jueces y magistrados, por su papel en la causa contra el referéndum ilegal del 1-O. Y así se lo han hecho saber al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una carta en la que le piden amparo.

La «pasividad» del titular del Ministerio Público ya fue objeto de todo tipo de críticas por la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) en su último Congreso extraordinario en el que, además, instaron su dimisión y cuyos vocales en el Consejo Fiscal han instado un Pleno extraordinario para debatir sobre la nueva ley de amnistía y sus consecuencias. Los cuatro fiscales del Supremo quieren que García Ortiz, «en su condición de fiscal General del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano, se pronuncie públicamente en defensa de la Institución».

No en vano, hasta la fecha, y pese a la avalancha de reacciones del sector jurídico contra la ley de amnistía y la puerta abierta en la misma al revisionismo de la función jurisdiccional, al hilo de las causas del procés, la Fiscalía General del Estado es la única institución que todavía no se ha pronunciado. Y no lo ha hecho porque tras cesar con el Gobierno que lo nombró, hoy en funciones, y pendiente que una vez consumada la investidura Pedro Sánchez aborde la cuestión, García Ortiz «está haciendo todo tipo de méritos para asegurarse su continuidad en el cargo», apuntan a El Debate fuentes del Consejo Fiscal.

No es «posible dilatar la declaración del fiscal general bajo el argumento de que no está aún publicada la Ley de Amnistía cuando lo que se solicita es el pronunciamiento sobre el texto de un acuerdo que ya existe» y es de público conocimiento, afean los cuatro miembros de la carrera a su superior.

Legalidad e imparcialidad de los fiscales

«La intervención de los fiscales en las causas especiales del procés ante el Tribunal Supremo y las de otros fiscales en aquellas causas que se han seguido ante otras instancias judiciales se ha sujetado estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, conforme al principio de unidad de actuación, y con el conocimiento y beneplácito de la Fiscalía General del Estado, por lo que el solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales de una actuación ilegal admitiendo que se podría calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la Institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general del Estado como cúspide de la Carrera Fiscal», reza el texto suscrito por los fiscales del Supremo y remitido a García Ortiz.

«Siendo el Ministerio Fiscal el órgano constitucional que tiene encomendadas específicamente la defensa de la legalidad y la función de velar por la independencia de los tribunales y considerando que la situación en la que nos encontramos es especialmente grave, le instamos a que actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley, y en defensa de quienes como miembros de esta institución ejercen sus funciones con responsabilidad, con imparcialidad y con sujeción a la legalidad en los procesos penales en cuestión», añaden Madrigal, Zaragoza, Moreno y Cadena en su nota.

En el ojo del huracán

Hace apenas cuatro días, a Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), de la que es miembro Consuelo Madrigal, exigía la dimisión del FGE, en su presencia, por su «pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal».

Además, la entidad asociativa, que cuenta con seis vocales electos en el seno del Consejo Fiscal, mostraba su rotundo rechazo a la amnistía y al concepto de «lawfare» (guerra judicial) en el marco del Congreso nacional celebrado el pasado fin de semana en Jerez de la Frontera. Los miembros de la AF votaban las conclusiones que recogen su postura destacando que la aprobación de la amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho y el incumplimiento de los deberes y obligaciones de España ante la Unión Europea. En esa línea, los fiscales de la mayoritaria mantienen su compromiso con el Estado de Derecho y la Constitución y realizan un reconocimiento expreso a todos los servidores públicos que la defiende.

Y, todo ello, en un contexto político que insiste en el lawfare como la excusa perfecta para el señalamiento de los jueces, magistrados y fiscales que resultan incómodos a la izquierda. Era el propio Gabriel Rufián de Esquerra (ERC) quien durante la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso hablaba, sin matices, de «guerra sucia judicial» durante el procés. «Negar la guerra judicial es como negar que sale el sol todos los días. Y esta guerra existe porque la derecha se cree que todo esto es suyo», sostenía el portavoz de los de Oriol Junqueras cargado contra PP y Vox por querer, según ha dicho, «ganar con togas lo que pierden con votos».

La situación es tan preocupante que, tras la solicitud de amparo formalizada por el magistrado instructor de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para protegerle e instar que la Fiscalía, que paradójicamente dirige cesado García Ortiz, actúe contra los miembros del Gobierno que le han acusado de prevaricación, como el secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez, ante lo que sería un presunto delito de calumnias.