El abogado de Puigdemont califica de «dislate» el juicio del Tribunal de Cuentas contra el procés que sigue pese a la amnistía

A Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, no le ha gustado tener que personarse este viernes, como estaba previsto hace meses, en la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal de Cuentas para recuperar los cerca de 5 millones de euros que los líderes del procés malversaron para el referéndum inconstitucional del 1-O y para la internacionalización de su independencia, a través de las embajadas del Diplocat. En plena semana de investidura de Pedro Sánchez, tras el pacto del PSOE y Junts que incluye la amnistía de todos los delitos del separatismo catalán , ya registrada, el órgano contable ha seguido con su agenda. Boye ha calificado el asunto como un «dislate» pero lo cierto es que hasta que la norma sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no es aplicable.

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha rechazado suspender la vista por la futura amnistía como pidió el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras

«La prueba ha quedado en evidencia. La interventora general del Estado no tenía control sobre las cuentas, simplemente pagaban desde Madrid y no desde Cataluña», ha afirmado un Boye desafiante en declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban tras concluir la vista. El letrado, que a su vez está acusado y procesado ante la Audiencia Nacional por un delito de blanqueo de capitales vinculado a una trama de narcotráfico, ha manifestado que no espera «nada» en tanto que es un «proceso bastante extraño y sui generis» en el que, como ya viene siendo habitual en el relato separatista, se está «vulnerando el derecho de los afectados».

Boye ha asegurado, además, que la ausencia presencial de Puigdemont se debía a un «viaje de trabajo» con el Parlamento Europeo porque «el expresidente catalán nunca ha tenido problema en acudir a los llamamientos judiciales», pese a que lleva fugado de los tribunales españoles desde 2018. Su abogado ha añadido, también que no le ha «preguntado cuándo va a venir» a España. Obviando que, sin ley de amnistía en vigor, continúa activa la orden nacional de busca y captura dictada por el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena.

Sin embargo, Boye ha rehusado pronunciarse sobre si considera, como ha recogido el acuerdo sellado entre su cliente y Pedro Sánchez, a cambio de la investidura de este último, que esta causa es un ejemplo de lawfare. «Lo que considero es que nos hemos gastado una cantidad ingente de dinero público en una cosa que no tiene sustento. Un día habría que mirarlo (...). No tiene sentido que se hable de derivación contable que ni el propio reclamado exige», zanjaba el abogado aludiendo al hecho de que la Generalitat separatista renunció a pleitear por esta razón.

«La Generalitat no lo ha reclamado. Estamos aquí porque alguien ha querido que estemos aquí», ha deslizado Boye como coletilla final. Lamentando, también, que no se haya admitido la comparecencia telemática de su representado, Puigdemont, durante una vista que además de a él afecta a un total de 34 políticos y altos cargos más.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas y las acusaciones personadas en el proceso le han recordado al abogado separatista que, en ningún momento, hasta hoy había propuesto dicho opción. Y, en cualquier caso, tuvo tiempo suficiente para solicitarlo en el trámite de audiencia previa que se celebró hace más de un año.

Los otros implicados catalanes

Al hilo de esto, Francesc Homs, representante jurídico de varios de los excargos del Govern encausados se ha mostrado «satisfecho» con la sesión concluida aunque, en la línea de Boye, ha negado la mayor y se ha afanado en poner de manifiesto las «contradicciones de las acusaciones» que no han planteado ninguna pregunta a los acusados durante los interrogatorios. «No sé si es porque tienen la batalla perdida», ha insinuado.

Una de las testigos clave de las acusaciones ha sido la que fuera interventora de la Administración del Estado en Cataluña en el 1-O, María Luisa Lamela

Preguntado sobre si confía en que se suspenderá el procedimiento, como pidieron los encausados de ERC en virtud de la proposición de ley de amnistía, Homs ha asegurado que «los elementos están a la vista de todo el mundo». «A la gente le cuesta entender que se persista en algo que no va a fructificar», ha añadido. Obviando que la Proposición de Ley todavía debe ser tramitada, quedar suspendida y, por lo tanto, producirse una condena previa a la posibilidad de instar la misma.

Las «injerencias» del Gobierno socialista

Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, se ha felicitado de que a pesar de «la injerencia del Ejecutivo para que no se celebrara», la causa haya seguido su curso. Además de afear que la defensa de un Puigdemont ausente en la cita, hubiese tratado de suspender la misma mientras el órgano competente de cuentas le ha recordado que en España «sigue habiendo separación de poderes y que la justicia sigue siendo independiente mal que les pese a algunos».

Chapapría ha explicado que si Puigdemont hubiera querido prestar declaración lo podría haber hecho en territorio nacional «ateniéndose a las consecuencias porque hay orden de detención contra él», activa por orden del instructor de la causa penal del procés ante el Supremo. Para este letrado «los hechos están claros» por lo que «si la Justicia prevalece habrá sentencia que condene a todos los demandados», y lo hará de acuerdo a unos plazos que serían, en todo caso, anteriores a la entrada en vigor de la amnistía.

No en vano, la norma «sigue estando en trámite» por lo que hasta que no entre en vigor «no se puede aplicar a procedimientos en curso», ha remarcado en varias ocasiones. Por eso, a pesar de que la consejera del órgano contable ha señalado que «valorará» como incide la misma en la causa, por el momento, «no hay dudas del criterio del tribunal».

Así las cosas, la presidenta de Sociedad Civil Catalana Elda Mata ha apuntado que el procedimiento continúa a pesar de que «a muchos les gustaría que por el hecho de registrar en el Congreso una ley de amnistía todo quedara en suspenso y que por tanto hubiera impunidad total para las personas que atentaron contra el estado de derecho en 2017».

«Lucharemos para que España siga siendo un Estado de Derecho y una democracia plena, no está nada decidido, vamos a luchar con todos nuestros medios para que prevalezca (...) la igualdad entre todos los españoles», ha concluido.

La Fiscalía de acuerdo en continuar

También la Fiscalía ha mostrado su oposición a que se suspendiese la vista como pedía ERC por una futura ley de amnistía. El representante del Ministerio Público, Manuel Granizo, ha asegurado que, aunque la petición se basa en la economía procesal y «no puede hacer otra cosa que agradecer» la solicitud porque son principios que comparte, se tiene que oponer porque la suspensión «no se puede subordinar a un acontecimiento futuro».

El fiscal ha recordado que la proposición de ley aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso y ha precisado que hasta que el texto no se convierta en ley y entre en vigor no pueden aplicarse los efectos de la misma. «Por lo tanto, no cabe en el momento presente la suspensión», ha apuntado el fiscal.